Santa Cruz. El fiscal remarcó que ni él ni ningún otro fiscal de Sustancias Controladas participaron en allanamientos a domicilios particulares, incluido el de la candidata a concejal.
Fuente: eldeber.com.bo
Este miércoles, la Fiscalía de Santa Cruz aclaró que la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, no está siendo investigada en el proceso de tráfico de sustancias controladas vinculado a un caso de secuestro de 79 kilos de marihuana en un galpón de una empresa de seguridad, de la capital cruceña.
El fiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, aclaró públicamente que existen dos investigaciones distintas y descartó que el Ministerio Público especializado en narcotráfico haya participado en el allanamiento al domicilio de la candidata.
“Creo que hay una confusión. Hay dos casos abiertos. El primero se inicia por el delito de tráfico de armas y es investigado por la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen). En ese allanamiento a una empresa de seguridad se encuentra sustancia controlada, y recién ahí se activa nuestra intervención”, explicó.
Porras detalló que, tras recibir la información, se constituyó en el lugar, realizó la prueba de campo y aprehendió a una persona que se encontraba cuidando el predio. “Se constató que se trataba de marihuana. La investigación por tráfico de armas se retiró porque no encontró absolutamente nada, y nos quedamos nosotros con la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) cargo del caso de sustancias controladas”, precisó.
El fiscal remarcó que ni él ni ningún otro fiscal de Sustancias Controladas participaron en allanamientos a domicilios particulares, incluido el de la candidata a concejal. “No hemos realizado ningún allanamiento por tráfico de sustancias controladas en la casa que mencionan”, enfatizó.
Según Porras, en la empresa de seguridad se secuestraron aproximadamente 79 kilogramos de marihuana, además de otros derivados, y una persona permanece aprehendida, a la espera de su audiencia cautelar. “No existe, hasta el momento, ninguna persona pública o conocida vinculada al delito que investigamos”, sostuvo.
Consultado sobre la eventual relación de la candidata Laura Rojas con el caso de narcotráfico, el fiscal fue enfático: “La señora candidata no está vinculada al delito que yo investigo. Mi investigación es exclusivamente por tráfico de sustancias controladas”.
Asimismo, señaló que de manera extraoficial se identificó como posible propietario de la empresa a una persona que trabajaría en el Órgano Judicial, sin descartar futuras citaciones. “Sea quien sea, el Ministerio Público va a proceder conforme a ley”, aseguró
Horas antes, la candidata a concejal, Laura Rojas, denunció que es víctima de acoso político luego de que efectivos policiales y fiscales allanaran el inmueble donde vive con su familia, en el marco de una investigación vinculada inicialmente a los delitos de asociación delictuosa, tráfico de armas y tenencia, porte o portación ilícita. La candidata negó cualquier responsabilidad y sostuvo que se trata de un abuso que busca dañar su imagen en plena campaña electoral.
“Yo me encontraba trabajando y haciendo campaña. Soy una mujer de trabajo, no solamente hago política; soy agropecuaria, agricultora, vengo de una familia digna y no voy a permitir que se ensucie mi nombre ni el de mis hijas”, afirmó Rojas ante los medios. Añadió que su madre sufrió un desvanecimiento durante el procedimiento, el cual calificó como arbitrario.
La candidata cuestionó que se haya difundido información antes de que concluyera el allanamiento y denunció que se la vinculó públicamente con delitos que —según dijo— no guardan relación con la orden judicial. “Aquí la orden dice claramente ‘tráfico de armas’, pero de manera irresponsable se habló de narcotráfico. Eso es acoso político, peor aún contra una mujer”, reclamó, al advertir que iniciará acciones legales por difamación.
Rojas aseguró que no se encontraba en su domicilio al momento del allanamiento y afirmó que no tiene nada que ocultar. “Que investiguen todo lo que quieran, no van a encontrar nada. Aquí no hay droga ni armas. No podemos normalizar el acoso político a las mujeres”, declaró.
Por su parte, su abogado, Ronald Toro, observó presuntas irregularidades en el procedimiento. Indicó que el mandamiento judicial hacía referencia a delitos de asociación delictuosa y tráfico de armas, pero no a sustancias controladas. “Llama la atención que en medios se hable de droga cuando el allanamiento no fue por ese delito”, señaló.
En el marco de este caso, se confirmó que el juez Evert Zeballos, coordinador de jueces de sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, es investigado tras hallarse documentos personales y facturas a su nombre en los galpones allanados.
Las diligencias continúan en distintos puntos de la capital cruceña y, para este jueves, la Policía y el Ministerio de Gobierno anunciaron un informe oficial sobre los operativos vinculados al tráfico de armas y al hallazgo de sustancias controladas, en un caso que ha generado fuerte repercusión política y judicial en Santa Cruz.