El Ministerio de Gobierno y la Dirección de Comunicación Estratégica confirmaron que se instruyó una investigación sobre el caso.
Este domingo, el Gobierno expresó su repudio y rechazo por la agresión sufrida por un periodista que cubría actividades de las elecciones subnacionales en la ciudad de El Alto el pasado 12 de febrero. A través de dos comunicados oficiales, las autoridades informaron que ya se iniciaron las investigaciones y aseguraron que «el caso no quedará impune».
«Este hecho se constituye en una terrible agresión contra el trabajo de quienes conforman el gremio periodístico, y representa una amenaza directa contra la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales del sistema democrático (…). No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad», señala el comunicado del Ministerio de Gobierno.
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El pronunciamiento surge luego de que la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb) denunciaron el presunto intento de asesinato contra un periodista que realizaba cobertura de actividades vinculadas a las elecciones fijadas para este 22 de marzo.
Después de cubrir un acto de campaña electoral en la plaza de la Cruz de Villa Adela, el periodista fue interceptado por desconocidos cuando se retiraba a su domicilio. Fue reducido violentamente, introducido por la fuerza a un vehículo y trasladado aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras.
«Durante el ataque, sus agresores le profirieron amenazas explícitas: ‘Ahora sí, periodista de m… te vas a morir, ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes’, evidenciando que sabían que era periodista y que el ataque estuvo dirigido a silenciar su voz», lamentó la ANPB.
La organización comunicó que los agresores lo acuchillaron y le cortaron la lengua con un arma cortopunzante. El médico que lo atendió determinó que no se trataba de lesiones accidentales, sino de cortes finos provocados intencionalmente.
La ANPB pidió garantías para el ejercicio periodístico y exigió que el caso no quede impune, advirtiendo que la falta de acciones envía el mensaje de que la violencia contra la prensa puede cometerse sin consecuencias.
En respuesta, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, expresó su solidaridad con la familia del periodista afectado y con las organizaciones de la prensa del país. «Cualquier acto orientado a intimidar o silenciar a periodistas resulta inaceptable y contrario a los principios del Estado de derecho. Proteger a la prensa es proteger la democracia misma», afirmó en su pronunciamiento.
Asimismo, la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado ratificó que, conforme avancen las investigaciones, se brindará información adicional sobre el caso.
«Informamos que se ha instruido una rigurosa investigación, la cual ya se encuentra en curso por parte de las autoridades competentes, con el objetivo de identificar y sancionar a los autores de esta grave agresión», señala su comunicado.
El periodista fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Corea y recibió el alta el viernes (13). Ayer formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y fue sometió a una valoración en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).