La activista y exvicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Marina Vargas, advirtió que cualquier intento de reforma judicial está condenado al fracaso si no incorpora mecanismos efectivos de control social y una participación activa de la sociedad civil.
Fuente: ANF
En un contexto de crisis múltiple que atraviesa el país, Vargas sostuvo que la justicia no puede seguir relegada en la agenda pública, pues constituye el pilar que sostiene la vigencia del Estado democrático.
Según la defensora de derechos humanos, no bastan ajustes superficiales ni reformas administrativas si no existen señales claras de una transformación profunda del sistema. En ese sentido, remarcó la urgencia de priorizar la justicia al mismo nivel que la economía, la salud o la educación, ya que sin seguridad jurídica y sin garantías procesales el resto de las políticas públicas pierde legitimidad y eficacia.
Vargas fue enfática al señalar la necesidad de romper con la instrumentalización política que, a su juicio, ha marcado el funcionamiento del sistema judicial durante las últimas dos décadas.
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“Mientras jueces y fiscales sigan respondiendo a intereses particulares o políticos, no se puede hablar de independencia ni de justicia imparcial”, alertó en contacto con ANF. En esa línea, planteó como eje central el restablecimiento pleno del debido proceso y de la presunción de inocencia, especialmente en casos de personas detenidas por razones políticas.
Otra de las propuestas clave es la depuración de los operadores de justicia que continúan reproduciendo “viejas prácticas” contrarias a la transparencia y la equidad. Para Vargas, la permanencia de estos funcionarios bloquea cualquier posibilidad de cambio real y perpetúa la desconfianza ciudadana en las instituciones.
Sin embargo, la activista subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en el Estado. A su criterio, la sociedad civil organizada cumple un rol decisivo para evitar que la reforma judicial se quede en el discurso.
Propuso la creación y fortalecimiento de sistemas de vigilancia que permitan monitorear de forma directa el desempeño de jueces, fiscales y otros administradores de justicia, con un papel protagónico de las organizaciones de derechos humanos como garantes de la vigencia de las libertades fundamentales.
Asimismo, llamó a ejercer una presión constante por la transparencia, fiscalizando los perfiles y actuaciones de quienes “manejan la máquina judicial”, para asegurar que respondan a criterios técnicos y éticos, y no a agendas externas.
“Todos tenemos que poner de nuestra parte”, afirmó Vargas, al remarcar que la transformación del sistema judicial es una tarea colectiva.
Finalmente, sostuvo que, aunque el Estado impulse medidas como la eliminación del Ministerio de Justicia u otras reformas institucionales, será la sociedad civil la que determine si estas decisiones reducen realmente la vulneración de derechos o si se limitan a cambios cosméticos sin impacto estructural.
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