La propuesta debe ser nuevamente considerada en la Cámara de Diputados, pasar por comisiones y, posteriormente, ser remitida a la Cámara de Senadores para su eventual sanción.
Fuente: ANF
La ley integral contra la tortura deberá reiniciar su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional debido al inicio de una nueva legislatura. Así lo informó el diputado Marcelo Soliz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien explicó que, por procedimiento, todo proyecto que no haya sido aprobado en la gestión anterior debe volver a “foja cero”.
Soliz precisó que la normativa parlamentaria establece que, cuando un proyecto queda pendiente, su reposición implica retomar el trámite desde el inicio del ciclo legislativo. Esto significa que la propuesta debe ser nuevamente considerada en la Cámara de Diputados, pasar por comisiones y, posteriormente, ser remitida a la Cámara de Senadores para su eventual sanción.
Pese a este reinicio formal, el legislador aseguró que el proyecto ya registra avances. Indicó que la Comisión de Derechos Humanos repuso la iniciativa hace aproximadamente dos semanas, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, lo que permite reactivar el debate legislativo sobre una norma largamente demandada por organismos nacionales e internacionales.
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En cuanto a las perspectivas, Soliz señaló que existe voluntad política para viabilizar la aprobación de la ley. Según sus estimaciones, tras el tratamiento en comisiones y los cabildeos necesarios con otras bancadas, el proyecto podría llegar al pleno camaral en un plazo aproximado de dos a tres meses.
La ausencia de una ley específica contra la tortura ha sido una deuda histórica del Estado boliviano. Desde hace más de una década, organismos internacionales han exhortado al país a adecuar su legislación interna a los estándares internacionales. Bolivia ratificó la Convención contra la Tortura en 1999 y su Protocolo Facultativo en 2006; sin embargo, no aprobó una norma integral que tipifique, sancione y prevenga este delito.
En 2013, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por esta omisión, observación reiterada en evaluaciones posteriores. En 2019, durante la presentación del informe periódico del Estado, organizaciones de derechos humanos denunciaron la persistencia de prácticas de tortura y altos niveles de impunidad.
En diciembre de 2023, la sociedad civil impulsó un nuevo proyecto de ley integral y, entre enero y marzo de 2025, en el marco del Examen Periódico Universal, varios Estados reiteraron la recomendación de aprobar y promulgar esta norma.