Marco Loayza, jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, comentó que la falta de personal y directores departamentales fomenta la inseguridad en los penales.
Milen Saavedra
Fuente: Red Uno
La reciente agresión sexual denunciada en el centro penitenciario de Morros Blancos (Tarija) ha vuelto a poner en evidencia la crítica situación de seguridad y los esquemas de poder ilegal en las cárceles bolivianas. El jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Marco Loayza, confirmó que la institución ya realiza el seguimiento del caso y advirtió sobre la preocupante cifra de muertes violentas en recintos penitenciarios.
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La víctima, un joven de 22 años que cumple una sentencia de dos décadas, denunció haber sido agredido el pasado 6 de febrero. Según Loayza, el interno fue trasladado al hospital de Tarija tras presentar malestares físicos y, tras recibir atención primaria, retornó al penal bajo medidas de seguridad para evitar represalias.
Sobre los responsables y las causas del vejamen, el funcionario explicó:
«Ha sido agredido, al parecer, por dos otros reos, quienes han sido ya sometidos a un aislamiento y a la investigación que ha abierto la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv). (…) Se habla de que habría un tema de deudas, temas de quizás cuestiones ilícitas dentro del mismo penal, pero todavía esto está en investigación».
Crisis de gestión: «Autogobierno» y falta de autoridades
Loayza señaló que este hecho no es aislado, sino parte de una tendencia de violencia extrema que el año pasado dejó más de 45 fallecidos en penales como Chonchocoro, Palmasola y Morros Blancos. Según el representante defensorial, una de las causas principales es la falta de control estatal que deriva en la «autorregulación» de los presos.
«Se deja a los privados de libertad que hagan una serie de autorregulación, un autogobierno dentro de los mismos penales. Pero esto provoca, por supuesto, abusos y arbitrariedades que han sido ya observadas por varios organismos internacionales», advirtió Loayza.
Asimismo, reveló que existe una acefalía crítica en la administración penitenciaria dependiente del Ministerio de Gobierno:
«Faltan cinco directores departamentales en cinco departamentos del país… eso también hace que no haya una buena coordinación, una planificación adecuada y una gestión penitenciaria adecuada».
La Defensoría del Pueblo también puso el foco en la complicidad de algunos efectivos policiales en el ingreso de objetos prohibidos y sustancias controladas. Aunque destacó que las nuevas autoridades nacionales están realizando requisas al personal de turno, reconoció que el problema es estructural.
«Se ha encontrado que algunos funcionarios policiales intentaban ingresar algunas sustancias prohibidas, celulares… hay cierta complicidad, ciertas facilidades que pueden dar algunos efectivos policiales que ven un negocio también en eso», afirmó el jefe del Mecanismo de Prevención de la Tortura.
Finalmente, Loayza instó al Estado a aumentar el número de efectivos, calificando como «preocupante» que penales con casi 9,000 internos, como Palmasola, no cuenten siquiera con dos centenares de policías para garantizar el orden y la integridad de los reclusos.