Hay pausa hasta febrero. Desde las bancadas oficialistas se habla de compartir el proyecto, aunque las organizaciones ya adelantaron que no permitirán su aprobación
Por Marco Antonio Chuquimia
Fuente: El Deber
Los tres anteproyectos de Ley que sancionan los bloqueos en la Cámara de Diputados y el que está en la Cámara de Senadores fueron postergados en su tratamiento para iniciar la socialización de los mismos. Las comisiones de Justicia de ambos cuerpos legislativos habían empezado el miércoles su tratamiento.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“La Comisión de Justicia Plural declaró un cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero, en el caso del tratamiento del proyecto de ley para la sanción de los bloqueos, con el objetivo de socializar el contenido de esa iniciativa legislativa con los sectores sociales del país”, señala una nota de prensa de la Cámara de Diputados.
Los principales partidos del oficialismo en la Cámara Baja PDC y Unidad, habían definido avanzar en el tratamiento de los proyectos de ley y convocaron a sesionar. No se puso en la agenda el anteproyecto del diputado Israel Mérida, pese a que él presentó su propuesta antes que sus colegas
El “proyecto de ley antibloqueos”, plantea eximir de responsabilidad a los policías y militares si en los bloqueos se producen víctimas. El documento fue presentado por el diputado, Carlos Alarcón (Unidad).
El anteproyecto de ley “contra el bloqueo, desabastecimiento, zozobra y de protección a la protesta social licita y pacífica”, fue presentado por la diputada María Soruco Chacón (Unidad) y plantea la incorporación de nueve tipos penales para sancionar a los movilizados cuando estos bloqueen caminos.
En el Senado, la propuesta fue de la senadora, Claudia Mallón que propone la modificación del artículo 213 del Código Penal y aumenta la pena a quien, “por cualquier medio, bloqueare o interrumpiere el libre tránsito de vehículos, personas o bienes por carreteras principales o caminos secundarios del país, o pusiere en peligro la seguridad, continuidad o regularidad de los transportes públicos por vía terrestre, aérea, cable o fluvial, aun cuando el flujo no hubiere sido totalmente interrumpido, será sancionado con pena de privación de libertad de ocho (8) a diez (10) años”.
El senador José Ormachea, explicó que hasta el momento no se conformó la «comisión integrada» que acordó el pleno del Senado y se esperará a la próxima sesión para que se defina qué comisiones analizarán este tema. Aunque el presidente de este cuerpo legislativo, Diego Ávila, adelantó un proceso de ‘socialización’ de los proyectos.
Las organizaciones empezaron a articular sus propuestas y la COB y los mineros fueron los primeros en declarar estado de emergencia ante la intención del Gobierno. Las organizaciones ya adelantaron que no permitirán la aprobación de estas normas.
Fuente: El Deber
