En el caso de los hidrocarburos, el economista Raúl Velásquez advierte que el país atraviesa “el peor momento de su historia” debido al “fracaso” de las políticas en los últimos veinte años con los gobiernos del MAS.
Fuente: ANF
En cien días de gestión, el presidente Rodrigo Paz logró en economía avances que parecían improbables: eliminó el subsidio a los combustibles, redujo la inestabilidad cambiaria y recuperó credibilidad externa para acceder a créditos, lo que dio al país un respiro en plena crisis.
Al asumir el 8 de noviembre de 2025, Paz describió una “economía quebrada”, con una deuda de 40.000 millones de dólares y “la peor crisis de las últimas cuatro décadas”. El deterioro heredado de la gestión de Luis Arce amenazaba con profundizarse si la economía continuaba por el mismo rumbo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En ese sentido, economistas consultados por ANF valoraron las primeras señales dadas por el gobierno de Paz, aunque dudan de la profundidad y el ritmo de las reformas ante problemas estructurales como un déficit fiscal que lleva doce años consecutivos y la crisis de los hidrocarburos, clave para las finanzas fiscales, pero que está en declive.
También persisten interrogantes sobre si Paz contará con estabilidad social y gobernabilidad para aplicar medidas de fondo.
“Va por el camino correcto, pero a un paso lento, con cálculos políticos y sociales”, afirmó el economista Fernando Romero, quien citó como ejemplo la abrogación del decreto 5503 tras presiones de la Central Obrera Boliviana y sindicatos campesinos.
La norma, presentada como eje de un modelo económico promercado tras el ciclo estatista del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue reemplazada por otra menos ambiciosa, aunque mantuvo el alza de la gasolina en 86 % y del diésel en 163 %.
Romero agregó que el Gobierno requiere “un colchón social que amortice” las medidas estructurales y un plan estratégico que diga cuál es la ruta crítica para “que la gente sepa que sus sacrificios tienen un propósito”.
Entre los datos favorables, mencionó las señales de respaldo al sector privado, el superávit comercial de diciembre (159 millones de dólares), el fiscal de enero (330 millones de dólares) y la reapertura de financiamiento con el BID y la CAF por unos 8.000 millones, que consideró clave para la estabilización.
Endeudamiento sí, pero medido
Advirtió, no obstante, que el endeudamiento debe ser “medido y controlado”, ya que la deuda interna y externa roza el 90 % del PIB, que en 2024 fue de unos 47.000 millones de dólares.
En el plano negativo, señaló la persistencia de dos tipos de cambio, la refinanciación del Banco Central al Estado por 32.000 millones de bolivianos a 35 años y unas reservas internacionales de 3.713 millones de dólares, 85 % en oro y sólo 465 millones en divisas, que consideró un dato “crítico”.
A su juicio, la prioridad del Gobierno debe ser reducir el gasto público, especialmente en empresas deficitarias y proyectos de bajo impacto. Según el Gobierno, de un total de 67 empresas creadas entre el 2006 y el 2024, sólo tres son rentables (YPFB, ENDE y Comibol).
A juicio de Romero, el camino será difícil e incluso cuando se tomen las medidas estructurales, “estabilizar y sacar a Bolivia de la crisis tomará al menos dos años”.
No quedarse sin energía
En el caso de los hidrocarburos, el economista Raúl Velásquez advierte que el país atraviesa “el peor momento de su historia” debido al “fracaso” de las políticas en los últimos veinte años con los gobiernos del MAS.
Explicó que el desplome responde a un modelo rentista y estatista que desincentiva la exploración y concentró la estrategia casi exclusivamente en el gas natural.
Las cifras muestran la magnitud de la caída. Desde 2014 la producción de gas bajó cerca de un 55 % y la de líquidos más de un 62 %. Los ingresos por exportaciones pasaron de casi 6.700 millones de dólares en 2014 a unos 1.600 millones en 2024, tras la pérdida del mercado argentino y el agotamiento de campos maduros.
Las reservas también retrocedieron. En 2023 se certificaron 5 TCF de gas y 107 millones de barriles en líquidos, frente a los 20 TCF y 594 millones de barriles registrados en 2009, una caída que prueba el “fracaso” de la política y sobre todo la falta de exploración.
El Gobierno ha recibido el sector en una situación muy complicada por diversos factores, entre ellos la necesidad de importar el 90 % del diésel y el 65 % de la gasolina que se consumen a un precio internacional, por lo que el retiro de la subvención era ineludible.
Sin embargo, para revertir el declive del sector, el analista defiende la importancia de una reforma estructural que incluya una nueva ley de hidrocarburos, mayor transparencia, una redefinición del rol de YPFB para atraer inversión privada y ajustes al régimen fiscal porque actualmente, afirmó, un 93 % de los ingresos van al Estado.
“Si no logramos una nueva política hidrocarburífera que permita atraer inversión, Bolivia va a terminar dependiendo energéticamente de otros países. Es decir, vamos a tener que importar ya no solamente diésel y gasolina, sino también GLP y gas natural”, advirtió Velásquez al reclamar medidas que hagan del país no sólo atractivo, sino también “competitivo” en el sector.
JA/FPF
Fuente: ANF