Fernando Untoja
El fracaso estatal no comienza con la República, pero se consolida con el Estado Plurinacional. La República, pese a sus límites estructurales, intentó construir un Estado nación, una ciudadanía común y una identidad política compartida. Su horizonte era imperfecto, pero moderno: igualdad jurídica, soberanía y pertenencia nacional.
El Estado Plurinacional rompe deliberadamente con ese proyecto y lo reemplaza por una construcción ideológica reciente. Lo plurinacional no es una herencia ancestral ni una demanda histórica orgánica, sino una formulación política contemporánea diseñada desde el poder para reconfigurar el Estado sobre bases identitarias. En este marco se inventa un sujeto político homogéneo —el “indígena”— dotado de virtudes abstractas y despojado de su diversidad real. Esta operación, propia de una tradición marxista en decadencia, transforma la identidad en instrumento de control y la fragmentación en política pública.
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Más allá de su carga simbólica, lo plurinacional es institucionalmente inviable. Un Estado no puede sostenerse sobre múltiples sujetos jurídicos diferenciados sin erosionar su propia coherencia. La coexistencia de “naciones” con derechos políticos distintos rompe el principio de igualdad ante la ley, debilita la soberanía y fragmenta la autoridad estatal. En lugar de un sistema institucional integrado, emerge un mosaico de autonomías superpuestas, normas contradictorias y lealtades políticas dispersas, incompatible con la gobernabilidad moderna.
La ficción de las 36 “naciones” no describe la realidad social ni cultural; la instrumentaliza. Lejos de corregir exclusiones históricas, el Estado Plurinacional sustituye la relación Estado–ciudadano por una lógica corporativa y étnica que disuelve la ciudadanía como categoría universal.
La tarea histórica pendiente no es profundizar esta ingeniería identitaria, sino promover un cambio de mentalidad y articular un proyecto político que restaure —o refunde— la República sobre bases modernas: ciudadanía plena, Estado de derecho y un orden social fundado en derechos universales, no en identidades fabricadas desde el poder.