El médico Jhiery Fernández, protagonista de uno de los casos más emblemáticos de injusticia en Bolivia, recordó que fue Blanco, entonces fiscal departamental de La Paz, quien “orquestó y armó” el proceso penal que lo llevó a pasar casi cuatro años en prisión por un delito que no cometió. “Los pasillos judiciales son pasillos del infierno. Ahí no se busca justicia, se ejecutan decisiones políticas”, subrayó
Fuente: ANF / La Paz
El médico Jhiery Fernández, protagonista de uno de los casos más emblemáticos de injusticia en Bolivia, denunció un nuevo episodio de encubrimiento judicial tras conocerse que jueces decidieron apartar al exfiscal Edwin Blanco del proceso iniciado en su contra por las irregularidades cometidas en el denominado caso del bebé Alexander. Fernández afirmó que esta decisión confirma la persistencia de un sistema que protege a quienes, desde el poder, vulneraron derechos fundamentales.
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Fernández recordó que fue Blanco, entonces fiscal departamental de La Paz, quien “orquestó y armó” el proceso penal que lo llevó a pasar casi cuatro años en prisión por un delito que no cometió. “Los pasillos judiciales son pasillos del infierno. Ahí no se busca justicia, se ejecutan decisiones políticas”, sostuvo el médico al relatar el calvario que vivió desde su detención en 2014 hasta su liberación en 2018.
Según Fernández, pese a los memoriales y denuncias presentadas ante el anterior Ministerio de Justicia, el sistema terminó “premiando” a Blanco, quien en 2021 fue designado juez de Sentencia. “Mis denuncias evitaron que sea Fiscal General, pero el sistema le devolvió el favor dándole un juzgado”, afirmó en el programa Sin Concesiones de radio Fides. Para el médico, la reciente decisión judicial de apartarlo del proceso penal confirma que existe una protección corporativa dentro del aparato judicial.
El galeno también cuestionó duramente el rol del anterior Ministerio de Justicia, al que calificó como un “brazo operativo de opresión” que no buscaba esclarecer la verdad, sino presionar y hostigar a jueces para que actúen conforme a los intereses del poder político de turno. “No era un ministerio para garantizar derechos, era un mecanismo de control”, denunció.
A pesar de haber recuperado su libertad tras revelarse un audio en el que la jueza Patricia Pacajes admitía que lo condenó sin pruebas, Fernández aseguró que no ha recibido ningún resarcimiento económico ni reparación integral por los años que pasó encarcelado injustamente. “Mi vida fue destruida y el Estado no ha hecho absolutamente nada para reparar ese daño”, lamentó.
Ante los recientes reveses judiciales y la exclusión de Blanco del proceso, Fernández anunció que encaminará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la vulneración de sus derechos y la violencia institucional ejercida en su contra. Señaló que su lucha no es solo personal, sino que busca visibilizar la situación de miles de personas que permanecen en detención preventiva sin sentencia, en condiciones precarias y sin acceso real a la justicia.
Antecedentes
El caso se remonta a noviembre de 2014, tras la muerte del bebé Alexander en una casa de acogida de La Paz. Pese a la falta de pruebas científicas, el Ministerio Público, encabezado por Edwin Blanco y la fiscal Susana Boyán, acusó a Jhiery Fernández de violación seguida de muerte. En 2018 fue condenado a 20 años de prisión, hasta que un audio filtrado reveló que la jueza del caso reconocía su inocencia, lo que derivó en su liberación.
Posteriormente, el Ministerio Público inició procesos contra Blanco y Boyán por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Sin embargo, las audiencias han sido postergadas reiteradamente y, ahora, la exclusión de Blanco del proceso reaviva las denuncias de impunidad y encubrimiento en uno de los casos más graves de la justicia boliviana.