El abogado Diego Coímbra asegura que se vulneraron los derechos de su defendido, por lo que exige que se ordene su liberación.

Después, la Justicia, la Fiscalía, el imputado y su defensa legal acordaron cambiar de juzgado porque en el auditorio de la sala 7 no funcionaron los aires acondicionados. De esta manera, la audiencia se reinstaló en una sala del piso 2 del Palacio de Justicia.
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Además, un grupo de mujeres, que se identificaron como madres de víctimas de abusos sexuales, abuchearon al juez Hebert Z. cuando era sacado de la primera sala y llevado al ascensor por efectivos de la Felcn.
“Pudrite en la cárcel, eso te mereces. Son un infeliz…”, gritaban las mujeres y aseguraban que el juez imputado liberó a los autores de abusos y violaciones de sus casos.
Lo primero que esta resolviendo la justicia son los incidentes planteados por la defensa legal del juez Hebert Z., que argumenta que se ejecutó una aprehensión irregular y que no existe suficientes indicios que vincules al imputado con la droga hallada en el galpón de la empresa de seguridad.
Además, el abogado Coímbra asegura que se vulneraron los derechos de su defendido, por lo que exige que se ordene su liberación. Sin embargo, la Fiscalía señala que existen suficientes indicios que vinculan al juez Hebert en el delito de tráfico de sustancias controlas.
Entre los principales elementos que sustentan la imputación se encuentra el hallazgo de armas y casi 80 kilos de marihuana, en estado sólido y líquido, durante un allanamiento realizado el 20 de enero en los galpones de la empresa de seguridad Ebose S.R.L., ubicados en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. De acuerdo con la investigación, dicha empresa tendría como principal socio capitalista al propio juez.
Según el informe fiscal, al momento del operativo los efectivos policiales encontraron a un guardia de seguridad que evidenció nerviosismo, lo que derivó en una requisa detallada del inmueble. En un ambiente con puertas de blindex, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana y sustancias químicas, por lo que se convocó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que confirmó la presencia de droga en grandes cantidades.
“El señor Zeballos fue convocado inicialmente en calidad de testigo. Hizo uso de su derecho constitucional a no declarar; sin embargo, tras analizar los indicios y la documentación existente, la comisión decidió ampliar la investigación y disponer su aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal”, explicó el fiscal Julio César Porras, uno de los investigadores del caso.
De acuerdo con la imputación formal, el magistrado es investigado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, tipificados en la Ley 913 y el Código Penal. La Fiscalía argumenta riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, motivos por los cuales solicitó su detención preventiva en Palmasola.

