El gobierno apuesta por atraer inversiones, pero la industria advierte que la inseguridad jurídica y el contrabando dificultan la llegada de capital extranjero
Por Erika Segales

Fuente: eldeber.com.bo
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz colocó la atracción de inversiones en el centro de su estrategia económica y diplomática durante su reciente participación en el Foro Económico de la CAF, realizado en Panamá.
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Desde el Ejecutivo se proyectó una imagen de apertura y búsqueda de capitales extranjeros; sin embargo, desde el sector industrial advierten que el problema no es la falta de interés de los inversionistas, sino la ausencia de condiciones internas que garanticen seguridad jurídica, control del mercado ilegal y estabilidad operativa.
En ese contexto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un paquete de cuatro proyectos de ley que, a su juicio, deben aprobarse antes de cualquier despegue sostenido de la inversión privada. Se trata de una nueva Ley de Fomento y Protección de Inversiones, una ley contra la falsificación de productos, lucha contra el contrabando y una ley para sancionar los bloqueos de caminos.
“Venimos proponiendo cuatro leyes que las consideramos muy importantes, no solamente para reactivar el aparato productivo de nuestro país, sino para la atracción de inversión extranjera. No van a venir empresas extranjeras a invertir, si no ven que hay seguridad en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz, está impulsando que a Bolivia se lleven inversiones extranjeras, pero no van a llegar si no tenemos estas leyes”, afirmó Gonzalo Morales, presidente de la CNI.
Rezago en inversión
Uno de los ejes del paquete es la Ley de Fomento y Protección de Inversiones, que busca redefinir la relación entre el Estado y el capital privado. Desde la industria sostienen que el actual marco legal genera incertidumbre, especialmente para la inversión extranjera directa (IED).
Según el estudio “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe” de la Cepal, Bolivia registra una de las menores entradas netas de IED en la región. En 2023 alcanzó $us 240 millones y en 2024 subió levemente a $us 247 millones. El informe señala que en 2024 no se anunciaron nuevos proyectos de inversión, algo que no ocurría desde 2005.
En contraste, Brasil lideró la región con $us 71.070 millones en 2024, seguido por Colombia, Chile, Argentina y Perú. Incluso Paraguay y Ecuador superaron a Bolivia en captación de capitales.
El anteproyecto incorpora principios de trato justo y equitativo, libertad de transferencia de capitales y libre conversión de divisas. También propone crear una Superintendencia Nacional de Inversiones, un Registro Nacional de Contratos de Inversión, incentivos tributarios, zonas económicas especiales y el reconocimiento del arbitraje internacional, como mecanismo preferente para la resolución de controversias.
Falsificación y contrabando
El segundo proyecto apunta a la falsificación de productos, un fenómeno que, según la CNI, distorsiona precios, afecta la salud pública y debilita la competitividad. El impacto económico global se estima en $us 250.000 millones y en Bolivia en $us 225.000 millones. La norma plantea controles integrales, sanciones penales y el reconocimiento oficial del sello “Hecho en Bolivia”.
El tercer anteproyecto se enfoca en el contrabando, que en 2022 generó un daño estimado de $us 3.331 millones, equivalente al 7,96% del PIB. La CNI advierte que afecta a más de 39.000 industrias, compromete 600.000 empleos formales y provoca una evasión tributaria cercana a $us 930 millones.
“El año 1999 el contrabando generaba un daño económico al país de $us 1.000 millones, al 2025, ese se ha triplicado; hay un daño económico de más de $us 3.300 millones. Eso quita empleo, inversiones, resta competitividad. Es un daño muy profundo que hace el contrabando”, remarcó Morales.
Pérdidas y debate pendiente
El cuarto proyecto, conocido como Ley Antibloqueos, busca sancionar penalmente la obstrucción de vías cuando se vulneren derechos fundamentales. Según la CNI, cada año se registran alrededor de 200 bloqueos, con pérdidas diarias de hasta $us 60 millones para la industria.
“Hicimos una estimación y cada año hay alrededor de 200 bloqueos a nivel nacional, entre bloqueos, paros, manifestaciones. Y los bloqueos diariamente generan una pérdida económica para toda Bolivia de entre $us 50 millones a $us 60 millones diariamente, solamente en pérdidas económicas para la industria”, expresó.
Las cuatro normas permanecen en la ALP desde hace más de un mes. Para el sector industrial, su aprobación es clave para acompañar la narrativa oficial de apertura económica y enviar señales de certidumbre a los mercados y a los inversionistas.