Abogados y activistas coincidieron en que sin una depuración profunda de la Policía y sin una reforma estructural del sistema judicial, cualquier promesa de cambio corre el riesgo de quedarse en el terreno del discurso.
Fuente: ANF
Las denuncias apuntan a un entramado donde la corrupción, la tortura, la fabricación de culpables y la subordinación política se han normalizado durante las últimas dos décadas y siguen presentes en el actual gobierno.
Para Marina Vargas, activista y exvicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la administración de justicia es “el campo más complejo, oscuro y difícil de cambiar” del Estado. A su juicio, se trata de la columna vertebral de una democracia hoy convertida en una estructura con “raíces podridas” por la instrumentalización política sostenida en el tiempo.
“No se trata solo de promesas electorales o de cambiar autoridades; el problema es mucho más profundo”, advirtió en contacto con ANF.
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Vargas cuestionó la falta de operadores probos dentro del sistema y alertó que cualquier intento de reforma está condenado a fracasar si quienes investigan y juzgan mantienen viejas prácticas.
Denunció que la tortura sigue siendo utilizada como método de investigación para obtener resultados rápidos o generar una falsa sensación de eficacia. “Se detiene gente para simular que se está trabajando, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia”, señaló.
Sobre la Policía, institución clave en la investigación penal, fue tajante al describir una corrupción “muy grave”, con efectivos involucrados incluso en redes de narcotráfico. Si bien reconoció el discurso gubernamental de “cero corrupción”, aseguró que no percibe un “remesón” real que evidencie una limpieza profunda.
Citando al conflictólogo Juan Pablo Lederach, sostuvo que el problema debe mirarse “desde el balcón” para identificar su causa raíz: una corrupción enquistada como un cáncer, imposible de erradicar sin decisiones estructurales.
Desde el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Andrés Gautier coincidió en el diagnóstico y fue más allá. Afirmó que la tortura física y psicológica se ha convertido en un método casi “estándar” de investigación ante la incapacidad de la Policía para realizar indagaciones científicas.
“Hay una alianza tácita entre la Policía y el sistema judicial para mirar a otro lado cuando se denuncia tortura”, sostuvo en declaraciones a ANF. Según Gautier, fiscales y jueces terminan validando confesiones obtenidas bajo coacción para cerrar casos con rapidez, mientras se ignora o se pasa por encima del trabajo pericial y los protocolos forenses.
Esta lógica, advirtieron los especialistas, desemboca en la fabricación de culpables. Tanto Gautier como el abogado Eusebio Vera señalaron que, bajo presión política o social, la Policía busca “chivos expiatorios” para calmar a la opinión pública tras hechos violentos.
Vera sostuvo que esta práctica se explica por una sumisión casi absoluta del órgano judicial y policial al órgano ejecutivo durante los últimos 20 años. “La Policía ha actuado como brazo ejecutor de un sistema que ejerce control institucional total”, afirmó, lo que vuelve prácticamente imposible una defensa efectiva cuando el Estado es parte acusadora.
Para Vera, la corrupción no solo se expresa en sobornos o cobros ilegales, sino también en el incumplimiento deliberado de la Constitución y las leyes. “Los efectivos conocen perfectamente las prohibiciones contra la tortura y el abuso de poder, pero actúan al margen de la norma porque se sienten protegidos por el sistema político”, explicó a ANF.
El abogado Francisco Pacheco aportó otra arista al problema al denunciar las incoherencias lógicas y periciales en informes policiales que han servido para sentenciar a personas inocentes. A su juicio, la precariedad técnica y la manipulación de pruebas evidencian que el objetivo no es esclarecer la verdad, sino construir un relato que justifique una condena previamente definida.
La mirada más pesimista la ofreció el abogado Guillermo Llacsa, quien aseguró que la justicia está “peor que antes” y que muchos operadores se sienten “dueños” del sistema. Denunció la existencia de cupos que jueces y fiscales deben pagar cada seis meses para mantenerse en sus cargos, así como la compra directa de puestos judiciales.
“Eso garantiza protección e impunidad”, afirmó el jurista a ANF.
Llacsa criticó que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira no toque ni a jueces ni a policías y sostuvo que las promesas de crear cárceles para operadores corruptos son motivo de burla dentro del propio sistema judicial.
Pese a matices en el nivel de optimismo frente a las promesas oficiales, los entrevistados coincidieron en que la corrupción judicial en Bolivia es estructural y sistémica. Sin una purga real en la Policía, sin independencia judicial y sin un cambio profundo en las prácticas de investigación, la justicia seguirá siendo, para amplios sectores de la población, una ficción.
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