Desde hace más de dos décadas sigue prevaleciendo la irresponsabilidad de los gobiernos y se imponen intereses políticos estructurados para romper con la propiedad privada: mediana, grande y pequeña, que sistemáticamente viene sufriendo avasallamientos.
El constituyente ha incluido en la parte dogmática la institución de la propiedad privada, y por tal naturaleza y finalidad el Estado y sus instituciones tienen la inexorable responsabilidad de protegerla con todos los medios legales. Su unidad e integridad de la propiedad privada, sea individual o colectiva, no admite que grupos armados violentos tengan la libertad de ejecutar despojos criminales, con resultados que activan en cualquier espacio público del mundo procesos penales en contra de los avasalladores.
Al presente se estima que más de 326 propiedades han sido víctimas de grupos interculturales afines al MAS de avasallamientos. Las consecuencias causan zozobra y anulan la producción agrícola ganadera con: lesiones a la integridad física al Cacique de San José de Chiquitos, Ricardo Peña; toma de rehenes comunarios y trabajadores; apropiación de maquinarias agrícolas-ganaderas; robo de soya y otros productos; instalación de campamentos en superficies titularizadas con saneamiento y cumplimiento de la función económica-social, y amenazas sistemática a los legítimos propietarios si regresan a intentar retomar las tierras fruto de acciones dolosas.
No es posible paralizar responsabilidades y menos desresponsabilizar al gobierno actual, porque se conoce que las políticas devastadoras, saqueo y avasallamientos a propiedades saneadas y legales, nacen de las lavas del volcán denominado INRA. Mientras el epicentro no se apague, por acción de un plan riguroso de desmontaje de esa burocracia siniestra y comercial en tierras, el daño a la cadena productiva alimentaria en el Departamento de Santa Cruz, será irreparable, y ningún cruceño e institución cívica o social puede aceptar que la impunidad se instale en el departamento y en Bolivia.
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Los tiempos del realismo prebendalismo de tierras a sindicatos y cooperativas obsecuentes con los postulados de los⁶ gobiernos de Evo Morales y Arce Catacora, el primer prófugo de la justicia y el segundo en San Pedro por daño económico al Estado por disposición de 4.000 millones de dólares del Fondo Indígena y otros excluidos por miopía política de poder, deben acabar con la vedada legitimación de leyes, títulos y autorizaciones normativas irregulares. La Ciencia del derecho garantiza los derechos fundamentales al ser pilares de la convivencia social, paz y seguridad en el Estado de derecho Constitucional.
Después de dos días de protestas de cívicos y productores frente a oficinas del INRA, tanto el Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis y el presidente del Comité Provincial, Marcelo Méndez, coincidieron en afirmar que urge en renovar a los funcionarios del INRA por profesionales de la región, al considerar que son los supuestos cómplices de los atropellos y avasallamientos, el último registrado en la Comunidad Virgen de Urkupiña, y auditoria a más de 2.500 resoluciones