Parte III: “Invertir en política”, una amenaza a la democracia municipal
A medida que se aproximan las elecciones municipales, vuelve a hacerse evidente una de las distorsiones más graves de nuestra democracia: el uso de la política no como un servicio público, sino como un negocio altamente rentable. Basta observar el descomunal despliegue de recursos en campañas preelectorales millonarias para entender que, para muchos candidatos, el objetivo no es gobernar bien, sino invertir hoy para cobrar mañana desde el poder.
Despliegue de gran cantidad de vehículos, propaganda excesiva, eventos fastuosos y una presencia mediática imposible de justificar con ingresos lícitos conocidos, configuran un escenario preocupante. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo se recupera semejante “inversión”? La respuesta, lamentablemente conocida por la ciudadanía, suele encontrarse en el uso discrecional de los recursos públicos, en la manipulación de contratos, en el tráfico de influencias y en la consolidación de redes de corrupción desde los gobiernos municipales.
Esta lógica perversa convierte al cargo público en una oportunidad de negocio personal y no en una responsabilidad con la comunidad. El poder deja de ser un mandato ciudadano para transformarse en un botín que debe ser explotado durante el tiempo que dure la gestión. Así, el municipio —la instancia de gobierno más cercana a la gente— termina siendo uno de los espacios más vulnerables a la corrupción estructural.
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No se trata de un fenómeno aislado ni nuevo. En distintos niveles del Estado ya hemos visto cómo quienes llegan al poder con mentalidad de “inversionistas políticos” terminan promoviendo una corrupción institucionalizada, debilitando la confianza ciudadana y degradando la función pública. En el ámbito municipal, el daño es aún más directo: obras innecesarias, servicios deficientes, planificación inexistente y recursos desviados en perjuicio de barrios enteros.
Frente a este escenario, la ciudadanía enfrenta una tarea compleja pero impostergable: identificar y desenmascarar a quienes conciben la política como un negocio. El voto debe convertirse en un instrumento de sanción democrática, no solo en una elección de rostros conocidos o discursos bien elaborados. Elegir autoridades municipales implica evaluar trayectorias, conductas, coherencia entre discurso y práctica, y, sobre todo, la forma en que se financian y despliegan las campañas.
Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en los votantes. Los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y sus dirigentes tienen un deber ético ineludible: postular candidatos honestos, con conducta intachable y auténtica vocación de servicio, y no meros operadores con capacidad económica para financiar campañas desmedidas. Si no se rompe este círculo vicioso desde el origen, cualquier promesa de cambio será solo retórica electoral.
Nos encontramos ante un momento decisivo para la democracia local. Las elecciones municipales no son un trámite menor: definen la calidad de vida cotidiana de la población y el rumbo del desarrollo territorial. Persistir en la lógica del poder como negocio solo profundizará la crisis moral e institucional que atraviesa el país.
Como bien dice el viejo adagio, “se predica con el ejemplo”. Si realmente aspiramos a un nuevo ciclo político, donde el poder vuelva a entenderse como un servicio patriótico y no como una inversión privada, este cambio debe comenzar ahora, desde lo local. El bien común debe imponerse, de una vez por todas, sobre los intereses particulares.
Fernando Crespo Lijeron