En este escenario, el derecho constitucional se posiciona como la herramienta clave para interpretar, equilibrar y encauzar posiciones que hoy se muestran profundamente divididas
Fuente: El Deber
El debate sobre los proyectos de ley antibloqueos que se analizan en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha reactivado una discusión de fondo en Bolivia: los límites entre el derecho a la protesta y la obligación del Estado de garantizar la libre circulación, el orden público y otros derechos colectivos. En este escenario, el derecho constitucional se posiciona como la herramienta clave para interpretar, equilibrar y encauzar posiciones que hoy se muestran profundamente divididas.
“Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Derecho Internacional, los bloqueos de caminos se constituyen en una manera legítima de protesta, como materialización de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, aunque estos no son absolutos”, explica Fabricio Góngora, docente de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz),
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El experto agrega que “esta afirmación coloca el debate en el terreno constitucional y supranacional, donde los derechos se reconocen, pero también se regulan.
Góngora subraya que el derecho a la protesta está protegido por los sistemas internacionales de derechos humanos, siempre que no derive en otros fines como el quebrantamiento del orden constitucional o la afectación grave de bienes públicos y privados.
“Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en contextos de protesta, considerándolos una manifestación válida de expresión”, explica el jurista, al tiempo que aclara que existen límites cuando se generan daños materiales o inmateriales sujetos a tutela jurídica.
Argumentos a favor y en contra
Desde el Gobierno y sectores que respaldan los proyectos de ley antibloqueos, el argumento central es la necesidad de proteger el derecho a la libre circulación, la economía y el acceso de la población a bienes y servicios esenciales. Las autoridades sostienen que los bloqueos provocan pérdidas económicas millonarias, paralizan el transporte y afectan derechos básicos como la salud, el trabajo y la educación.
Los defensores de la norma consideran que el derecho constitucional no puede analizarse de forma aislada, sino como un sistema de derechos interdependientes. En ese marco, plantean que el Estado tiene la facultad —y la obligación— de establecer sanciones cuando una forma de protesta vulnera derechos de terceros o pone en riesgo la seguridad colectiva.
En contraposición, organizaciones sociales, sindicatos y sectores de la oposición política advierten que los proyectos de ley antibloqueos podrían criminalizar la protesta social, una herramienta históricamente utilizada en Bolivia para visibilizar demandas de sectores marginados. Para estos actores, tipificar el bloqueo como delito autónomo supone desnaturalizar su carácter político y social.
Sobre este punto, Góngora enfatiza que “si una norma pretende restringir derechos fundamentales involucrados en manifestaciones y protestas, debe estar fundada en intereses legítimos establecidos en el bloque de constitucionalidad y cumplir estrictamente con el principio de proporcionalidad”.
Además, recuerda que cualquier ley aprobada goza de presunción de constitucionalidad, pero puede ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante acciones de inconstitucionalidad abstracta o concreta.
El jurista añade que, en caso de crear o agravar sanciones penales, estas deben ser coherentes con los estándares interamericanos de derechos humanos y con la propia Constitución Política del Estado.
“No se trata de negar la protesta, sino de analizar jurídicamente hasta dónde llega y cuándo comienza la afectación de otros derechos”, sostiene Góngora.
El derecho constitucional como punto de equilibrio
El debate antibloqueos revela una tensión estructural: la necesidad de gobernabilidad frente al derecho a la resistencia social. En ese cruce, el derecho constitucional actúa como campo de interpretación y equilibrio, donde se ponderan derechos fundamentales, deberes estatales y el contexto histórico y social del país.
Más allá de la coyuntura legislativa, este escenario pone en evidencia la importancia de una formación jurídica sólida y crítica. En este sentido, el derecho constitucional es una de las áreas en las que pueden especializarse los abogados formados en Unifranz. Allí, los estudiantes aprenden haciendo, participan en debates actuales como el de las leyes antibloqueos y se mantienen en permanente actualización frente a la normativa nacional e internacional.
Así, el análisis constitucional no solo se convierte en una herramienta para comprender los conflictos del presente, sino también en un eje formativo para los profesionales del Derecho llamados a interpretar, defender y equilibrar los derechos en una sociedad democrática.
Fuente: El Deber