La explotación del proyecto exploratorio Domo Oso-X3 (DMO-X3) tiene potencial de contribuir al crecimiento económico de Tarija y del país; sin embargo, deben cumplirse todos los protocolos de protección ambiental.
Fuente: El Diario
El diputado supraestatal, Daniel Marañón Tovar, en su calidad de vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, informó sobre la aprobación de un pronunciamiento que demanda garantizar la protección de la Reserva Tariquía y una mayor supervisión de proyectos hidrocarburíferos en el departamento de Tarija, para que se respete la ley y la participación ciudadana.
“En sesión de Representantes Supraestatales, hemos aprobado este pronunciamiento para defender la Reserva de Tariquía y remitido a la Comisión Permanente. Sabemos que es importante reactivar la economía de Tarija y del país, pero esto debe hacerse con transparencia, respetando la ley y asegurando la participación de la población”, señaló Marañón.
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En criterio del parlamentario, la explotación del proyecto exploratorio Domo Oso-X3 tiene potencial de contribuir al crecimiento económico de Tarija y del país, sin embargo, deben cumplirse todos los protocolos de protección ambiental y el diálogo con las comunidades que puedan llegar a verse afectadas por esta actividad.
“La prioridad es proteger nuestra área protegida y, al mismo tiempo, garantizar que los proyectos hidrocarburíferos contribuyan al desarrollo económico de manera sostenible”, afirmó.
Esta semana, legisladores confirmaron haber presentado ante la Contraloría General del Estado (CGE), una solicitud de auditoría ambiental a las modificaciones realizadas al plan de manejo de esta área protegida, esto tras advertirse una serie de presuntas irregularidades y vulneraciones a la normativa ambiental vigente.
La senadora por la alianza Unidad, Marcela Guerrero, aseveró que estas modificaciones se realizaron al margen de la normativa nacional y denunció la existencia de intereses económicos detrás de dichos cambios.
Aseguró además que, entre las gestiones 2000 y 2004 se contaba con un instrumento técnico que protegía de forma integral el área; pero en 2014 se aprobó un nuevo plan de manejo sin socialización, sin procesos de consulta pública y sin estudios hidrológicos.
Fuente: El Diario