Lo que Bolivia debe aprender de la historia para su reconstrucción luego del MAS
Los cambios de régimen suelen esperanzar despertares económicos. En Bolivia, la caída por la vía democrática del MAS, tras dos décadas en el poder, ha generado precisamente esa expectativa. Los votantes castigaron a un régimen que, en su decadencia, presidió una inflación galopante, el aumento de la pobreza, una corrupción generalizada y el vaciamiento de las instituciones democráticas. Tras años coqueteando con los peldaños más bajos de los índices de democracia —calificada como régimen híbrido, autocracia electoral o autoritarismo competitivo—, Bolivia evitó por poco el resbalón a la autocracia a secas. El nuevo gobierno no sólo heredó un país en crisis, sino uno en que ciudadanos y agentes económicos esperan que las reglas del juego cambien de manera tangible.
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La historia sugiere que los cambios de régimen son decisivos desde el punto de vista económico, aunque no siempre beneficiosos. La academia lleva tiempo tratando de comprender qué efectos tiene la inestabilidad política en el crecimiento económico: sus primeros estudios dieron resultados pesimistas. En la década de 1990, Alberto Alesina y sus coautores demostraron que los cambios de gobierno frecuentes estaban asociados a un crecimiento más lento. Robert Barro descubrió que las revoluciones y los golpes de Estado frenaban la inversión al debilitar los derechos de propiedad. La inestabilidad política parecía, en líneas generales, perjudicial para la economía. Sin embargo, esas generalidades ocultaban una gran varianza. Corea del Sur después de 1987 y Polonia después de 1989 tropezaron, pero se recuperaron. Bolivia, que tropezó en 1982, supo despegar a partir de 1985. Conmociones políticas similares produjeron resultados incluso totalmente opuestos.
La democracia por sí sola no explica dicha divergencia. Las transiciones democráticas en Ecuador o Rumania, por ejemplo, no lograron impulsar el crecimiento. Como demostró Alesina, las democracias no obtienen resultados superiores a las autocracias durante períodos de inestabilidad. Lo que importa es si una ruptura convence a los agentes económicos de que las reglas realmente han cambiado y que perdurarán. En 1991, Dani Rodrik sostuvo que la incertidumbre sobre la longevidad de las reformas puede disuadir la inversión, aun cuando las políticas económicas parecen razonables sobre el papel. El reto de Bolivia radica precisamente en este dilema. Las elecciones sacaron al MAS del poder, mas existe escepticismo sobre si, en apenas cinco años, sus frágiles instituciones podrán ser reconstruidas y sus fuerzas antidemocráticas —con alta capacidad de paralizar el país—, desmanteladas; y si en su desmantelamiento no se fertiliza el terreno para su retorno.
En Chile, después de 1990, la democracia regresó, y el nuevo gobierno de centroizquierda conservó el marco macroeconómico que heredó. La disciplina fiscal, los mercados abiertos y el respeto a los derechos de propiedad tranquilizaron a los agentes económicos respecto a la estabilidad de las reglas; el crecimiento se mantuvo. Pero la lección histórica no es la continuidad ideológica, sino la credibilidad a largo plazo. Las nuevas autoridades de Bolivia deben decidir qué arreglos institucionales deben conservarse y cuáles deben abandonarse, aprovechando consensos preexistentes en las mayorías o generando nuevos mediante el debate público. Eso es lo que produce, en última instancia, reglas con legitimidad.
«Un cambio de régimen sólo genera cambios económicos positivos si es capaz de producir credibilidad».
Serbia, en el 2000, muestra cómo un cambio de régimen puede restablecer las expectativas. El nuevo gobierno se incorporó al FMI y a la Unión Europea rápidamente, reabrió el comercio y estabilizó la macroeconomía. La inflación, de casi 50 por ciento, se redujo a la mitad; el crecimiento superó el 6 por ciento anual. Mientras las primeras reformas confirmaban un giro real, se fueron trabajando las reformas estructurales, que llegaron más tarde. Con la eliminación del subsidio a los combustibles, Bolivia ya envió una señal clara de transición del caos económico hacia la estabilización. Ahora toca generar los consensos legislativos necesarios para las profundas reformas institucionales, tanto políticas como económicas, que exigen los agentes económicos para confiar en Bolivia a largo plazo.
Por su parte, Túnez, después del 2011, ilustra el peligro de hacer demasiado poco. Cayó un dictador, se celebraron elecciones y se redactó una constitución democrática. No obstante, los gobiernos venideros pospusieron las decisiones económicas difíciles, se concentraron en la reproducción del poder y permitieron que resurja la corrupción. Así, la confianza se derrumbó. Pero el peor resultado es el de Libia: un cambio de régimen sin un Estado soberano sobre su propio territorio. Sin una autoridad creíble capaz de recaudar impuestos, dar un marco normativo estable y hacer cumplir los contratos, la gestión económica se vuelve imposible. Las instituciones importan porque demarcan las reglas del juego económico.
Todo esto apunta a una conclusión sencilla: un cambio de régimen sólo genera cambios económicos positivos si es capaz de producir credibilidad. En otras palabras, son la claridad sobre quién establece las reglas y cómo se aplican —y si durarán lo suficiente como para justificar la inversión— lo que determina el éxito económico de una ruptura política. La Bolivia del MAS podrá haber adolecido de muchas cosas, pero no hubo sablazo más inclemente que aquel dado por sus líderes a la confianza en sus instituciones. Restaurar la credibilidad del banco central, despolitizar el poder judicial, reparar los controles y equilibrios democráticos y hacer frente a la corrupción no son cuestiones secundarias, sino constituyen partes centrales de la agenda económica.
La transición de Bolivia ha reabierto el futuro. Las expectativas se están restableciendo gracias a las medidas de estabilización y al pragmatismo internacional del gobierno. Sin embargo, la historia política demuestra que los cambios de régimen, inmediatamente después de su estabilización y para no haber representado un paso en falso, deben ocuparse de lo estructural. Todos debemos estar a la altura. Los ciudadanos, el gobierno y, hoy más que nadie, los legisladores. Es ahora o nunca.
Guillermo Bretel, Máster en Ciencias Políticas y Sociología