Alertan sobre un intento peligroso de convertir el poder público en un mecanismo de intimidación política contra la ciudadanía. En una democracia, los altos funcionarios del Estado, especialmente quienes ejercen la Vicepresidencia, no son autoridades intocables ni están por encima del escrutinio ciudadano. Según estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crítica a los funcionarios públicos goza del más alto nivel de protección, precisamente porque es indispensable para el control democrático.
Fuente: El Diario
Tras ser notificado por la presentación de una Acción Constitucional interpuesta por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, en su contra, el abogado constitucionalista, Jaime Soliz Phiel, denunció que la segunda autoridad del Estado boliviano pretende silenciar a sus detractores en un episodio profundamente preocupante para la democracia boliviana, debido a que se pone en evidencia un intento peligroso de convertir el poder público en un mecanismo de intimidación.
Según el recurso presentado ante una sala constitucional de La Paz, Lara busca que el jurista se retracte y deje de ejercer su derecho a la libre expresión, característica principal en una democracia, esto por los videos difundidos en plataformas digitales en los que Soliz cuestionó la capacidad mental del vicepresidente del Estado.
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“El proceso constitucional que me inició el vicepresidente, que hoy enfrento, no es un hecho aislado ni un simple litigio personal. Es, en realidad, un episodio profundamente preocupante para la democracia boliviana, porque pone en evidencia un intento peligroso de convertir el poder público en un mecanismo de intimidación política contra la ciudadanía”, sostuvo.
Según el jurista, su defensa ha demostrado con absoluta claridad que las expresiones que se le cuestionan están protegidas por la Constitución Política del Estado (CPE), por tratados internacionales de derechos humanos y por la doctrina universal sobre libertad de expresión en sistemas democráticos.
“En una democracia, los altos funcionarios del Estado, especialmente quienes ejercen la Vicepresidencia, no son autoridades intocables ni están por encima del escrutinio ciudadano. Por el contrario, conforme a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crítica a los funcionarios públicos goza del más alto nivel de protección, precisamente porque es indispensable para el control democrático”, agregó.
Soliz fue convocado a audiencia virtual para este martes 24 de febrero, ante ello, advirtió que estas acciones para tratar de acallar a todos quienes cuestionan la gestión de Lara al frente de la Vicepresidencia, denotan una “sombra de dictadura” en la ya problemática personalidad demostrada por la autoridad.
Asimismo, recordó que el sistema universal de derechos humanos, desarrollado bajo el marco de las Naciones Unidas, reconoce que el debate público sobre autoridades políticas no puede ser restringido salvo en casos extremos, pues hacerlo implica abrir la puerta al autoritarismo.
“Este proceso pretende sentar un precedente gravísimo: que en Bolivia se pueda perseguir constitucionalmente a un ciudadano por opinar sobre quienes ejercen el poder. Si esto ocurriera, no solo se afectaría mi derecho individual, sino el derecho colectivo de todos los bolivianos a cuestionar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes”, alertó Soliz, insistiendo en que la democracia no se construye con silencios impuestos, sino con voces libres.
“En su demanda pide que nunca se hable mal de el en las redes sociales, sin su consentimiento, por ello mi defensa no solo busca demostrar la plena constitucionalidad de mis actos, sino también defender un principio fundamental: en Bolivia nadie puede ser castigado por ejercer su derecho a opinar sobre el poder”, finalizó.
En diciembre de 2025, Soliz acusó a Lara de ser “una amenaza grave para la seguridad del Estado” y pidió que el vicepresidente sea sometido a una valoración psicológica y psiquiátrica forense, esto debido a una cuestionada conducta pública y a todas las tensiones institucionales generadas desde el cargo que ocupa. Por lo señalado, afirmó que el vicepresidente no está a la altura de las circunstancias ni de su investidura.
“Es una persona que genera discordia en vez de consenso. En lugar de articular al Legislativo, ha terminado enfrentándose con diputados, senadores, ministros y hasta con el propio presidente”, dijo.
El viernes, los abogados de Lara lograron la concesión en parte de la tutela solicitada contra la activista Guadalupe Cárdenas, con una similar acción de privacidad en la Sala Constitucional Tercera de La Paz, instancia que determinó ordenar a la exrepresentante de las esposas de policías borrar un video del pasado 19 de diciembre de 2025, en los que realiza alusiones y denuncias sobre las presuntas irregularidades cometidas por el excapitán durante su paso por la entidad verde olivo.
En el Reel de 7 minutos de esa fecha, Cárdenas realizó un análisis de la crisis social provocada por el levantamiento de la subvención de carburantes y aseveró que los marchistas y bloqueadores eran dirigidos por Evo Morales, con el objetivo de dar un “golpe” al presidente Rodrigo Paz para que Lara asuma el mando del Estado.
En ese marco, Cárdenas advirtió que sus acusadores presentaron varios videos, motivo de la queja del vicepresidente, en los que, de forma coincidente, ella vincula o critica mucho más a Evo Morales que al propio Lara. Por ello, relacionó el caso a un tema político de fondo.
Fuente: El Diario