Desde una licitación «dirigida» en 2017 hasta un edificio con filtraciones, la denuncia penal -admitida por la Fiscalía- revela cómo el Estado boliviano pagó millones por un predio que no cumplía con los requisitos técnicos mínimos.
Surgen observaciones a los terrenos y edificio de la Aduana en Tarija
Una denuncia penal presentada por autoridades del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos han destapado una red de irregularidades, sobreprecios y procedimientos viciados en la adquisición de un terreno y la posterior construcción del nuevo edificio de la Gerencia Regional de la Aduana Nacional en Tarija. De acuerdo con la documentación presentada ante la Fiscalía, el daño económico al Estado supera los 9 millones de bolivianos, solo en la fase de construcción.
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La denuncia, fue presentada y admitida en la Fiscalía Departamental de Tarija, apunta a tres personas: Karina Liliana Serrudo Miranda, ex presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional (2020–2025); Roye Augusto Rueda Pardo, representante legal de la empresa constructora Asociación Accidental Guadalquivir; y José Ricardo Rivera Cisneros, vendedor del terreno donde se emplaza la obra.
Según el detalle del proceso, el monto total de recursos públicos comprometidos —que incluye la compra del terreno, la construcción del edificio y la supervisión— asciende a Bs 26.391.056,50, cifra que ha encendido las alertas de las instancias de control estatal.
Sobre este tema, El País intentó contactar a la expresidenta de la Aduana, sin embargo, Serrudo no contestó su teléfono.
Primer capítulo: la compra del terreno
La historia se remonta a 2017, cuando la Aduana Regional Tarija convocó a la licitación GRT-LP-N° 004/2017 para la compra de un terreno de al menos 1.000 metros cuadrados. Desde ese primer proceso, la denuncia identifica una serie de irregularidades que habrían favorecido al mismo proveedor.
En la primera convocatoria, José Ricardo Rivera Cisneros presentó una propuesta que fue rechazada y declarada desierta el 24 de agosto de 2017 por no cumplir los requisitos establecidos en el Documento Base de Contratación (DBC). No obstante, apenas 42 días después, en una segunda convocatoria, Rivera volvió a presentarse y terminó siendo adjudicado.
Lo llamativo, según la denuncia, es que en ese segundo proceso compitió con la empresa PRIDE Consultoría y Construcciones S.R.L., que ofertó Bs 1.816.513,27, mientras que Rivera propuso un precio de Bs 2.784.000, casi un millón de bolivianos más. Pese a ello, la Comisión de Calificación descalificó a la propuesta más barata por supuestas observaciones técnicas y eligió la oferta más onerosa.
El contrato fue firmado el 30 de noviembre de 2017 para la compra de 1.970,75 m² (Matrícula N° 6011280004700). Sin embargo, la denuncia sostiene que Rivera no era propietario legal de una parcela individualizada de al menos 1.000 m², como exigía la licitación, ya que se trataba de un lote mayor sin subdivisión técnica ni planos aprobados por el Gobierno Municipal.
Además, el contrato establecía un plazo de 25 días para la entrega legal del inmueble, que debía cumplirse hasta el 24 de diciembre de 2017. No obstante, el terreno fue entregado físicamente recién el 28 de diciembre, y la inscripción en Derechos Reales a nombre del Estado se concretó recién el 12 de noviembre de 2019, casi dos años después, bajo una nueva matrícula y por una superficie reducida a 1.000 m².
A esto se suman observaciones técnicas de fondo: el terreno, ubicado en el barrio Germán Busch (sobre la avenida La Banda), solo cuenta con un acceso vehicular cuando se exigían dos; tiene una forma angosta poco funcional para una institución pública; se encuentra próximo a la quebrada Sagredo, en una zona de alto riesgo de inundación; y no habría cumplido con las cesiones de áreas verdes y equipamiento exigidas por normativa municipal.
Por estos hechos, Rivera Cisneros es denunciado por el delito de Incumplimiento de Contratos (artículo 222 del Código Penal), al haber vendido un bien que no cumplía con las condiciones técnicas ni legales pactadas, recibiendo el pago total pese a las observaciones.
Segundo capítulo: sobreprecio en la obra
Siete años después, ya bajo la administración de Karina Serrudo, se impulsó la construcción del nuevo edificio de la Aduana Regional Tarija sobre el terreno cuestionado.
En septiembre de 2024, se convocó a la licitación para la “Construcción de Oficinas para la Gerencia Regional Tarija”, en la que participaron tres empresas. Según la denuncia, la Asociación Accidental Guadalquivir obtuvo una calificación casi perfecta: pese a registrar 19,53 sobre 20 puntos en la evaluación de requisitos, recibió 80 puntos sobre 80 en la propuesta técnica, alcanzando un total de 99,53 puntos, apenas por encima de sus competidores. Para los denunciantes, este resultado evidencia un presunto direccionamiento del proceso.
El contrato se firmó por Bs 21.992.304,03, monto que, de acuerdo con peritajes citados en la denuncia, presenta un sobreprecio significativo. Mientras el costo referencial del metro cuadrado de una construcción de calidad en Tarija no superaría los Bs 3.500, el edificio de la Aduana alcanza un costo de Bs 6.247,81 por m², lo que representa un sobreprecio estimado del 56%, equivalente a al menos 9 millones de bolivianos.
La denuncia también revela que la obra habría iniciado sin planos aprobados por el Gobierno Municipal de Tarija, en contravención a la normativa vigente, y en una ubicación que contradice el Plan de Uso de Suelo, que establece que las nuevas instituciones públicas deben emplazarse en el sector norte de la ciudad y no en áreas congestionadas del casco urbano.
Desde el punto de vista técnico, se advierten deficiencias estructurales graves. Por las características del suelo arcilloso y la presencia de nivel freático, la cimentación con zapatas sería inadecuada, debiendo haberse optado por una losa fundacional. Actualmente, se reportan filtraciones permanentes de agua en el subsuelo del edificio.
A ello se suma el incumplimiento de plazos. La obra tenía un plazo original de 284 días, con vencimiento el 5 de agosto de 2025, y recibió una ampliación de 21 días. Sin embargo, a enero de 2026, el proyecto registraba un retraso considerable.
Por estos hechos, Serrudo Miranda y Rueda Pardo fueron denunciados por los presuntos delitos de Incumplimiento de Deberes (art. 154) y Conducta Antieconómica (art. 224), al haber autorizado y ejecutado una obra con sobreprecio, en un terreno inadecuado y sin cumplir las normas técnicas y urbanísticas, generando un presunto daño económico al Estado.
Petitorio y próximos pasos
Los denunciantes —el viceministro Yamil García, el director general Iván Vaca y la responsable departamental Gloria Garzón— solicitaron a la Fiscalía una serie de diligencias urgentes, entre ellas: Requerir a la Aduana Nacional toda la documentación contractual de la compra del terreno y la construcción.
Además, de ealizar una inspección ocular técnica al inmueble para verificar las irregularidades denunciadas; emitir la imputación formal y solicitar medidas cautelares contra los presuntos responsables.
El País visitó el lugar en donde se construyó el edificio de la Aduana, pero no pudo ingresar al interior. Sin embargo, se pudo observar a trabajadores retirar en un camión y una camioneta algunas de las herramientas utilizadas para la construcción.