Misael Poper
En Bolivia la justicia se ha vuelto, para demasiadas personas, un lugar donde la verdad compite en desventaja contra el trámite, la influencia o el dinero. No es una impresión caprichosa ni una exageración retórica. Es una sensación social que se alimenta de casos reiterados, de decisiones incomprensibles para el sentido común y de una experiencia cotidiana marcada por la demora, la opacidad y la impunidad selectiva. La crisis no se limita a fallas técnicas del sistema. Es, sobre todo, una crisis ética y axiológica, una ruptura del orden de valores que debería sostener a la función judicial.
Una sociedad acepta someterse a jueces no porque los considere infalibles, sino porque supone que actúan bajo reglas, con razones públicas y con un mínimo de integridad. Esa es la promesa silenciosa del Estado de derecho. Cuando esa promesa se rompe, la justicia deja de ser un servicio público y empieza a parecerse a un mercado de decisiones, donde el resultado depende de quién presiona más, quién paga mejor o quién tiene contactos. En ese punto, la ley ya no funciona como un límite al poder, sino como un instrumento disponible para el poder.
Los casos que se han acumulado en los últimos años muestran un patrón que conviene mirar sin ingenuidad. Hay decisiones de ejecución penal que, bajo argumentos de salud u otras justificaciones, han favorecido a personas condenadas por delitos gravísimos. Hay investigaciones por consorcios en los que confluyen abogados, operadores, personal de apoyo y autoridades que convierten el proceso en una red de favores. Hay denuncias de extorsión desde el propio despacho judicial. Hay desaparición o manipulación de expedientes. Cada hecho, aislado, podría explicarse como desviación individual. Pero cuando se repite con distintas personas, en distintos juzgados y con modalidades similares, lo razonable es admitir que estamos ante fallas estructurales y ante una cultura institucional que tolera demasiado.
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El daño no es abstracto. Cuando una resolución irregular abre la puerta para que personas peligrosas recuperen libertad o ventajas indebidas, el sistema no solo incumple la ley, también incumple un deber moral elemental de cuidado con la comunidad y de respeto con las víctimas. La justicia no es neutral cuando decide sin fundamentos sólidos o cuando sus errores, negligencias o corrupciones se traducen en nuevas vulneraciones. El argumento de que todo se corrige en instancias superiores suena bien en la teoría, pero en la vida real la reparación llega tarde o no llega. Y el costo lo pagan quienes menos recursos tienen para sostener litigios largos.
Desde una mirada ética, la función judicial está atravesada por deberes que no se pueden relativizar. El primero es la imparcialidad, porque sin imparcialidad no hay juicio, hay transacción. El segundo es la diligencia, porque una justicia lenta o descuidada es una forma de injusticia. El tercero es la responsabilidad, porque un juez no puede tratar sus decisiones como si fueran meros papeles sin consecuencias humanas. Cuando estos deberes se negocian, el cargo pierde sentido. La toga deja de representar autoridad moral y pasa a ser un uniforme que disimula privilegios.
La axiología ayuda a entender por qué el problema es tan corrosivo. En un sistema sano, los valores superiores son la dignidad humana, la igualdad ante la ley, la verdad procesal y la seguridad jurídica. En un sistema enfermo, esos valores se invierten. La dignidad se subordina a la conveniencia. La igualdad se subordina a la cercanía o a la influencia. La verdad se subordina a la estrategia. La seguridad jurídica se subordina a la incertidumbre negociada. Cuando esa inversión se vuelve práctica habitual, la ciudadanía deja de creer que la justicia sea un espacio de razones y empieza a verla como una arena de fuerzas. Y cuando el ciudadano siente que solo gana quien puede comprar o presionar, aparece la tentación de la desobediencia, del “arreglo por fuera”, de la justicia por mano propia o de la resignación cínica. En todos los casos, la convivencia se deteriora.
A la crisis ética se suma una crisis institucional de control. La disciplina judicial, cuando existe, se enfrenta a un dilema: debe sancionar para proteger a la ciudadanía, pero también debe respetar garantías para no convertirse en instrumento de persecución. Ese equilibrio es delicado y en Bolivia suele romperse hacia los extremos. A veces, se protege tanto la independencia que se termina permitiendo impunidad, como si la independencia fuera un escudo personal y no una condición de la justicia. Otras veces, se castiga sin la debida consistencia procedimental, abriendo la puerta para que todo se anule, se frene o se judicialice eternamente. El resultado es el peor de los mundos: la ciudadanía percibe que la sanción no llega, y los operadores perciben que siempre hay un camino para eludir consecuencias.
También es importante decir lo que suele evitarse por incomodidad. La corrupción judicial rara vez opera sola. Se asienta sobre condiciones que la facilitan. Cargas procesales excesivas, precariedad administrativa, tecnología insuficiente, rotación de personal, falta de trazabilidad de expedientes, ausencia de auditorías inteligentes, selección y evaluación poco transparentes, e interferencias políticas o corporativas que degradan la meritocracia. Ninguno de estos factores justifica la corrupción, pero sí explica por qué florece y por qué se vuelve resistente al cambio. Cuando el sistema es opaco, el abuso se esconde con facilidad. Cuando la información no se registra de forma robusta, el expediente se vuelve una moneda. Cuando la carrera judicial no premia integridad y competencia, se premia lealtad.
El punto más peligroso de esta crisis es que normaliza una idea: que la justicia es un recurso para unos y un obstáculo para otros. Eso rompe el principio republicano básico de que la ley debe ser la misma para todos. Y cuando ese principio se rompe, todo lo demás empieza a desordenarse. La política se judicializa, la justicia se politiza, y el ciudadano queda atrapado en una guerra de poderes donde su derecho importa menos que el cálculo de los actores.
¿Qué debería cambiar si se quiere una reforma que no sea cosmética? Primero, la transparencia tiene que ser real. No basta con discursos de depuración. Se necesita información accesible y comprensible sobre el desempeño institucional, sobre los procesos disciplinarios, sobre los tiempos de resolución, sobre patrones de decisiones en áreas sensibles, y sobre sanciones efectivas. La opacidad es el mejor aliado del abuso. Segundo, la trazabilidad del expediente debe ser tecnológica y verificable, de modo que perder documentos o manipular trámites no sea sencillo ni discreto. Tercero, las zonas de mayor riesgo, como ejecución penal y medidas cautelares, requieren estándares reforzados de motivación, controles cruzados, verificación rigurosa de informes y auditorías periódicas que no dependan de denuncias tardías. Cuarto, la carrera judicial tiene que blindarse con meritocracia y evaluación seria, incluyendo ética aplicada, gestión y control de conflictos de interés. No como formalidad, sino como criterio real de permanencia y ascenso. Quinto, la independencia debe coexistir con rendición de cuentas, porque independencia sin control se vuelve privilegio, y control sin garantías se vuelve persecución.
Nada de esto es fácil, pero sí es indispensable si se quiere recuperar la idea de justicia como bien público. La justicia no se salva con escándalos, porque el escándalo dura un día y la cultura institucional permanece. Se salva con reglas claras, con incentivos correctos y con controles que funcionen incluso cuando incomodan a los poderosos o a las redes internas.
Al final, la pregunta no es solamente cuántos casos existen o cuántos operadores fueron investigados. La pregunta decisiva es qué tipo de comunidad quiere ser Bolivia. Una donde la ley sea un límite común y una promesa de trato digno, o una donde la ley sea un lenguaje para justificar arreglos. Si la justicia pierde su brújula moral, el país no solo pierde tribunales confiables. Pierde el suelo ético que permite creer en la convivencia. Y sin ese suelo, cualquier proyecto de futuro se vuelve frágil, porque nadie construye en serio donde todo puede comprarse o torcerse.