Declaración parlamentaria exige protección urgente para la Nación Indígena Pacahuara


Ante el riesgo de extinción física y cultural que enfrenta la Nación Indígena Pacahuara, las y los Representantes de Bolivia ante organismos Parlamentarios Supraestatales aprobaron una Declaración Parlamentaria que exhorta al Estado a activar medidas urgentes de protección integral, en el marco de la Constitución y la Ley N° 450.

Fuente: Prensa Parlamento supraestatal



La iniciativa fue promovida por la parlamentaria supraestatal por Pando, Nathaly Solares Tuesta, quien alertó sobre la crítica situación descrita en el informe 2025 de la Defensoría del Pueblo, que establece que la Nación Indígena Pacahuara cuenta con una población extremadamente reducida en Pando y Beni, con posibles segmentos en aislamiento voluntario.

La Declaración expresa profunda preocupación institucional por las amenazas estructurales que afectan al pueblo indígena mencionado, entre ellas la pérdida progresiva de su identidad sociocultural e idioma propio, la presión sobre su territorio por actividades extractivas y expansión agropecuaria, las limitaciones en el acceso a salud, educación y servicios básicos.

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En ese marco, el documento exhorta al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO), a activar de manera inmediata los mecanismos de identificación, protección y fortalecimiento establecidos en la Ley N° 450 y su Decreto Reglamentario N° 4793, en cumplimiento de los artículos 2, 30 y 31 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, recomienda garantizar la supervivencia física, cultural y territorial del pueblo Pacahuara, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en el marco del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El proyecto de Declaración fue aprobado por unanimidad en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Representación Supraestatal y remitido a la Comisión Permanente para su respectivo tratamiento y aprobación, conforme al procedimiento legislativo vigente, a fin de formalizar su pronunciamiento institucional y activar las gestiones correspondientes ante las instancias competentes del Estado.