Las disputas geoeconómicas en Venezuela, Panamá y Perú exigen una política exterior realista, pragmática e integradora.
Si bien el año recién empieza, las grandes potencias ya tuvieron tres encontrones en América Latina. Estados Unidos causó un cambio de mando en Venezuela, de cuyo petróleo a precio de rebaja se beneficiaba China. La justicia panameña arrebató el control del Canal de Panamá al conglomerado chino CK Hutchison, tal como Estados Unidos lo exigía. La justicia peruana falló contra la supervisión estatal del puerto de Chancay, propiedad mayoritaria de Cosco Shipping Ports, una empresa china.Más allá del debate legal, es evidente que al menos el timing de estas acciones se enmarca en una disputa geopolítica por esferas de influencia. Convertida en escenario geoeconómico, donde tanto Estados Unidos como China buscan demostrar poder, América Latina está cernida por riesgos que exigen una política exterior realista, pragmática e integradora.
Los riesgos para los países latinoamericanos son significativos. El primero es la erosión de la seguridad jurídica. Cuando gobiernos o tribunales parecen actuar bajo presiones externas para producir fallos funcionales a los intereses de una potencia, la credibilidad del país como destino de inversión se resquebraja. En el caso de Panamá, por ejemplo, CK Hutchison anunció que llevará la decisión a arbitraje internacional. Un fallo adverso no solo puede derivar en millonarias compensaciones, sino también mandar una señal negativa para futuras licitaciones. En sectores como la infraestructura —donde los costos iniciales son altos y la competencia limitada— la percepción de favoritismo o inestabilidad puede reducir aun más la cantidad de oferentes. Esto podría encarecer y disminuir la cantidad de proyectos esenciales, no sin costo político.
El segundo riesgo es la pérdida de reputación política interna. En Panamá y Perú, parte importante de la población percibió que los movimientos judiciales respondían más a intereses de Washington o Pekín que al interés nacional. Esta percepción —fundada o no— erosiona la confianza en la independencia del sistema político y en la imparcialidad del sistema judicial. A medida que los ciudadanos sienten que sus instituciones juegan en ligas geopolíticas que no controlan, aumenta la frustración social, crecen los incentivos para la protesta y se debilita la aceptación de la democracia.
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Por último, está el riesgo de represalias geoeconómicas. Las grandes potencias disponen de múltiples herramientas comerciales, financieras y logísticas para castigar decisiones adversas. Esto puede incluir aranceles, barreras fitosanitarias, dilación de permisos, recortes en líneas de crédito, préstamos más onerosos o incluso la redirección de rutas comerciales para evitar a ciertos países. Para economías pequeñas, una sola medida de represalia puede afectar empleos, precios internos y estabilidad socioeconómica.
En este contexto, América Latina necesita construir una política exterior realista, pragmática e integradora. Ser realista implica reconocer la transformación profunda del sistema internacional. Las reglas multilaterales ya no protegen a los países pequeños en la misma medida que antes. La competencia entre potencias erosiona mecanismos de mediación y hace que la ley del más fuerte recupere vigencia. Aceptar ese diagnóstico no es claudicar al idealismo, sino el requisito mínimo para fortalecer las capacidades de negociación y la resiliencia institucional, social y económica. Las sociedades latinoamericanas —y sus gobiernos— deben entender y debatir más que nunca la naturaleza de sus vulnerabilidades en el escenario internacional. Trabajar para diversificarlas es el paso siguiente (y urgente). Porque el multilateralismo podrá seguir siendo brújula, pero ya no es un refugio.
Ser pragmático significa actuar con flexibilidad estratégica. América Latina debe desarrollar reflejos más sofisticados: cuándo dejar pasar, cuándo negociar, cuándo resistir y cuándo contraatacar. La diplomacia tradicional, lineal y previsible, ya no basta en un mundo donde las grandes potencias combinan sanciones financieras y comerciales, narrativas de influencia, acuerdos tecnológicos, cadenas de suministro y presión militar en un solo tablero. La región debe aprender a anticipar estos movimientos, reforzar sus sistemas de alerta temprana y evitar decisiones impulsivas. Sobrevivir —y prosperar— en este nuevo mundo exige una mezcla de inteligencia, autocontrol y capacidad de maniobra.
Finalmente, una política exterior integradora es quizá la condición más crucial. Un país pequeño por sí solo tiene poco margen de negociación frente a China, Estados Unidos y el resto del mundo. Varios países unidos, incluso si son pocos, pueden generar un mayor poder de negociación. Esto requiere superar rivalidades ideológicas, que tanto daño han hecho a la cohesión regional, y priorizar intereses comunes bajo un único paraguas valórico: la democracia. Si los grandes mecanismos regionales no funcionan con la rapidez requerida, los arreglos minilaterales —alianzas de pocos países por temas específicos— pueden ser vías más rápidas y efectivas. Una cooperación sólida de pocos puede generar efectos de arrastre y atraer a otros interesados.
Los países de América Latina deben cuidar el derecho, en particular el internacional, su principal escudo en un mundo de asimetrías crecientes. Pero la fuerza del derecho debe aprender también a convivir con las fuerzas geopolíticas y geoeconómicas. En un escenario global cada vez más competitivo, y con potencias rivales disputando influencia en la región, el derecho no debe ser un recurso ingenuo, sino más bien una herramienta estratégica dentro de un repertorio geopolítico sofisticado y diversificado. De ello dependerá no sólo la estabilidad en el continente americano, sino también la capacidad de cada uno de sus países de determinar su futuro en este mundo incierto.
Guillermo Bretel, Máster en Ciencias Políticas y Sociología