La mandataria encargada precisó que no serán beneficiados «aquellos procesados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos».
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: Facebook Delcy Rodríguez
Fuente: RT
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció este viernes que someterá a consideración de la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía general, en interés de «cerrar las heridas» que han dejado la «violencia política» y el «extremismo» desde 1999 al presente.
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«Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión para la Revolución Judicial y al programa para la Convivencia Democrática y la Paz, para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional», informó la mandataria en un acto a propósito del inicio del año judicial.
A ese respecto, expresó su deseo de que la normativa –discutida en el seno del alto mando político de la Revolución bolivariana y que cuenta con la venia del presidente Nicolás Maduro– «sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y desde el extremismo; que sirva para reencausar la justicia […] y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas».
Exhortó asimismo a los beneficiarios por medidas de excarcelación a que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio». «Estamos dando una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias, que las hay», en el marco del respeto mutuo y a la observancia de la ley y la Justicia, apuntó.
Rodríguez aclaró que, de conformidad con lo estipulado en la Constitución local, la iniciativa excluye a quienes están incursos en delitos graves, concretamente a «aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos».
En sus reflexiones, la dignataria interina llamó la atención sobre la así llamada «criminalización de la pobreza», al referir que en Venezuela, 68,8 % de los privados de libertad provienen de entornos empobrecidos, mientras que solo el 1,14 procede del estrato socioeconómico más rico, lo que da cuenta de la existencia «un componente de selectividad socioeconómica» en la aplicación de la ley.
«Yo les pido que le demos un giro a esta realidad, que el Estado venezolano tenga intervención social y económica para la prevención del delito. Y pido también […] medidas alternativas al castigo y a la punición […], en el marco de una categorización de los delitos», solicitó.
Tras esta exposición, hizo pública la convocatoria a «una gran consulta nacional» cuyo propósito será la construcción de un «nuevo sistema de justicia». La iniciativa estará a cargo de la Comisión de la Revolución por la Justicia, que encabeza el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
«Hay espacios donde los venezolanos y las venezolanas podemos seguir andando y dando pasos firmes, en cohesión y en unión nacional. Y la justicia es un espacio para la unión nacional, porque es la justicia para la tutela de los derechos de todas las venezolanas y venezolanos, sin distingo de clase social, acceso a poderes de ningún tipo. Es el concepto de justicia universal que debe tener un país para sostenerse», alegó.
Para concluir, anunció que las instalaciones de El Helicoide, empleadas hasta ahora como centro de detención, se convertirán «en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas» a ese recinto.