Hace algún tiempo, un amigo que se mudó a España para realizar su doctorado en la Universidad de Alicante me obsequió el libro Cómo mueren las democracias, publicado en 2018. En esta obra, los politólogos e investigadores de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, sostienen como idea central que la democracia solo funciona cuando se sustenta en dos normas fundamentales: la tolerancia mutua, o el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos, y la contención, o la idea de que los partidos deben moderarse a la hora de desplegar sus prerrogativas institucionales.
A lo largo de los capítulos del libro, los autores —especialistas en regímenes democráticos de América Latina y Europa, así como en la historia de la democracia— reflexionan sobre las acciones emprendidas por líderes populistas una vez que llegan al poder y los efectos que estas generan en países como Chile, Venezuela, Bolivia, Turquía y Hungría. No obstante, desde la introducción, la investigación parte de una pregunta central: ¿está la democracia estadounidense en peligro? Para responderla, Levitsky y Ziblatt construyen una matriz compuesta por cuatro indicadores clave del comportamiento de los regímenes autoritarios: 1) rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego; 2) negación de la legitimidad de los adversarios políticos; 3) tolerancia o fomento de la violencia; y 4) predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Según los autores, en el caso de Estados Unidos, lamentablemente, los cuatro indicadores estarían presentes.
En la presente columna intentaré responder la pregunta: ¿está en peligro la democracia boliviana? Evidentemente, este tema debería abordarse —mediante la contrastación de sus indicadores y variables— con la misma profundidad y extensión con la que Levitsky y Ziblatt analizan el caso estadounidense. No obstante, lo que propongo en este modesto texto es, básicamente, un punto de partida para la reflexión.
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Ahora bien, conviene precisar primero el concepto de democracia en Bolivia, el cual no es equivalente al estadounidense. En Bolivia, de acuerdo con la Constitución Política del Estado vigente, el país adopta para su gobierno, al menos en términos formales, tres formas de democracia: la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria (artículo 11). Estas tres dimensiones conforman lo que se denomina democracia intercultural.
Sin embargo, más allá de esta definición normativa, en la práctica la implementación de la democracia a nivel estatal se ha convertido en un objeto de disputa ideológica y discursiva. De acuerdo con María Teresa Zegada (2016), en “(Re)significaciones de la democracia”, esta disputa puede agruparse desde dos ejes o principios hegemónicos articuladores, junto con los actores que los impulsan: por un lado, el eje asociado al esquema liberal, representativo y de derechos individuales, representado principalmente por las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, que plantea la defensa del Estado de derecho, la legalidad y la estabilidad del sistema representativo; y, por otro, un eje que emerge de la crisis de ese modelo, basado en el reconocimiento e incorporación de formas alternativas o complementarias de ejercicio político, representado principalmente por movimientos y organizaciones sociales que demandan el reconocimiento de los derechos colectivos y la profundización de la participación social en el Estado.
Durante el año 2024, Bolivia atravesó una profunda crisis política e institucional. El Movimiento al Socialismo (MAS), partido de gobierno hasta entonces, se fragmentó en facciones lideradas por Evo Morales y Luis Arce, en un contexto marcado por un clima preelectoral anticipado y la irrupción de múltiples precandidaturas presidenciales, tanto del oficialismo como de la oposición. Este escenario dio lugar a un año electoral inédito en 2025, agravado por el desgaste del gobierno de Luis Arce, el manejo deficiente de la crisis económica y la profundización de la división interna del MAS de cara a las elecciones del 17 de agosto de 2025.
Esta situación derivó en la presentación de dos candidaturas presidenciales dentro del oficialismo —Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo—, lo que contribuyó a un escenario político fragmentado que desembocó, de manera sorpresiva, en la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con Rodrigo Paz y Edmand Lara, en las elecciones generales de 2025. Este resultado puso fin a la hegemonía del MAS en el Parlamento y dio paso a un Poder Legislativo sin mayorías claras, dividido en tres fuerzas políticas (PDC, Libre y Unidad), marcando el tránsito de un sistema predominantemente unipartidista hacia uno multipartidista.
A punto de concluir el primer trimestre del gobierno de Rodrigo Paz, ya es posible realizar una primera valoración. El sistema judicial continúa actuando en función de las decisiones del Órgano Ejecutivo. Persisten las vulneraciones a los derechos individuales y al debido proceso de opositores políticos, de manera similar a lo ocurrido durante los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales. Se evidencia una marcada ausencia de independencia judicial, así como una falta de transparencia y objetividad en el ejercicio de la acción penal. A ello se suma la situación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), máximo intérprete y garante de la Constitución, cuyos integrantes no logran conformar quórum, manteniéndose así una preocupante acefalía institucional.
Asimismo, se evidencia una tensión y fisura interna sin parangón en el Órgano Ejecutivo, que se manifiestan en una creciente desconfianza entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, situación que debilita la coordinación y la estabilidad gubernamental. A esto se suma la improvisación y la falta de claridad en la implementación del plan de gobierno presentado en campaña, como se observa, por ejemplo, en la propuesta del esquema de redistribución de recursos económicos denominado “50 y 50” entre los distintos niveles de gobierno, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad y preparación de la administración, así como sobre el cumplimiento de sus promesas electorales.
Por otra parte, el Ejecutivo ha manifestado la intención de promulgar decretos supremos que vulneran la Constitución y sobrepasan las atribuciones del Órgano Legislativo. Un ejemplo de ello fue el Decreto Supremo 5503, que desconocía las competencias del Legislativo y omitía el respeto a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en asuntos vinculados a contratos de hidrocarburos y otros recursos naturales en sus territorios. Dicho decreto fue derogado tras las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y diversos sectores sociales. No obstante, posteriormente se promulgó el Decreto Supremo 5515, que desconoce atribuciones del Vicepresidente y permite al Presidente gobernar desde el exterior de manera remota, en abierta contradicción con la Constitución.
Dado lo expuesto, conviene identificar si los cuatro indicadores propuestos por Levitsky y Ziblatt se evidencian actualmente en Bolivia bajo el gobierno de Rodrigo Paz, a fin de evaluar en qué medida la democracia boliviana se encuentra en riesgo. Si bien resulta prematuro extraer conclusiones definitivas —dado que el nuevo gobierno se encuentra en su primer trimestre—, existen señales que merecen atención.
1) Rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego. Si bien el gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder por vías democráticas, en los primeros meses de gestión se observa un escaso respeto por la independencia de poderes, particularmente del Órgano Legislativo, como se evidenció en la intención de implementar el Decreto Supremo 5503, pese a contar con una escasa o nula oposición política en el Legislativo, tomando en cuenta la ínfima representación parlamentaria de Alianza Popular y del MAS. Asimismo, la intención de retomar la exploración hidrocarburífera en Tariquía vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Estas prácticas configuran una forma de autoritarismo que vulnera derechos constitucionales.
2) Negación de la legitimidad de los adversarios políticos. En el actual periodo de gobierno, los llamados a ser opositores naturales —Alianza Popular— obtuvieron ocho diputaciones (cinco plurinominales, dos uninominales y una de circunscripción especial), mientras que el MAS logró solo tres (dos plurinominales y una de circunscripción especial). El resto de los partidos y organizaciones políticas con representación legislativa —como Libre, Unidad y Autonomía Para Bolivia (APB)— ha mostrado cierta afinidad con el gobierno de Rodrigo Paz. Sin embargo, la verdadera oposición política se ha manifestado en las calles, como ocurrió durante el rechazo al contenido anticonstitucional del Decreto Supremo 5503. Estas movilizaciones provinieron de organizaciones y movimientos sociales como la COB, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), transportistas, gremiales, juntas vecinales y organizaciones campesinas e indígenas del occidente del país. Frente a ello, el gobierno comenzó a descalificar a estos sectores, acusándolos de responder al MAS y, pese a verse obligado a retroceder por la magnitud de las protestas, impulsa actualmente una ley antibloqueos, a pesar de que el Código Penal ya sanciona este tipo de medidas de presión.
3) Tolerancia o fomento de la violencia. Durante los días de movilización, paro y bloqueo en rechazo al Decreto Supremo 5503 —iniciados el 22 de diciembre de 2025 y concluidos el 12 de enero de 2026—, el gobierno descalificó y cuestionó la legitimidad de la COB y de los sectores movilizados, señalando, por ejemplo: “¿Por qué no marcharon cuando los gobiernos del MAS derrocharon millones y millones de bolivianos?”. Asimismo, durante las marchas y movilizaciones en la ciudad de La Paz se registraron agresiones verbales y enfrentamientos físicos entre sectores movilizados y ciudadanos contrarios a dichas medidas. Paralelamente, se difundieron discursos cargados de animadversión y odio político en redes sociales como TikTok y Facebook, promovidos por actores políticos como Jaime Dunn, así como amenazas de articulación de grupos de choque, como la Resistencia Juvenil Cochala, en caso de que la COB y los sectores campesinos no levantaran los bloqueos.
4) Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición y de los medios de comunicación. Si bien no existe una restricción abierta de las libertades civiles de la oposición al gobierno, durante los días de paro y bloqueo el Ejecutivo amenazó con eliminar la obligatoriedad de los aportes a las organizaciones sindicales. Asimismo, se observa un alineamiento de los principales medios de comunicación tradicionales con las políticas del gobierno, junto con la cooptación de intelectuales, analistas políticos y una cantidad significativa de creadores de contenido que respaldan discursivamente las acciones del Ejecutivo.
Las variables e indicadores propuestos por Levitsky y Ziblatt deberán ser contrastados de manera periódica en Bolivia, a fin de evaluar en qué medida se preservan la tolerancia mutua y la contención institucional, tanto desde el gobierno como desde la oposición, que en el contexto actual proviene principalmente del campo social. Ello permitirá observar si la democracia no se erosiona por la acción de líderes políticos elegidos en las urnas que, amparados en su legitimidad electoral, alteran de forma gradual las reglas del juego democrático y el ejercicio del poder en el país. Sin duda, se trata de un análisis abierto y aún con mucha tela que cortar.
Juan Pablo Marca
Politólogo e investigador social.