Aunque el Gobierno evita el término “devaluación”, el ajuste de facto ya ocurrió en los mercados. Ahora, el reto es proteger el salario real en una economía que ya piensa y cotiza en la divisa informal.
Fuente: El País.bo
La economía boliviana atraviesa una etapa de ajuste silencioso, marcada por la crisis de divisas y combustibles que golpeó al país durante 2025. Aunque el Gobierno insiste en proyectar un retorno al crecimiento y evita hablar abiertamente de una “devaluación”, la realidad del mercado revela un escenario distinto, Bolivia ya vive una devaluación de facto, reflejada en la pérdida del poder adquisitivo del boliviano, una inflación persistente y la coexistencia de un sistema cambiario dual.
La brecha entre el tipo de cambio oficial, fijado en Bs 6,96 por dólar, y el valor referencial o paralelo, que a enero de 2026 oscila entre Bs 9,16 y Bs 9,35, implica una depreciación superior al 30% respecto a los niveles previos a la crisis cambiaria iniciada en 2023. Para analistas y organismos internacionales, este desfase no es transitorio, sino el reflejo de un proceso de ajuste que el Estado ha comenzado a reconocer, aunque sin nombrarlo como tal.
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El tipo de cambio no refleja la realidad
Formalmente, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene el tipo de cambio fijo de Bs 6,96 para la venta de dólares. Sin embargo, el acceso a divisas a ese precio continúa siendo restringido para la población y el sector privado, lo que ha consolidado un mercado paralelo como referencia real para la formación de precios.
Durante 2025, el dólar informal llegó a cotizarse en picos históricos de hasta Bs 20, en el momento más crítico de la escasez de divisas. A inicios de 2026, el mercado ha mostrado cierta estabilización, situándose en torno a los Bs 9, lo que el propio BCB ha comenzado a reconocer mediante la publicación diaria de valores referenciales basados en operaciones reales del sistema financiero.
Sin embargo, este reconocimiento técnico constituye una admisión implícita de que el tipo de cambio oficial dejó de ser funcional, consolidando una devaluación de facto que ya fue absorbida por la economía.
Reservas, inflación y crecimiento
En el plano macroeconómico, el Gobierno destaca algunos indicadores positivos. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) cerraron en aproximadamente 3.713 millones de dólares, con un repunte significativo en las divisas de libre disponibilidad, que pasaron de apenas 70 millones a cerca de 580 millones de dólares. Este incremento fue impulsado, principalmente, por créditos externos de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.
No obstante, la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones. Tras un 2025 con variaciones acumuladas superiores al 30% en varios rubros, especialmente alimentos y servicios básicos, la meta gubernamental para 2026 es reducirla al 17%, un objetivo ambicioso en un contexto de ajuste cambiario y reacomodo de precios.
En cuanto al crecimiento económico, las proyecciones también divergen. Mientras el Banco Mundial advierte un posible estancamiento o incluso recesión hasta 2027, el Ministerio de Economía apuesta por un crecimiento positivo en 2026, apoyado en la reactivación de la inversión externa y la normalización del mercado cambiario.
En camino a una devaluación oficial
El presidente del Banco Central de Bolivia, Iván Espinoza, ha reconocido públicamente la inminente modificación del tipo de cambio fijo, adelantando una transición hacia un esquema “flexible y real”, con el objetivo de “sincerar la economía y acabar con los problemas generados por el tipo de cambio fijo”.
El nuevo sistema, según explicó, estaría basado en bandas cambiarias —similares a las aplicadas en Argentina— que permitirían la fluctuación del dólar dentro de ciertos rangos antes de que el Estado intervenga. Expertos señalan que este tipo de cambio flexible podría situarse entre Bs 9 y Bs 10 por dólar.
Aunque el valor referencial publicado por el BCB aún se mantiene por debajo de los niveles máximos alcanzados en el mercado paralelo durante 2025, el mensaje es, la devaluación oficial ya no es una hipótesis, sino un escenario en preparación.
La devaluación que ya ocurrió
Si bien la mayoría de los precios en el mercado ya se ajustaron al tipo de cambio paralelo, una devaluación oficial tendría impactos directos en variables sensibles como el salario mínimo, el poder adquisitivo de los sueldos, los ahorros y los fondos administrados por el Estado.
Uno de los puntos críticos es el Fondo de los ahorristas del Banco Central de Bolivia, estimado en alrededor de 30.000 millones de dólares, pero manejado principalmente en bolivianos. Con la depreciación de la moneda, estos recursos pierden valor real, pese a que el BCB ha comenzado a reorientar parte de sus inversiones hacia grandes empresas que operan en el país.
El análisis: quién gana y quién pierde
El analista económico Fernando Romero sostiene que la transición a un tipo de cambio flexible implica, en los hechos, el reconocimiento de una devaluación oficial, aunque aclara que esta ya existe desde hace al menos dos años en la práctica.
Mencionó, que aunque se la llame “flexibilización”, pasar de 6,96 a 9 bolivianos por dólar significa una devaluación de entre el 30% y 40%. Entre los efectos inmediatos, Romero menciona la caída del salario real, ya que los ingresos no se ajustan de manera inmediata al nuevo contexto económico, afectando especialmente el acceso a alimentos y servicios básicos.
También advierte una pérdida en la capacidad de ahorro de la población, dado que los ingresos en bolivianos pierden valor frente a bienes dolarizados, lo que, a su vez, incentiva la informalidad económica.
Respecto a los beneficiarios, Romero señala que el principal ganador es el propio Banco Central, cuyos activos en dólares y reservas de oro mejoran su valor patrimonial en términos contables. También se benefician los exportadores y el Estado, que incrementa su recaudación indirecta.
En contraste, los principales perdedores son los trabajadores asalariados, cuyo salario pierde valor real frente al dólar, y el Fondo de Pensiones administrado por la Gestora Pública, que maneja ahorros en bolivianos que, si no se indexan, ven erosionado su poder adquisitivo.
Riesgos sociales y credibilidad
Romero advierte que una devaluación oficial, sin medidas de protección social, puede profundizar el empobrecimiento neto de amplios sectores de la población. El reciente incremento del salario mínimo a 3.300 bolivianos, señala, no será suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo, especialmente para jubilados y pensionados.
Además, alerta sobre un posible deterioro de la credibilidad institucional, si el ajuste cambiario no viene acompañado de transparencia, reglas claras y políticas que amortigüen el impacto social.
“La devaluación oficial sí o sí va a traer inflación, porque va a encarecer todo lo importado y va a necesitar más bolivianos para cada dólar, pero además, puede ser que devaluemos a un precio equivalente al precio del dólar paralelo, aparte van a subir los costos de producción interna, además va a generar expectativas inflacionarias”, apuntó.
Fuente: El País.bo