La promesa de redistribución fiscal vuelve al centro de la contienda autonómica a semanas de las elecciones del 22 de marzo. La explicación técnica del Ejecutivo desató críticas de candidatos y cívicos, que exigen cumplir el compromiso electoral.
Por César del Castillo
Fuente: El Deber
La propuesta del 50-50, presentada como bandera central de campaña del presidente Rodrigo Paz y ofrecida como un nuevo pacto de redistribución fiscal entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del proceso electoral rumbo al 22 de marzo. Lo que fue un compromiso político de alto impacto hoy enfrenta cuestionamientos, exigencias públicas y tensiones entre discurso electoral y realidad presupuestaria.
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En Santa Cruz, varios candidatos a la Gobernación y a alcaldías han sostenido que la mejora en salud, educación e infraestructura dependerá de la aplicación efectiva del 50-50. La narrativa ha sido clara: sin una nueva distribución de recursos, las regiones seguirán limitadas.
El giro se produjo tras las declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, a EL DEBER, cuando sostuvo que el 50-50 no es una “fórmula mágica” ni implica “billetera libre”, sino un proceso complejo que requiere corresponsabilidad, redefinición de competencias y ajustes fiscales.
Barrientos explicó que el modelo no consiste en transferir automáticamente la mitad de los recursos, sino en revisar capacidades reales. Señaló que municipios grandes concentran miles de funcionarios y que incluso si se incrementaran sus ingresos, no necesariamente podrían asumir de inmediato mayores responsabilidades en salud o educación.
También advirtió que muchas entidades subnacionales arrastran deudas con empresas, el Estado y organismos internacionales que reducen su margen operativo.
Las respuestas no se hicieron esperar. El gobernador cruceño y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, afirmó que “el 50-50 fue un compromiso directo con las regiones, no una propuesta condicionada”. Añadió que “cuando se pidió el voto se habló de redistribución clara y concreta, no de reinterpretaciones posteriores”. En otra declaración, sostuvo que “Santa Cruz ha demostrado capacidad de gestión y lo que necesita son recursos justos, no explicaciones técnicas que diluyen lo prometido”.
Camacho también señaló que, “si el Gobierno cree en la autonomía, debe demostrarlo con decisiones firmes y no con matices”, y remarcó que la redistribución fiscal “no puede quedar sujeta a cálculos políticos ni a tiempos administrativos que postergan soluciones”.
Por su parte, Juan Pablo Velasco, candidato a la Gobernación por Libre, expresó que “la ciudadanía votó por una propuesta clara y hoy escucha que todo depende de ajustes y techos presupuestarios”. Agregó que “no se puede instalar en campaña la idea de que habrá más recursos y luego trasladar la responsabilidad a los municipios”. Velasco afirmó que “si el 50-50 requiere gradualidad, el Gobierno debe presentar un cronograma transparente y verificable”, y advirtió que “las regiones no pueden quedar atrapadas en una discusión técnica indefinida”.
El Comité pro Santa Cruz se sumó a la crítica institucional, señalando que las declaraciones de la viceministra contradicen el espíritu de la propuesta inicial y pidió la renuncia de la autoridad. La presión política escaló rápidamente en redes sociales y en pronunciamientos públicos.
Frente a ello, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado institucional en el que reconoció que una expresión utilizada por Barrientos constituyó “un error de comunicación que no refleja la posición política ni institucional del Gobierno Nacional”.
El documento reafirma el compromiso de avanzar hacia un modelo autonómico basado en el respeto a las regiones y la corresponsabilidad, y aclara que el Viceministerio de Autonomías cumple funciones de coordinación y armonización normativa, no de control político.
Más allá de la controversia, el episodio pone en evidencia la tensión estructural entre promesa electoral y arquitectura fiscal. El 50-50 sintetiza una aspiración histórica de mayor autonomía financiera, pero su implementación implica revisar pacto fiscal, competencias constitucionales, sostenibilidad presupuestaria y capacidades administrativas diferenciadas entre municipios grandes y pequeños.
A pocas semanas de los comicios, el tema redefine el eje de la campaña autonómica. Para los candidatos, representa una herramienta discursiva que proyecta expansión de recursos; para el Ejecutivo, una reforma que exige gradualidad y corresponsabilidad institucional.
En ese marco, la controversia también abre otra interrogante política: si una diferencia en el enfoque técnico de implementación justifica la exigencia de renuncias en medio de un proceso electoral o si el núcleo de la discusión debería concentrarse en cómo convertir la promesa del 50-50 en un esquema viable, transparente y sostenible. La respuesta, más allá de la coyuntura, marcará el tono del relacionamiento entre el Gobierno central y las futuras autoridades autonómicas.
Fuente: El Deber