En el documento se advierte que la norma contravendría principios constitucionales vinculados a la distribución equitativa de la tierra, la protección de la Madre Tierra y los derechos colectivos indígenas.
Fuente: ANF
Activistas de la organización Justicia Ambiental presentaron una solicitud formal de objeción al Proyecto de Ley N.º 157/2023-2024, denominado “Ley de conversión de pequeña propiedad a mediana o empresarial”, y advirtieron que iniciarán acciones legales si la norma es aprobada.
La nota fue entregada al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, y cuestiona la iniciativa impulsada por el senador Branko Marinkovic. Los firmantes sostienen que el proyecto vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y debilita la protección de la pequeña propiedad agraria.
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En la carta, los activistas señalan que, en el marco de los artículos 34 y 108 de la CPE y del Acuerdo de Escazú —ratificado mediante la Ley 1182—, así como del Reglamento General de la Cámara de Diputados, el proyecto incurre en “alarmantes contravenciones” al orden constitucional y a mandatos internacionales en materia ambiental.
El Proyecto de Ley 157 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana o empresarial. Según la denuncia, la propuesta, incluyendo las modificaciones planteadas en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, mantiene vulneraciones de fondo.
De acuerdo con el análisis presentado, la iniciativa permitiría la conversión voluntaria mediante un procedimiento de actualización catastral simplificado, sin requisitos rigurosos para demostrar incremento productivo y con verificación diferida de la Función Económica Social (FES) hasta 10 años después.
“Aunque se presenta como una medida para mejorar el acceso a créditos y tecnificación de pequeños productores, en realidad facilita la concentración de tierras, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, y debilitamiento de controles ambientales, lo que contraviene los principios constitucionales de distribución equitativa de la tierra, protección de la Madre Tierra y derechos colectivos indígenas. Esto podría incentivar prácticas depredadoras como deforestación, incendios forestales intencionales y monocultivos intensivos, exacerbando la crisis ambiental en Bolivia”, advierte la misiva.
En el documento se advierte que la norma contravendría principios constitucionales vinculados a la distribución equitativa de la tierra, la protección de la Madre Tierra y los derechos colectivos indígenas. En particular, mencionan una posible vulneración del artículo 2 de la CPE, que reconoce la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, al no prever mecanismos de consulta previa frente a eventuales conversiones que afecten territorios colectivos.
Los activistas advirtieron que, de avanzar la iniciativa en la Asamblea Legislativa, recurrirán a las instancias legales correspondientes para frenar su aplicación por considerar que atenta contra la Constitución y compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.
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Fuente: ANF