Dice el refrán popular: “Aunque el mono se vista de seda, mono se queda”. Y la sabiduría de esta sentencia cobra particular vigencia en tiempos de carnaval… y también en tiempos de campaña electoral.
En el actual escenario preelectoral rumbo a las elecciones autonómicas, observamos a una gran mayoría de candidatos “disfrazados” de renovación. Se esfuerzan por mostrar su mejor imagen pública, ensayan discursos de cambio y procuran tomar distancia de prácticas que, sin embargo, han acompañado su trayectoria política y la de sus aliados. El objetivo parece claro: seguir disfrutando, de forma directa o indirecta, de las mieles del poder realizando inversiones millonarias con miras al obtener la rentabilidad suficiente en el ejercicio del poder, a través prácticas dolosas reconocidas.
Las encuestas más serias y consistentes ratifican un sentimiento ciudadano ampliamente extendido: Bolivia anhela un cambio real. No un simple relevo de nombres ni un maquillaje discursivo, sino una transformación profunda en la forma de ejercer la función pública. La ciudadanía percibe algunas señales iniciales en esa dirección, pero al mismo tiempo advierte, con preocupación, que persisten conductas reñidas con la ética y la moral en distintos niveles de la administración estatal.
Ahí radica el punto crítico de esta hora histórica.
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El nuevo gobierno aún tiene la oportunidad, y la responsabilidad indiscutible, de realizar los ajustes necesarios para reencaminar su gestión. La lucha frontal contra la corrupción debe dejar de ser consigna y convertirse en política de Estado efectiva, verificable y sostenida. Sin transparencia, sin sanción al abuso de poder y sin meritocracia en la gestión pública, cualquier promesa de desarrollo será apenas retórica.
Porque el combate a la corrupción no es solo un imperativo moral: es también una condición indispensable para salir del subdesarrollo. Los recursos que hoy se diluyen en redes clientelares y privilegios son los mismos que deberían traducirse en salud, educación, empleo e infraestructura para las grandes mayorías nacionales.
Pero no toda la responsabilidad recae en quienes gobiernan.
La ciudadanía tiene, a su vez, una oportunidad histórica en las próximas elecciones subnacionales. El voto de marzo no debe ser un acto rutinario ni condicionado por favores, dádivas o lealtades partidarias. Debe ser, por el contrario, un pronunciamiento consciente por la verdadera renovación institucional y ética.
Es hora de impulsar una gran cruzada por el cambio. Una cruzada que no se limite a la denuncia puntual de hechos dolosos en la práctica política, sino que promueva un compromiso colectivo con una manera distinta de hacer política: más ética, más transparente y genuinamente orientada al servicio público.
Recuperar el valor de la política es, en el fondo, recuperar la confianza ciudadana. Y sin confianza pública, ninguna democracia puede consolidarse ni proyectarse con estabilidad hacia el futuro.
De lo contrario, el país se encamina, una vez más, hacia una nueva decepción colectiva y al progresivo desgaste de la esperanza del ciudadano boliviano, ese capital intangible pero decisivo para cualquier proyecto nacional.
Hoy contamos con suficiente madurez cívica para comprender lo que está en juego. Por ello, no exageramos al afirmar que no tenemos derecho a desperdiciar esta oportunidad histórica.
Ser protagonistas y artífices del verdadero cambio no es solo una opción electoral: es un deber con las presentes y futuras generaciones.
Fernando Crespo Lijeron