“Perdonazo tributario”: Analista dice que el Estado podría dejar de percibir un equivalente al 0,5% o 1% del PIB


El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, comunicó que enviaron al Legislativo un proyecto de “Ley de Transparencia y Alivio Tributario”, con el que se busca condonar deudas, formalizar la economía e implementar un nuevo sistema tributario en Bolivia.

 

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Imagen referencial. Foto: SCE

 

Fuente: ANF / La Paz



 

El economista y analista Fernando Romero sostuvo que el “perdonazo tributario” o “alivio tributario” propuesto por el Gobierno sólo reducirá los ingresos fiscales equivalentes al 0,5% o 1% del Producto Interno Bruto (PIB), pero también podría incentivar la recaudación por esos mismos niveles.

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La jornada pasada, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, comunicó que enviaron un proyecto de “Ley de Transparencia y Alivio Tributario”, con el que se busca condonar deudas, formalizar la economía e implementar un nuevo sistema tributario en el país.

Entre las propuestas que concentra ese proyecto de ley está la condonación total de las deudas tributarias menores a Bs 10 millones, más intereses y multas, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2017.

Para los que tienen obligaciones pendientes desde el 2018 al 2026, se perdonarán las deudas y los intereses.

“Más allá de los beneficios a los empresarios y al sector formal de la economía, el Estado podría dejar de percibir ingresos fiscales equivalentes al 0,5% o al 1% del PIB, aproximadamente. De igual manera, en un escenario ‘optimista’ se podría generar una mayor recaudación tributaria aproximadamente entre el 0,6% y 0,9% del PIB”, sostuvo Romero.

Espinoza anunció que, de aprobarse la ley, el nuevo régimen impositivo permitirá la formalización de pequeños emprendedores y proveedores de los servicios con la integración de los impuestos IVA, IT e IUE/RC IVA en un solo pago bimensual de un 5 % sobre el ingreso bruto por ventas menores a 400.000 bolivianos al año.

Otra de las medidas contempladas es la prescripción de los plazos. Actualmente, la norma establece ocho años para las fiscalizaciones a los contribuyentes, pero con la nueva ley ese periodo se acortará a cuatro años, como máximo.

El analista sugirió cuantificar y socializar los beneficios y perjuicios financieros para evaluar realmente el beneficio del proyecto de ley.

“Más allá de los pros y contras de esta reforma tributaria, hay un tema político muy importante, ya que es la Asamblea Legislativa quien dará viabilidad o no a esta norma”, advirtió.