En Bolivia discutimos todo: liderazgos, ideologías, elecciones, modelos económicos. El debate público es intenso, permanente y muchas veces apasionado. Pero hay una pregunta básica que casi nunca aparece en la conversación nacional: ¿qué está mejorando realmente?
¿Qué política pública ha sido evaluada con indicadores claros? ¿Qué programa estatal ha demostrado, con datos verificables, que funciona? ¿Qué reforma ha sido ajustada a partir de evidencia y no de discurso? El problema de fondo no es solo político. Es metodológico. En Bolivia gobernamos sin medir.
En el mundo empresarial, nadie lanza un producto sin indicadores de desempeño. Ninguna inversión se sostiene sin métricas de retorno. Ningún proyecto serio avanza sin objetivos cuantificables. Medir no es una obsesión tecnocrática; es una condición básica de supervivencia. En cambio, en el sector público boliviano, las decisiones suelen justificarse por intención y no por resultados. Se inauguran hospitales, pero no siempre se miden los resultados clínicos. Se amplían presupuestos educativos, pero rara vez se evalúa la mejora en calidad de aprendizaje. Se crean subsidios y empresas estatales, pero el debate gira más en torno a su existencia que a su eficiencia.
No medir no es un detalle técnico. Es una cultura. Y esa cultura tiene consecuencias. Cuando no existen líneas base claras, cualquier gestión puede proclamarse exitosa. Cuando no hay indicadores públicos y verificables, la evaluación se convierte en narrativa. Y cuando no hay datos confiables, el debate político se traslada del terreno de los hechos al terreno de las percepciones. Pero las percepciones no generan desarrollo.
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Las economías modernas compiten en información. Los países que avanzan toman decisiones basadas en evidencia. Ajustan políticas cuando los resultados no acompañan. Eliminan programas que no funcionan. Escalan los que sí. El dato no es un lujo académico; es el insumo estratégico más valioso del siglo XXI.
Sin datos de calidad no hay política pública inteligente. Sin evaluación de impacto no hay mejora continua. Sin métricas no hay rendición de cuentas real.
Bolivia, sin embargo, ha normalizado la improvisación. Se planifica poco, se evalúa menos y se corrige casi nunca. El costo de esa práctica no siempre es visible de inmediato, pero se acumula: recursos mal asignados, proyectos repetidos con los mismos errores, instituciones que aprenden poco de su propia experiencia.
No medir también debilita la confianza. El ciudadano no solo quiere escuchar promesas; quiere ver resultados. Y los resultados, en sociedades modernas, se prueban con datos. No se trata de ideología. Se trata de gestión.
Un Estado que no mide desempeño presupuestario difícilmente optimiza el gasto. Un sistema educativo que no mide resultados de aprendizaje no puede reformarse con seriedad. Un modelo económico que no mide productividad no puede mejorar competitividad.
La verdadera reforma estructural que Bolivia necesita no es solo política ni económica. Es cultural. Necesitamos incorporar la evaluación como práctica obligatoria, no como excepción. Presupuestos basados en desempeño. Indicadores públicos accesibles. Evaluaciones independientes de impacto. Digitalización real de la gestión pública. Profesionalización técnica en la administración del Estado.
Lo que no se mide, no se mejora. Y lo que no se mejora, inevitablemente se deteriora.
Podemos seguir discutiendo relatos o podemos empezar a discutir resultados. Podemos seguir gobernando por intuición o empezar a gobernar por evidencia. Lo cierto es que, un país que no mide su realidad termina gobernado por percepciones. Y las percepciones, tarde o temprano, chocan con los hechos.
La pregunta no es quién gobierna. La pregunta es cómo se gobierna. Y gobernar sin medir es, en el fondo, gobernar sin aprender.
Por Sebastian Crespo Postigo, economista, MBA & Mgs. Dirección de Proyecto