Pérez expresó un fuerte rechazo a la postura del ministro de Energía, Mauricio Medinaceli, a quien acusó de intentar validar actos que, según la entidad cívica, no se ajustan a la normativa que exige la región.
Fuente: ANF
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) demandó la anulación total de los convenios y contratos firmados por el Estado boliviano con empresas extranjeras para la explotación del litio, hasta que se apruebe una nueva Ley del Litio consensuada con los departamentos productores. La postura fue expresada por Alberto Pérez, representante de la entidad cívica, quien calificó estos acuerdos como ilegales, ilegítimos y perjudiciales para el país.
Pérez sostuvo que los 15 convenios y los dos contratos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas de China, Rusia, Francia, Argentina, Australia, Alemania y el Reino Unido deben volver a “foja cero”. A su criterio, cualquier acuerdo sobre el litio debe firmarse recién después de contar con una normativa clara y consensuada que garantice beneficios reales para Potosí y el resto del país.
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Según información de la Fundación Solón, YLB firmó cuatro convenios con Tecpetrol S.A. (Argentina), China Machinery (China), Eramet S.A. (Francia) y Watercycle Technologies (Reino Unido).
A ello se suman convenios para el salar de Pastos Grandes, también en Potosí, con empresas como Eramet, EAU Lithium, Xian Lansehen y Uranium One Group.
En Oruro, de acuerdo a la Fundación, YLB suscribió tres convenios para el salar de Coipasa con firmas francesas, bolivianas y australianas, mientras que en el salar de Empexa, en Potosí, se firmaron otros dos acuerdos con empresas de Francia y Australia.
Además de dos contratos con Uranium One Group (Rusia) y el consorcio Hong Kong CBC (China) para la explotación del salar de Uyuni, en Potosí. El representante de Comcipo calificó estos contratos como “totalmente lapidarios”, al considerar que generarán más endeudamiento que beneficios productivos.
Asimismo, expresó un fuerte rechazo a la postura del ministro de Energía, Mauricio Medinaceli, a quien acusó de intentar validar actos que, según la entidad cívica, no se ajustan a la normativa que exige la región.
El pasado 19 de enero, Medinaceli confirmó que el gobierno del presidente Rodrigo Paz respetará los contratos firmados con Uranium One Group y Hong Kong CBC, con el objetivo de reconstruir la confianza de los inversionistas, pese a observaciones iniciales sobre su adjudicación.
Para Pérez, la salida pasa por “rayar nuevamente la cancha” mediante una Ley del Litio consensuada, similar al régimen de los hidrocarburos, que garantice una distribución equitativa de los beneficios y respete los intereses de los territorios productores.
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Fuente: ANF