Por estas denuncias mediante Sitpreco, Transparencia descubrió una red de corrupción de exfuncionarios en la ANH que cobraban a las personas hasta $us 20 mil por trámite y acumularon más de Bs 2,5 millones por estas coimas.
Fuente: eldeber.com.bo
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Enriquecimiento ilícito es uno de los delitos que investiga el Ministerio Público por las más de 340 denuncias de corrupción que llegaron al Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (Sitpreco). De esa cantidad, 73 involucran a exfuncionarios del sector de hidrocarburos, informó a EL DEBER el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García.
En ese marco y tomando en cuenta no solo hidrocarburos, sino presuntas irregularidades en otras instancias, es que Transparencia solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realizar un rastreo patrimonial en las cuentas de bancos de 72 personas implicadas en presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Se trata de exfuncionarios y personas particulares allegadas a los primeros.
“A más de 70 días de gestión hemos recibido más de 340 denuncias (de corrupción), las cuales siendo sistematizadas involucraban, por ejemplo, al área de hidrocarburos con más de 73 denuncias. Es decir, dentro del ranking de entidades denunciadas por corrupción, hidrocarburos ha encabezado a través de todas sus unidades (denuncias de) corrupción”, precisó García.
En hidrocarburos, el Ministerio Público investiga prácticamente a todas las instancias, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hasta la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidades donde se detectaron redes de actos ilícitos, cobros irregulares en medio de la escasez de carburantes de la gestión pasada e incremento patrimonial injustificado.
ANH y su red corrupta
Mediante el Sitpreco, se conoció que en la ANH existía una red de corrupción de funcionarios que a cambio de realizar trámites para la instalación de una estación de servicio, cobraban “coimas” desde los Bs 5.000 hasta $us 20.000, por trámite autorizado.
“Con ese antecedente se genera una investigación patrimonial con todas las personas que habían sido nombradas en ese caso, y nos encontramos que este mismo esquema de personas había generado un enriquecimiento ilícito, un incremento patrimonial injustificado de más de dos millones y medio de bolivianos”, reveló García.
Es decir que esa denuncia personal ayudó a revelar una cadena de hechos irregulares de esos funcionarios de la ANH. “Habían sabido cobrar a todos, por lo que sus patrimonios se incrementaron de manera injustificada”.
Rastreo patrimonial
También se descubrió que no solo se trata de exfuncionarios de estas entidades sino de familiares y allegados que eran parte de este modus operandi. Es por eso que Transparencia pidió a la UIF que haga un rastreo patrimonial.
“Desde esta instancia se han requerido 72 informes de investigación patrimonial y que a la fecha están pendientes de remisión. Esperamos que en los próximos días podamos tener el rastreo patrimonial de estas personas particulares”, informó la autoridad.
El rastreo patrimonial que realiza la IUF es un paso esencial para Transparencia porque de acuerdo a los datos que emita esta unidad, se presentarán las denuncias por la presunta comisión de legitimación de ganancias ilícitas y por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
¿Entre estas 72 investigados están exautoridades del anterior gobierno?, consultó este medio a García, y el viceministro respondió: “Son exautoridades del anterior gobierno y también son allegados de las exautoridades del anterior gobierno”, respondió.
Con sus declaraciones se puede deducir que estos 72 casos involucran personas vinculadas hechos de presunta corrupción en distintos niveles del Estado entre ellos del sector de hidrocarburos, Emapa y Fondo Indígena. No obstante, se abstuvo de dar más detalles de quiénes están entre los investigados.
“Es un listado que está en reserva en la UIF, sin embargo, una vez que tengamos el reporte o el resultado de estos casos, y presentemos la denuncia ante el Ministerio Público”, explicó.
No obstante, se conoce por los mismos datos que dio el Gobierno que en esa lista están el expresidente Luis Arce, detenido en la cárcel de San Pedro por desfalco del Fondo Indígena, y sus dos hijos varones: Ernesto Rafael y Marcelo Arce Mosqueira, quienes son investigados, en distintos casos y grados, por el Ministerio Público.
Mientras, la Fiscalía sigue los pasos y acciones de Marcelo y su presunta participación en entidades estatales del sector de hidrocarburos, Rafael tiene al menos tres investigaciones penales también por corrupción y que ya están con imputación formal.