La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Rosmery Ruiz, aclaró este jueves que los jueces de carrera solo pueden ser destituidos cuando existen hechos flagrantes de corrupción debidamente comprobados, en resguardo de la independencia judicial y el debido proceso.
“Lamentablemente la norma establece que toda persona tiene derecho a la defensa y goza del estado de inocencia. Ese estado de inocencia hace que se le brinden todos los derechos y garantías en el procedimiento. No se puede destituir a un juez de carrera”, afirmó la magistrada.
No obstante, Ruiz precisó que la situación es distinta cuando se detectan actos de corrupción en el ámbito administrativo, ya que en esos casos se procede a la destitución de manera inmediata.
Asimismo, exhortó al Consejo de la Magistratura a acelerar los procesos disciplinarios con el fin de evitar la vulneración de la imagen del Órgano Judicial.
Las declaraciones de la magistrada se producen en el contexto de la suspensión de funciones del juez Hebert Zeballos, quien se encuentra involucrado en el denominado caso Maletas y cumple detención preventiva por 120 días en la cárcel de Palmasola.
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Al respecto, el encargado distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Emilio Arredondo, explicó que Zeballos aún no fue destituido y continúa siendo juez.
Precisó que la suspensión inicial de cinco días rige desde este jueves; sin embargo, aclaró que ya se activó otro proceso disciplinario por faltas gravísimas, impulsado por la instancia de Control y Fiscalización, que busca su destitución definitiva.
El proceso contra Zeballos se suma a otros 16 procesos penales iniciados contra jueces y vocales en Cochabamba, además de 72 procesos disciplinarios contra administradores de justicia por presuntos hechos de corrupción.
En ese marco, la representante distrital del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, informó el miércoles que durante la gestión 2025 se iniciaron procesos penales por distintos delitos, entre ellos consorcio entre fiscales y jueces, uso indebido de influencias, retardación de justicia y uso indebido de bienes del Estado.