En casi cinco años, Bolivia ha tenido dos contralores generales del Estado interinos, y recientemente se sumó otro interinato en el puesto. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), durante el último mandato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder, no logró designar a un titular. En la actual legislatura, el nombramiento de la nueva autoridad también se complica por la falta de consensos entre las bancadas.
Para la diputada de Libre, Lissa Claros, al interior de la ALP ninguna de las dos primeras fuerzas políticas tiene una mayoría absoluta. Considera que la elección y designación de autoridades que requieran los dos tercios —como es el caso del contralor— deberá realizarse “por acuerdos políticos”.
“Yo creo que en la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, ninguna de las dos fuerzas por sí solas tiene la posibilidad de llegar ni siquiera a mayoría simple. Entonces, la elección de cualquier autoridad que requiera dos tercios, como en el caso del contralor, va a necesitar un acuerdo político, en el que todas las fuerzas podamos entrar en consenso y podamos dar los criterios de quién sería la persona más adecuada en referencia a méritos, idoneidad y probidad. Entonces, en el PDC se ha mostrado claramente que existen dos o tres corrientes y eso dificulta aún más llegar a acuerdos”, señaló Claros a Visión 360.
Este medio trató de contactarse con la jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Marlene Miranda, pero no se tuvo éxito.
La Contraloría General del Estado, según la Constitución Política del Estado, es la “institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico”. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; y tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.
El contralor debe ser elegido por dos tercios de la ALP y tiene un mandato de seis años. Según el procedimiento, su “elección requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”.
La última, en 2016
La última designación por dos tercios data de 2016, cuando el Legislativo eligió para el cargo de contralor a Henry Lucas Ara Pérez, quien fue nombrado con 102 votos de 149. Sin embargo, Ara cumplió su gestión en 2021, pero continuó con un mandato interino hasta julio de 2022.
En esa gestión, el entonces presidente Luis Arce designó a Nora Herminia Mamani Cabrera como contralora, también de manera interina. Su designación se dio en un contexto en el que el MAS, que estaba en el poder, comenzó a presentar fracturas entre los que apoyaban a Arce y los que respaldaban a Evo Morales. Además, el partido azul no había logrado los tercios en la ALP en las elecciones de 2020.
La gestión de Herminia Mamani duró hasta finales de enero de 2025, cuando el presidente Rodrigo Paz posesionó —también de manera interina—, mediante un decreto, a Sandra Quiroga Solano como la nueva autoridad.
Desde la bancada de Libre cuestionaron el accionar del mandatario porque, argumentan, “se estaría vulnerando la institucionalidad” de la Contraloría al continuar con los interinatos.
Falta de consensos
No obstante, la elección de esta autoridad se complica por la falta de consensos al interior de la ALP, que, en palabras del analista político Paúl Coca, debería ser solucionada por el vicepresidente Edmand Lara.
“El vicepresidente Lara es quien debería estar gestionando los acuerdos con las diferentes bancadas en base a estos criterios: reglas de convocatoria; plazos y tiempos; asegurar que se presenten profesionales probos, sin militancia o nexo político; comisión evaluadora de las hojas de vida, los méritos y la capacidad de quienes se postulen; designación. El que debería realizar tal consenso es el vicepresidente, al ser la cabeza del Órgano Legislativo”, señaló Coca.
En la anterior legislatura se realizó el proceso de selección y designación del contralor, pero no fructificó debido a un auto constitucional emitido en 2025, que dispuso la suspensión del proceso, obligando a postergar su tratamiento hasta la nueva legislatura que comenzó en noviembre de ese año. En 2022, el arcismo intentó, sin éxito, designar al contralor.
La paralización del proceso ocurrió porque el candidato inhabilitado al puesto, Jaime Prudencio, presentó una acción de amparo constitucional y logró que una sala constitucional de La Paz aplicara medidas cautelares al proceso, que se estancó en la etapa de evaluación o revisión de los 10 postulantes que permanecían en carrera.
Por esta razón, la anterior legislatura, encabezada por David Choquehuanca, dejó en manos de los nuevos parlamentarios la designación de una nueva autoridad.
Ahora piden “voluntad política”
Claros anticipó que desde Libre solicitarán una nueva convocatoria para elegir a una autoridad y esperan que haya “voluntad política” para tratar el tema y tener una nueva autoridad en el primer semestre de este año.
“Vamos a plantear una nueva ley de convocatoria de elecciones para el contralor. Creemos que con todo lo que ha pasado y la elección que ha sido también observada dentro de todo, es importante hacerse una nueva convocatoria, que tenga criterios para un proceso meritocrático a la cabeza de la Contraloría. Si existe voluntad política, entendemos que se van a revisar plazos; entendemos que en el primer semestre ya podríamos tener un nuevo contralor”, señaló.