Guatemala vive desde el principio de la semana bajo estado de sitio, que fue decretado por el presidente Bernardo Arévalo para combatir a las pandillas tras el asesinato de 10 policías y motines en las cárceles. Pero lo que parece una guerra contra el crimen organizado tiene un trasfondo mucho más complejo.
Militares armados patrullan los barrios más peligrosos de Ciudad de Guatemala, como respuesta directa al asesinato de 10 policías a manos de la pandilla Barrio 18. Una masacre que ha llevado al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio.
“Pacto de corruptos”
“Esta situación que se está enfrentando en Guatemala la leemos como una situación no solamente de acciones de las maras, ahora llamadas terroristas por una ley que acaba de aprobar el Congreso, sino también por el hecho de que es una acción política en el contexto de que en este momento Guatemala está entrando en el proceso de cambio de las direcciones de las instituciones que son el Ministerio Público, que son la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras. Y estas tres que son fundamentales, están ahora tomadas por lo que llamamos el ‘Pacto de corruptos’”, explica a RFI Sandra Morán, ex diputada de la Comisión de Derechos Humanos (2016-2020) y una de las coordinadoras del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente.
El Gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta en efecto una estructura que los analistas llaman el “Pacto de corruptos”, un modelo de corrupción con varios integrantes que involucra a diversos sectores de la sociedad. En el centro de la polémica está la fiscal general, María Consuelo Porras, quien ha intentado bloquear al mandatario desde su llagada al poder.
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“Una acción política”
“Lo leemos como una acción no solo delictiva, sino también política, por las relaciones que han tenido las maras con las redes político-económicas, que en Guatemala han estado moviendo las elecciones y que el Gobierno de Arévalo se enfrentó a ello y se sigue enfrentando porque son quienes lo han estado atacando desde que ganó en 2023”, comenta Sandra Morán.
El despliegue militar busca capturar a los responsables de los ataques del fin de semana, ocurridos en represalia por la retoma de tres cárceles. Mientras los soldados montan puestos de control en la periferia norte de la ciudad, el Congreso ha ratificado la suspensión de garantías constitucionales por 30 días, permitiendo detenciones sin orden judicial.
Para Morán, la violencia es el síntoma de una disputa feroz entre dos modelos de país: “Creemos que esta disputa que hay de poder entre la gente como nosotros, que queremos procesos democráticos, justicia, acabar con la impunidad, y los que han estado sosteniendo y manteniendo la criminalización, la impunidad y la corrupción, esta disputa que está bien clara, es lo que da el marco para esta acción delictiva de las maras”, estima.
Arévalo, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos, anunció la captura de 23 pandilleros pertenecientes a la mara Salvatrucha y al Barrio 18.