Por: Alberto Menacho
En el escenario político boliviano actual, pareciera que para aspirar a un cargo electivo no es imprescindible haber gestionado, planificado o administrado nada relevante. En cambio, resulta casi condición necesaria ser conocido: haber pasado por un set de televisión, tener presencia constante en la radio, dominar TikTok, acumular seguidores en redes sociales o haber protagonizado algún episodio de alto impacto mediático. La visibilidad, más que la capacidad, se ha convertido en el principal capital político.
No se trata de demonizar la comunicación ni de negar la importancia de saber transmitir ideas. La política, naturalmente, necesita de voceros claros y cercanos. El problema aparece cuando la forma suplanta al fondo; cuando el carisma reemplaza a la competencia; cuando la popularidad se confunde con idoneidad.
Gobernar no es improvisar. Administrar una ciudad, un municipio, un departamento o un país exige conocimientos técnicos, experiencia en gestión, capacidad de tomar decisiones complejas y, sobre todo, comprensión profunda del funcionamiento institucional. Las instituciones públicas no son una escuela, ni un taller de aprendizaje sobre la marcha, ni un postgrado experimental para novatos bien intencionados. Son estructuras que sostienen derechos, servicios, infraestructura y el futuro de millones de personas.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Sin embargo, asistimos con frecuencia a candidaturas construidas sobre la fama momentánea, el escándalo viral o la narrativa emocional de corto alcance. Se premia al que grita más fuerte, al que polariza mejor, al que logra mayor alcance digital, mientras se deja en segundo plano la pregunta esencial: ¿está esta persona preparada para gestionar?
La gestión pública no admite ensayo y error permanente. Cada decisión mal tomada tiene costos reales: obras inconclusas, recursos mal utilizados, oportunidades perdidas, ciudades que se deterioran y ciudadanos que pagan el precio de la improvisación. Gobernar no es “aprender haciendo” cuando lo que está en juego es el bienestar colectivo.
Elegir autoridades debería ser un acto de responsabilidad cívica profunda. Implica evaluar trayectorias, capacidades, equipos técnicos, planes concretos y viables. Implica preguntarnos si el candidato entiende la institución que aspira a dirigir, si conoce sus límites legales, sus posibilidades reales y sus obligaciones.
La democracia se debilita cuando confundimos espectáculo con liderazgo y popularidad con solvencia. No todo buen comunicador es un buen gestor. No todo rostro conocido está preparado para administrar lo público. Y no todo discurso emotivo garantiza resultados.
En tiempos electorales, tal vez el desafío más grande para la ciudadanía sea resistir la seducción de lo inmediato y apostar por lo competente. Exigir preparación no es elitismo; es sentido común. Pedir experiencia no es cerrar la puerta a la renovación; es evitar que la renovación se convierta en improvisación.
Porque gobernar no es actuar, no es improvisar, no es experimentar. Gobernar es gestionar. Y la gestión exige capacidad, conocimiento y responsabilidad.