En el debate público boliviano se ha vuelto frecuente apelar a un lenguaje moralizante que, más que esclarecer los hechos, busca clausurar la discusión. La columna firmada por Flor es un ejemplo paradigmático: construye un relato de traición ética sin detenerse en analizar el contexto institucional, político y jurídico en el que hoy se mueve la Cancillería de Bolivia.
El recurso a la Organización de las Naciones Unidas como vara moral absoluta pretende otorgar una legitimidad automática a cualquier argumento que invoque la Agenda 2030 o el lenguaje de derechos. Sin embargo, la autoridad simbólica de ese sistema multilateral —incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo— ya no puede asumirse como incuestionable. Hoy es un entramado burocrático debilitado, muchas veces más eficaz en la producción de informes que en la resolución real de los problemas estructurales que dice combatir. Convertir esa experiencia técnica en certificado perpetuo de virtud es, cuando menos, una simplificación.
La política exterior no se conduce con manuales de consultoría, sino con decisiones sometidas a presión, conflicto de intereses y restricciones presupuestarias. El Ministerio de Relaciones Exteriores no es un seminario académico: es una institución atravesada por tensiones laborales, exigencias administrativas y la necesidad de reformarse tras años de expansión estatal poco sostenible.
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Se acusa al canciller Fernando Aramayo de abandonar la “inclusión” para abrazar la “crueldad”. Pero la inclusión, convertida en consigna vacía, puede transformarse también en un mecanismo opaco que justifique privilegios, distorsiones normativas o la imposibilidad de introducir controles. Cuando todo se define como derecho absoluto, desaparece el espacio para evaluar abusos, inconsistencias o usos instrumentales de la ley. La inclusión sin responsabilidad termina generando nuevas exclusiones: las del mérito, la eficiencia institucional y el interés general.
Resulta además llamativo que se invoque una supuesta tradición diplomática idealizada. ¿Fue ejemplo de alta diplomacia el desempeño estatal en el litigio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya? El país vivió ese proceso como una gesta, pero el resultado mostró las limitaciones de una política exterior más orientada al relato interno que a la construcción de estrategias jurídicas sólidas. Ese episodio no puede borrarse del análisis cuando se habla de “excelencia diplomática”.
Durante los años de hegemonía del Movimiento al Socialismo, la Cancillería creció en estructura, cargos y discurso ideológico, pero no necesariamente en profesionalización. La crítica actual parece olvidar que muchas de las deformaciones administrativas que hoy se discuten nacieron precisamente en ese período. Defender sin matices ese legado mientras se denuncia cualquier intento de revisión como “deshumanización” es una contradicción difícil de sostener.
El problema de fondo es más amplio que una persona o una declaración polémica. Existe una cultura política que reemplazó el análisis por categorías morales automáticas: si alguien cuestiona un mecanismo, se lo acusa de enemigo de los derechos; si alguien invoca la eficiencia, se lo presenta como tecnócrata insensible. Ese reduccionismo impide discutir cómo compatibilizar protección social con instituciones funcionales.
La inclusión no puede ser un dogma incuestionable ni un escudo retórico. Cuando se transforma en consigna desligada de resultados, corre el riesgo de encubrir formas más sutiles de exclusión: aquellas que perpetúan burocracias ineficaces, bloquean la rendición de cuentas y convierten el Estado en un espacio inmune a la crítica.
Finalmente, una observación básica de responsabilidad autoral: quien formula acusaciones de esta magnitud en la esfera pública debe hacerlo con identificación plena y con argumentos verificables, no solo con apelaciones emotivas. El debate democrático exige nombres completos, datos contrastables y disposición a someter las propias afirmaciones al mismo escrutinio que se exige a los demás.
La discusión sobre la Cancillería no necesita sermones ni nostalgias multilaterales; necesita rigor, memoria institucional y la valentía de revisar lo que durante años se consideró intocable.