- En 25 años el Estado boliviano no sólo ha sido incapaz de garantizar al Pueblo Indígena Ese Ejja de Eyiyoquibo el acceso a un territorio ancestral, sino que ahora los enfrenta con avasalladores de tierras.
- En la misma década en que el INRA postergó la demanda de tierras de los ese ejjas, adjudicó una superficie más grande que Nueva York a organizaciones sociales, afines con el partido político que gobernó Bolivia los últimos 20 años.
- El hacinamiento severo, la pobreza extrema y la contaminación por mercurio empujan a esta comunidad indígena hacia el límite de su existencia.
Este reportaje fue producido en colaboración con el Centro Pulitzer, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales
Hasta hace tres décadas los ese ejjas no conocían de fronteras, de lucha por territorio ni de aguas contaminadas. Eran inquietos como los ríos sinuosos que bañaban la entonces poco explorada Amazonía. Como expertos navegantes recorrían a placer los ríos Beni, Madre de Dios, Madidi y Heath. Para ellos no había diferencia entre Bolivia y Perú. Los cuerpos de agua y bosques eran su casa grande. Ahora una fracción de ellos, los ese ejjas de Eyiyoquibo, están al borde de la desaparición.
El Estado boliviano, que debe reconocer y garantizar su libre determinación como pueblo indígena de reciente contacto, ha dado señales de que no solo busca confinarlo lejos de los ríos, sino también de enfrentarlo con avasalladores de tierras. De hecho, ha antepuesto los intereses de organizaciones sociales afines con el partido político que gobernó Bolivia las últimas dos décadas al derecho de los ese ejjas a tener un territorio.
Como consecuencia, los ese ejjas de Eyiyoquibo actualmente se enfrentan al hacinamiento severo, la pobreza extrema y la contaminación. El agua que antes les daba vida, los está enfermando debido al mercurio de la minería ilegal.
Eyiyoquibo, el refugio de los últimos ese ejjas libres
El repique de la campana de la escuela saca a los niños de sus hogares y corren presurosos hacia las aulas. Cerdos y gallinas pululan por los patios de las casas. Se ve a mujeres cocinando a leña y a la intemperie. La mayoría de las viviendas no cuentan con el mobiliario básico y sus habitantes duermen en el piso.
La pobreza rampante se percibe desde que uno comienza a recorrer los 100 metros que separan al caserío indígena de la carretera principal San Buenaventura-Ixiamas. El camino es de tierra y carece de mantenimiento. Varias de las 28 casas de ladrillo y cemento que el Estado construyó en 2015, con el Programa de Vivienda Social, están deterioradas.
Eyiyoquibo es el último refugio de los ese ejjas libres que se resistieron a la sedentarización de sus hermanos en Madre de Dios (Perú), Beni y Pando (Bolivia). En un principio era un terreno de diez hectáreas donado por la ONG estadounidense Misión Nuevas Tribus, pero quedó reducido a ocho tras una crecida del río Beni.
Este reducto está ubicado en la Amazonía Norte de Bolivia, en las orillas del río Beni, a 5 kilómetros del área urbana del municipio San Buenaventura y a 481 kilómetros de la sede del Gobierno de Bolivia, en La Paz.
De todas las carencias que registra, una de las más severas es la falta de espacio para vivir. Las casas construidas por el Estado fueron diseñadas para una familia compuesta por cinco miembros (tres hijos y dos progenitores), sin tomar en cuenta las características culturales de este pueblo indígena. Así lo señala el estudio “Plan de Pueblo Indígena (PPI) de la comunidad de Eyiyoquibo”, financiado por el Banco Mundial.
Jhonny Sosa, Capitán Grande del Pueblo Ese Ejja de Eyiyoquibo, cuenta que en una casa están hacinadas hasta tres familias. Es decir que en un espacio de 15 metros cuadrados viven hasta 15 personas. “Yo vivo así con mi familia, amontonados y sin un espacio para hacer dormir a los bebés”, dice.
Parado en la orilla del río Beni, desde donde se puede ver toda la comunidad, Sosa pasea su mirada sobre las casas construidas alrededor de la única escuela. En ese reducto viven 358 indígenas, entre ellos 140 niños menores de 11 años, según el Censo de Población y Vivienda de 2024.
La posibilidad de acceder a hojas de palma o madera para construir más viviendas es mínima debido a la falta de acceso a recursos naturales, por lo que a muchas familias no les ha quedado más alternativa que vivir bajo techos de hule o carpas. Tampoco queda espacio para la caza, el aprovechamiento del bosque o cultivar sus alimentos, lamenta Sosa.
Ante ese escenario, la pesca se ha convertido en la actividad principal de subsistencia. Sin embargo, las aguas del río Beni, en cuyas cabeceras la minería ilegal es descontrolada, ha empezado a enfermarlos por el uso del mercurio. “Hemos pescado peces con su interior podrido. Estaban vivos, pero sus intestinos estaban totalmente dañados”, cuenta Sosa. Ese es el pescado que consumen.
En 2021, una investigación realizada por el Biodiversity Research Institute (BRI) y la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) concluyó que las mujeres ese ejjas de Eyiyoquibo presentaban niveles de mercurio seis veces más altos de lo permitido en el cuerpo humano, según los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación llevó a la Defensoría del Pueblo de Bolivia a realizar un estudio en 2022 que concluyó que “el Pueblo Indígena Ese Ejja corre el riesgo de extinción física y cultural debido a las evidencias de contaminación por mercurio en su población”.
Pero, ¿cómo terminaron viviendo más de 350 personas en menos de tres decenas de casas, al lado de un río cada vez más contaminado? Wilson Tórrez, excapitán grande, el máximo cargo en la comunidad, suspira. Luego, con la experiencia de quien ya ha contado la misma historia varias veces, dice con voz queda: “Nuestros antepasados eran nómadas. No como ahora, que estamos organizados y ya vivimos en este lugar 25 años”.
Hasta la década de 1990, los ese ejjas de Eyiyoquibo se mantuvieron al margen del mundo globalizado. Fieles a su estilo de vida itinerante y navegante, vivían en las riberas del río Beni y de los afluentes que lo alimentan. Para ellos no existían los límites administrativos ni fronteras políticas, por lo que se desplazaban con total libertad entre San Borja, Rurrenabaque, Apolo y San Buenaventura.
Sin embargo, cuando el anterior siglo llegó a su ocaso, también lo hizo su ancestral modo de vida nómada. ¿La razón? La extracción intensiva de los recursos naturales, como consecuencia del auge de la goma y la castaña, así como la incursión de empresas madereras. Esto les obligó a entablar una relación desigual con la sociedad boliviana. Se convirtieron en peones de grandes terratenientes.
En 1997, Alberto Tórrez, padre de Wilson y primer Capitán Grande de Eyiyoquibo, fue el primero en ser contratado por los entonces propietarios de esas tierras. Su tarea junto a otros ese ejjas, fue el chaqueo, es decir el desmonte de árboles y la quema con fines de agricultura. Tres años después, sus nuevos patrones les pidieron abandonar el lugar porque habían puesto el terreno a la venta.
Sin tener a dónde ir, Alberto contactó a la Misión Nuevas Tribus para pedir ayuda. “Cuando los misioneros le preguntaron a mi padre: ‘¿Cuántas hectáreas necesitas?’ Él respondió: ‘Diez’. Él no sabía de medidas, tampoco leer ni escribir. No entendía bien el español. Creyó que diez era harto”, cuenta Wilson con un dejo de amargura.
El misionero de Nuevas Tribus al que Wilson identifica como Lorenzo no solo les compró el terreno, les ayudó a ponerle nombre y a organizarse. La imponente montaña de San Miguel del Bala, ubicada justo al frente, fue la fuente de inspiración para nombrar a la nueva comunidad como “Eyiyoquibo” (en lengua esse ejja), que en español significa pie de montaña.
Desde entonces el objetivo ha sido luchar por un territorio y que el Estado boliviano les garantice su libre determinación como pueblo indígena ancestral, derecho reconocido en la Constitución Política de Bolivia. Sin embargo, a la fecha, su condición es de alta vulnerabilidad. En 2023 la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios (Digepio) emitió un informe en el que concluyó que la comunidad Ese Ejja de Eyiyoquibo era “vulnerable al etnocidio por sus condiciones de asimetría estructural con la sociedad nacional”.
El documento detalla que los proyectos hidrocarburíferos, la minería ilegal, los incendios, la deforestación, los planes de manejo forestal avalados por el Gobierno, el proceso de colonización y la falta de acceso a recursos naturales les ha afectado profundamente, al punto de que ya se observan “cambios notorios y supresiones en las prácticas culturales de este pueblo”.
Relegados por el Estado
Jhonny Sosa y Wilson Tórrez se sienten frustrados e indignados al recordar que en 25 años el Estado ha sido incapaz de garantizarles el acceso a su territorio ancestral, pese a estar estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, normativa internacional que Bolivia elevó a rango de ley el 7 de noviembre de 2007.
Tórrez apela a la memoria de su padre para explicar que su pueblo ha sido sistemáticamente relegado y marginado frente a otros sectores sociales que también buscan acceder a tierras fiscales en Bolivia, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).
De acuerdo con una base de datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la que este equipo de investigación tuvo acceso, entre 2013 y 2018 el Estado boliviano otorgó al menos 42 resoluciones de asentamiento para la creación de nuevas comunidades campesinas e interculturales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), fuerza política que gobernó el país entre 2006 y 2025.
Las tierras adjudicadas —ubicadas entre los municipios de Rurrenabaque, San Borja y Reyes— alcanzan una superficie total de 81.048 hectáreas, equivalentes a 810,48 kilómetros cuadrados. Se trata de una superficie ligeramente mayor que la de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que tiene 778,19 kilómetros cuadrados.
Estos nuevos asentamientos se distribuyen en una región atravesada por ríos estratégicos de la Amazonía boliviana, como el Beni, el Maniqui y el Yacuma, que eran ampliamente navegados por los ese ejjas y otros pueblos indígenas.
Mientras el Estado avanzaba con la dotación de tierras fiscales a campesinos e interculturales en el norte amazónico de Bolivia, la demanda territorial del pueblo indígena ese ejja de Eyiyoquibo quedó relegada por casi una década.
De hecho, junio de 2009 marcó un punto de inflexión en ese proceso. Ese mes, tras una serie de reuniones sostenidas en la sede de Gobierno, funcionarios del Viceministerio de Tierras y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) identificaron un área de 20.000 hectáreas para que sea la casa grande de los ese ejjas de Eyiyoquibo.
Alejandro Almaraz, quien entonces ejercía el cargo de viceministro de Tierras, detalla que la última reunión se desarrolló en su oficina y estuvo centrada exclusivamente en definir la ubicación del predio. La superficie fue consensuada con la dirigencia indígena y, según recuerda, “ya solo quedaba pendiente el trámite formal”.
Desde su perspectiva, la extensión acordada no era excesiva si se tomaba en cuenta las condiciones del terreno, ya que una parte significativa correspondía a zonas anegadizas.
La documentación a la que accedió este equipo periodístico confirma que esas 20.000 hectáreas se encuentran dentro del área de manejo integrado del Parque Nacional Madidi, en el municipio paceño de Apolo, cerca de Rurrenabaque y San Buenaventura. Y figuran como tierra fiscal con código catastral 02070166569004.
Pese a que el acuerdo estaba definido y solo restaba cumplir el trámite administrativo, el proceso se estancó. Entre 2009 y 2013, los líderes ese ejjas enfrentaron serias dificultades para reunir los requisitos exigidos por el INRA. La mayoría no sabía leer ni escribir y tenía un dominio limitado del idioma español, una barrera estructural que retrasó durante cuatro años la presentación formal de la documentación, finalmente ingresada el 27 de marzo de 2013.
Luego de eso, el INRA demoró ocho años en pronunciarse. Recién en 2021 emitió una resolución, pero lo hizo incumpliendo el acuerdo inicial. En lugar de las 20.000 hectáreas comprometidas, entregó a los ese ejjas solo 900 hectáreas, una superficie considerablemente menor y distante del territorio ancestral originalmente identificado.
¿Por qué no se les dotó con las 20.000 hectáreas en Apolo? Esa es una de las varias preguntas planteadas por este equipo periodístico a Eulogio Núñez, director nacional de esta institución, y al Viceministerio de Autonomías. Hasta el cierre de este reportaje, ni el funcionario ni el organismo respondieron a las solicitudes de información.
En medio del monte y lejos del río
Los ese ejjas recibieron la primera respuesta oficial a su solicitud de dotación de tierras el 12 de julio de 2021. Lejos de celebrar, aquel día sintieron más lejana la posibilidad de retornar a su casa grande ya que —con la resolución de asentamiento DGAT-RES N° 39/2021— el INRA los confinó a un área de 900 hectáreas en San Buenaventura, lejos de los ríos en los que tradicionalmente habían desarrollado su vida y cultura.
De este modo, 27 familias, con sus vidas como única pertenencia, fueron autorizadas para asentarse en Fortaleza (como se le ha denominado al predio). “Para llegar allá es necesario caminar dos días. Muy pocos hermanos cuentan con motocicletas”, explica Tórrez, que actualmente ocupa el cargo de tesorero en la nueva directiva de Eyiyoquibo.
Jhovanna Morales, experta en derecho agrario y ambiental de la Fundación Tierra, institución que apoya a este pueblo indígena desde 2015, explica que ha sido una odisea lograr el cumplimiento mínimo de los requisitos para el asentamiento en este lugar y que el INRA no revierta el predio, es decir, no lo devuelva al Estado.
Recuerda que, inicialmente, no solo se enfrentaron a la falta de caminos, sino a la imposibilidad de trasladar a las familias debido a la ausencia de medios de transporte. A esto se sumó la falta de recursos económicos para ejecutar proyectos agropecuarios que permitan demostrar la función social de la tierra en un plazo de dos años, uno de los requisitos de la normativa.
Pese a todas estas vicisitudes, el INRA emitió un informe favorable tras la inspección para verificar el cumplimiento de la función social del predio, por lo que, a la fecha, se espera que se haga efectiva “la resolución de dotación y el consecuente paso de la titulación”, sostiene Morales.
Predio avasallado
El 28 de marzo de 2025 el INRA dio luz verde para el inicio del proceso de dotación de un segundo predio en beneficio de los ese ejjas. Esta vez, autorizó que 67 familias se trasladen de Eyiyoquibo y se asienten en 1.141,8 hectáreas en Rurrenabaque, departamento de Beni.
Estas tierras están distribuidas en diferentes retazos y, al igual que el predio Fortaleza, se encuentran lejos de los afluentes que milenariamente han navegado. A esto se suma la agravante de que registran avasallamientos o asentamientos ilegales de tierras.
Un grupo de personas, conformado por 20 privados y tres comunidades de la Central Sindical de Trabajadores Campesinos Originarios de Rurrenabaque, afiliada orgánicamente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), reclama la propiedad de estas tierras, pese a no contar con ningún documento, tal como ellos mismos reconocen en un video publicado en las redes sociales del Gobierno Municipal de Rurrenabaque.
De acuerdo con la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras en Bolivia, los avasalladores son personas individuales o colectivas que invaden y ocupan ilegalmente tierras públicas, privadas, comunitarias o de áreas protegidas. Esta acción está tipificada como delito penal (avasallamiento y tráfico de tierras), cuya pena conlleva hasta ocho años de privación de libertad.
En el caso de las 1141,8 hectáreas, la misma resolución (DGAT-RES-AUT No 12/2025) con la que el INRA entregó esta superficie a los ese ejjas establece que, “de evidenciarse avasallamiento y/o tráfico de tierras fiscales en el área autorizada a la comunidad originaria e indígena ese Ese Ejja de Eyiyoquibo (Pie de Montaña), el INRA de oficio o por denuncia iniciará las acciones administrativas y/o penales contra los autores, cómplices, encubridores e instigadores”.
Se desconoce la fecha en que estos avasallamientos llegaron y las acciones ejecutadas por el INRA para resolverlo, debido a que esta institución no respondió a las reiteradas solicitudes de información.
Por su lado, la dirigencia de las tres comunidades campesinas y 20 privados que reclaman que el Estado les entregue esas tierras, anticiparon que no van a salir de allí. Tampoco van a permitir que sean dotadas a nadie más que a ellos porque —según dijeron— ya iniciaron las gestiones ante el INRA.
Otilia Rodríguez, ejecutiva de la Central Sindical de Trabajadores Campesinos Originarios de Rurrenabaque, después de haber pactado una entrevista con este equipo periodístico, se negó a concederla aseverando que “la parte legal” de esta organización campesina estaba preparando una defensa ante un posible desalojo.
Para el alcalde de Rurrenabaque, Elías Moreno Vargas, el causante de este problema es el INRA por “imponer gente de otros municipios”, en referencia a los ese ejjas de Eyiyoquibo, y por hacerlo sin coordinar con su autoridad. “No quiero discriminar a nadie, pero creo que nuestra gente merece tener un pedazo de tierra”, aseveró.
Cuando Moreno dice “nuestra gente” se refiere a los campesinos y privados que se niegan a salir de las tierras que el INRA entregó a los ese ejjas.
“No queremos conflictos”
Los ese ejjas de Eyiyoquibo han determinado que no iniciarán ningún asentamiento en tierras que estén en disputa con terceros. “No queremos conflictos, no queremos enfrentarnos con nuestros hermanos campesinos, somos un pueblo tranquilo”, dice Wilson Tórrez. “Lo que sí queremos es un territorio cerca del río”, agrega.
El exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, califica el proceder del INRA de “atentatorio contra la existencia misma de los ese ejjas y de las leyes creadas para protegerlos”, empezando por la Constitución Política del Estado.
Es su obligación, asevera Almaraz, hacer que los pueblos indígenas originarios tengan un territorio donde ancestralmente han habitado. Que el INRA les haya entregado predios alejado de los ríos, con el argumento de que no quedaba más tierra fiscal disponible, “no es en modo alguno un justificativo, ya que la ley agraria dispone que el Estado boliviano pueda expropiar tierras” en favor de pueblos indígenas originarios.
En su criterio, la vulneración de la que están siendo objeto los ese ejjas amerita el inicio de procesos a funcionarios del INRA que deben esclarecer por qué no se les dotó las 20.000 hectáreas de tierras fiscales a orillas de los afluentes donde milenariamente han navegado.
Almaraz, que fue parte de los primeros años del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2010, como viceministro de Tierras y tras su renuncia se convirtió en uno de sus más críticos, ve que el nuevo ciclo político que ha iniciado Bolivia con la asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente, en noviembre de 2025, debe tener como principal ganancia deshacerse de la impunidad, transparentar el INRA y hacerle justicia a los pueblos indígenas, como es el caso de los ese ejjas.
Sin embargo, las recientes medidas de reactivación económica impulsadas por la administración de Paz Pereira, mediante el Decreto Supremo 5503, desataron una fuerte ola de rechazo que obligó al Gobierno a derogar esta normativa porque, al menos seis de sus disposiciones, profundizaban la entrega y el despilfarro de los recursos naturales de Bolivia.
Entre los artículos más cuestionados estaba el 12, que hacía referencia a un procedimiento de aprobación expedita cuando se tratara de contratos de minería e hidrocarburos. Si en 30 días la entidad pública competente no emitía una resolución tras recibir la solicitud, se aplicaría el “silencio administrativo positivo” por lo que el contrato debía ser aprobado automáticamente.
Representantes de pueblos indígenas y defensores medioambientales a esto le llamaron abrirle las puertas al “despojo territorial, a la pérdida de medios de vida fundamentales como el agua y la invasión a las áreas protegidas”. Las voces de protestas se multiplicaron y a Rodrigo Paz Pereira no le quedó más alternativa que dar marcha atrás. Lo tuvo que hacer antes de que el polémico decreto cumpliera un mes de vida.
Colaboración en la reportería: Rafael Acuña Coaquira y Yolanda Mamani
Colaboración especial en investigación de campo: Fundación Tierra