El ciudadano chino Yi Yang, el exministro Milton Claros y los expresidentes de la Administradora Boliviana de Carreteras, figuran entre los 8 investigados por un daño económico de $us 2,49 millones, debido a la mala ejecución de la vía.
Por Carlos Quisbert
Fuente: eldeber.com.bo
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La Fiscalía de La Paz puso en la mira al exministro de Obras Públicas Milton Claros; al representante legal de la empresa china Sinohydro, Yin Yang, y a cinco expresidentes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por irregularidades en los pagos y la cuestionada calidad de la construcción del tramo El Sillar, en la doble vía que conecta Santa Cruz y Cochabamba.
Según información a la que accedió EL DEBER, la nómina de los primeros ocho implicados se completa con el exministro Edgar Montaño, quien ya fue imputado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, y que cumple detención preventiva en San Pedro desde el 10 de enero.
Consultado por este medio, el fiscal anticorrupción Omar Yujra confirmó que la Fiscalía coordina con la Policía Boliviana la notificación y citación de los exfuncionarios de la ABC y del exministro de Obras Públicas, que ocuparon esos cargos entre 2015 y 2025.
“En primera instancia, hablamos de un exministro de Obras Públicas, Milton Claros, quien debe explicar los detalles del primer contrato firmado con la empresa Sinohydro y las acciones que hubiera asumido ante la presunta comisión de ilícitos, como la irregularidad en el pago de la obra y las ventajas otorgadas a la empresa en el contrato”, señaló Yujra.
Expresidentes
Todos los investigados son indagados por un presunto daño económico al Estado de $us 2,49 millones, debido a que en 2017 se pagó a la empresa con un tipo de cambio superior al oficial. Además, la Fiscalía investiga el favorecimiento contractual a Sinohydro, a través de determinadas cláusulas y de las reiteradas ampliaciones del plazo de entrega, que finalmente fue fijado para septiembre de este año.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los cinco expresidentes de la ABC involucrados son Noemí Villegas, Marcos Loayza, Henrry Nina, Marcel Humberto Claure y Julián Nicolás Toledo.
Villegas y Loayza estuvieron a cargo de la primera etapa de la licitación y la firma del contrato. Nina —exdirigente del Pacto de Unidad y afín al MAS— fue designado en la gestión de Edgar Montaño, al igual que Claure y Toledo.
Entre estos últimos, Claure es quien enfrenta un panorama judicial más complejo, pues tiene otros procesos abiertos por presunto daño económico y mala administración en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) de La Paz. Según datos del Ministerio Público, está próximo a comparecer en juicio oral por uno de esos casos.
Paradero desconocido
Respecto al representante legal de Sinohydro y a otros exfuncionarios de la empresa, el fiscal Yujra informó que el 30 de enero, durante un allanamiento a las oficinas de la firma, se notificó a los abogados para que al menos cuatro ciudadanos chinos se presenten a declarar, en el marco de la investigación en curso.
Yin Yang figura como sindicado, mientras que los otros tres fueron citados en calidad de testigos de las operaciones administrativas y fiscales para esta obra.
No obstante, esta semana los abogados devolvieron las citaciones mediante un memorial en el que aseguran desconocer el paradero de sus defendidos, lo que impidió hacerles llegar la notificación. Ante esta situación, la Fiscalía evalúa otras medidas para lograr que los extranjeros comparezcan ante la justicia.
Reclamo de Montaño
Desde la defensa del exministro Edgar Montaño se sostiene que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas. Su abogado, Edwin Nina, afirmó que su cliente “no participó” en los hechos investigados, ya que los contratos observados fueron firmados en 2015 y 2017, antes de su gestión.
Montaño, exlíder de los llamados “guerreros azules” que respaldaban al Gobierno de Luis Arce, es investigado por no supervisar que los pagos a la empresa se realicen con el tipo de cambio oficial del dólar. Es más, el exministro defendió en su momento la calidad de la obra, así como el contrato por el que la empresa china se hizo cargo de esta obra en esa ruta central.
La defensa argumenta que el supuesto daño económico podría corregirse en la etapa de liquidación final de la obra, una vez concluida su entrega, por lo que considera que no se puede hablar aún de perjuicio al Estado. Este extremo se deberá demostrar durante el proceso legal en curso.