Los verificativos defensoriales evaluaron tres parámetros: las condiciones físicas del establecimiento (infraestructura), equipamiento y la seguridad en los establecimientos.
Varias unidades educativas presentan deficiencias en infraestructura. FOTO: Defensoría del Pueblo
En 113 visitas que realizó la Defensoría del Pueblo a varias unidades educativas del país, las quejas de los padres de familia estuvieron vinculadas a deficiencias en infraestructura.
El informe defensorial señala que de 68 infraestructuras educativas verificadas, el 50% presentan filtraciones en los techos y el 47% registra humedad en las paredes.
Un 38% presenta problemas con grietas y rajaduras en las paredes y el 21% presenta techos con riesgo de derrumbe.
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El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que esta situación representa un riesgo latente a la integridad de niñas, niños y adolescentes, de forma particular en los municipios de Trinidad, Tarabuco, Villa Tunari. Caranavi, Cobija, Potosí, Llallagua, Villazon. Santa Cruz de La Sierra, Puerto Suárez y Yacuiba.
SANEAMIENTO BÁSICO
Respecto del saneamiento básico, solo el 1.5% (una unidad educativa) cuenta con baños en muy buen estado y 21% en buen estado. Mientras que en el 65% están en estado regular y en 13% en mal estado.
“Alarma que, en dos unidades educativas, una en Riberalta y otra en Puerto Suárez, no se cuenten con baños diferenciados por sexo, lo que afecta la privacidad y dignidad de los estudiantes”, señala una nota institucional.
En cuanto al equipamiento se advirtió que el 57% de establecimientos verificados cuentan con pupitres en estado regular. Un 10% en mal estado, el 31% en buen estado y el 1,5%; es decir solo una unidad educativa, presenta pupitres en muy buen estado.
El acceso a servicios básicos y tecnología, el 54% de las unidades educativas carece de acceso al servicio de internet; el 43% no tiene salas de computación.
Aunque la cobertura eléctrica es total, el 44% de los establecimientos presenta conexiones defectuosas con cables sueltos, lo que representa un peligro latente para los estudiantes.
Un 4%, dos unidades educativas en Trinidad y Riberalta no cuentan con el servicio de agua potable.
El informe de la Defensoría señala que en total se recibieron 143 denuncias por presuntas vulneraciones al derecho a la educación. Además de las deficiencias en la infraestructura, se verificó otras vulneraciones como cobros irregulares y restricciones al acceso por razones económicas o administrativas.
RIESGOS
Asimismo, advirtió riesgos a la integridad física de niñas, niños y adolescentes, tras una verificación nacional a 68 unidades educativas (62 urbanas y 6 rurales) fiscales y de convenio, en 22 municipios del país.
“Compartirles nuestra profunda preocupación como Defensoría del Pueblo. A pesar de nuestro trabajo permanente y las acciones realizadas al inicio y durante el periodo de clases, incidiendo en los gobiernos municipales para mejorar la infraestructura educativa, no se tuvo la previsión necesaria para abordar las deficiencias que ahora se están replicando», dijo el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La verificación se realizó a nivel nacional entre el 19 y el 23 de enero.
Los verificativos defensoriales evaluaron tres parámetros: las condiciones físicas del establecimiento (infraestructura), equipamiento y la seguridad en los establecimientos.
El Defensor del Pueblo informó que se tomó contacto con los gobiernos autónomos municipales para que asuman las recomendaciones sobre la infraestructura educativa.