En materia de endeudamiento, Moreira estimó que la deuda total del país podría alcanzar los 28.300 millones de dólares, superando el 50% del PIB.
Fuente: ANF
La política económica aplicada por el gobierno de Rodrigo Paz muestra efectos visibles en el mercado cambiario y en los precios internos, pero también abre un debate sobre su sostenibilidad y su impacto social a mediano plazo. Mientras sectores gremiales valoran la reducción del dólar y la estabilización de la canasta familiar, desde la academia y el análisis económico surgen advertencias sobre un ajuste inminente sostenido en endeudamiento y con posibles consecuencias severas para la población.
Desde el sector gremial del Sur de El Alto, Luis Paco expresó una valoración positiva del rumbo económico actual, al que considera un avance frente a la situación heredada de la administración de Luis Arce. Uno de los puntos centrales que destacó es el levantamiento de la subvención a los carburantes y la abrogación del Decreto Supremo 5503, medida que —según señaló— no se ajustaba a la realidad económica del país.
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Paco sostuvo que los precios se han estabilizado y que la canasta familiar se mantiene, con algunos productos incluso a la baja. “Eso nos muestra que se está yendo por buen camino”, afirmó en contacto con ANF.
En ese contexto, resaltó la reducción del precio del dólar, que durante el gobierno anterior llegó a cotizarse entre 13 y 20 bolivianos y que actualmente se ubica alrededor de los 9 bolivianos. Esta caída, explicó, ha permitido reducir los costos de los productos importados que abastecen a los mercados populares.
Sin embargo, el dirigente gremial reconoció que la estabilización de precios no se ha traducido aún en una recuperación plena del consumo. Las ventas, señaló, han disminuido y hay menos circulante en la economía. Las fiestas de fin de año no alcanzaron los niveles habituales y el sector mantiene expectativas moderadas sobre el comportamiento comercial durante la temporada escolar y el carnaval, que serán claves para evaluar el impacto real de las medidas.
Desde una perspectiva académica, Luis Paz, representante del Observatorio de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), consideró, en contacto con ANF, que la política económica del gobierno de Paz constituye “el paso más adecuado” para evitar un proceso acelerado de inflación y escasez. En su análisis, el levantamiento de la subvención a los hidrocarburos fue una medida acertada tanto en lo político como en lo económico, al considerar que mantenerla resultaba altamente dañino para las finanzas públicas.
Paz subrayó que durante 15 años de continuidad gubernamental no se tomó esta decisión por falta de valentía y capacidad, y remarcó que los resultados ya son evidentes, como la desaparición de las filas en los surtidores. Asimismo, valoró positivamente la apertura internacional impulsada por el actual gobierno y el relacionamiento con países como Estados Unidos e Israel, así como la participación de Bolivia en el Foro Económico Mundial de Davos.
En contraposición, el analista económico Martín Moreira planteó una lectura crítica y de alerta. Si bien reconoció una estabilidad temporal, advirtió que el país se encamina hacia un ajuste económico severo con altos costos sociales. Cuestionó las proyecciones oficiales de inflación para 2026, estimadas entre el 12% y el 17%, y señaló que, de existir plena confianza en la política aplicada, esos márgenes deberían ser menores. Además, anticipó nuevos ajustes en los carburantes a partir de julio, con una periodicidad semestral.
Moreira, en contacto con ANF, alertó sobre una devaluación inminente del tipo de cambio, impulsada —según su análisis— por exigencias de organismos internacionales como el BID y el FMI. Afirmó que el Estado espera recibir desembolsos de estas entidades para ganar “musculatura” y ejecutar una devaluación que llevaría el dólar oficial de 6,96 a alrededor de 13 bolivianos. Este escenario, advirtió, podría impactar directamente en los ahorros de la población, con una posible dolarización de créditos y cajas de ahorro por parte de los bancos.
En materia de endeudamiento, Moreira estimó que la deuda total del país podría alcanzar los 28.300 millones de dólares, superando el 50% del PIB. Esto implicaría que, de cada 100 bolivianos generados, 50 estarían comprometidos al pago del servicio de la deuda.
A ello se suma su advertencia sobre el anuncio gubernamental de reducir en un 30% la cartera salarial del Ejecutivo, lo que podría derivar en despidos masivos o recortes en sectores sensibles como el magisterio rural.
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Fuente: ANF