Por: Misael Poper
En Bolivia, los primeros 100 días del gobierno de Rodrigo Paz han sido evaluados hasta el cansancio desde casi todos los ángulos posibles: economía, gobernabilidad, imagen, gabinete, conflictos internos, señales al mercado, narrativa de cambio. Se han contado aciertos y desaciertos con una velocidad que parece propia de una campaña permanente.
Pero hay un balance que el poder preferiría mantener en voz baja, porque incomoda, porque exige coherencia y porque desnuda las contradicciones de cualquier gobierno: el balance en derechos humanos.
Y ese balance no puede seguir postergándose.
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No se trata de un tema “sectorial”, ni de una agenda para especialistas, ONG o foros internacionales. Se trata del núcleo mismo de una democracia. Porque un gobierno puede mostrar iniciativa económica, capacidad de comunicación o incluso respaldo político, pero si normaliza abusos, tolera arbitrariedades o relativiza libertades, lo que está construyendo no es orden democrático: es una administración del poder con otro discurso.
Sí, Bolivia arrastra una herencia pesada. Sería absurdo negarlo. Crisis institucional, deterioro de la justicia, criminalización de voces críticas, vulneración de derechos de pueblos indígenas, violencia estructural contra las mujeres, crisis penitenciaria, devastación ambiental y una cultura política acostumbrada a usar al Estado como instrumento de facción.
Todo eso estaba ahí antes de Rodrigo Paz.
Pero precisamente por eso, la pregunta central no es si el nuevo gobierno heredó un problema. La pregunta es qué está haciendo para no repetirlo.
Porque en Bolivia la “herencia” suele convertirse en coartada. Se invoca para explicar todo, justificar todo y postergar todo. Y cuando eso ocurre, el mensaje implícito es peligroso: que los derechos humanos pueden esperar hasta que se resuelvan “los temas importantes”.
No. Los derechos humanos son los temas importantes.
Uno de los ejes más visibles en estos primeros 100 días ha sido la ofensiva contra exautoridades del MAS bajo la bandera de la lucha anticorrupción. Investigar posibles delitos no solo es legítimo; es una obligación estatal. El problema aparece cuando esa obligación se ejecuta con un tono de escarmiento político, más preocupado por producir titulares que por sostener procesos impecables.
Ahí está la línea roja.
Si el gobierno convierte la justicia en escenario de revancha, aunque sea contra adversarios poderosos y desgastados, no estará saneando el Estado: estará reproduciendo el mismo patrón que antes criticó. Cambiarán los nombres, pero no la lógica de abuso.
Un gobierno que dice inaugurar una nueva etapa tiene que demostrar algo más difícil que castigar al pasado: respetar el debido proceso incluso cuando le resulta políticamente incómodo.
Eso es Estado de derecho. Lo demás es propaganda punitiva.
Por otro lado, la controversia por el retiro de señales como TeleSUR y RT de servicios estatales no debería analizarse en clave de simpatías ideológicas. Ese enfoque es una trampa. Hoy se celebra la exclusión de un medio por considerarlo propagandístico; mañana se usa la misma lógica para silenciar una voz incómoda.
El problema de fondo no es qué medio gusta más o menos. El problema es que cuando el Estado decide restringir acceso a contenidos sin transparencia, sin criterios públicos y sin rendición de cuentas, se debilita el pluralismo informativo.
Y eso, en un país polarizado, no es un detalle técnico: es una señal política.
El gobierno de Rodrigo Paz tiene derecho a ordenar, revisar y reformar. Lo que no tiene derecho es a actuar como si la pluralidad informativa fuera una concesión del Ejecutivo. Si de verdad quiere diferenciarse de prácticas autoritarias, debe empezar por lo básico: reglas claras, decisiones explicadas y tolerancia a la disidencia.
La crisis económica ha encendido protestas y conflictividad. Era esperable. Lo que no debería ser esperable, pero en Bolivia demasiadas veces lo es, es que el Estado responda con la vieja fórmula: descalificar, contener, reprimir y luego justificar.
Cada vez que un gobierno recurre con ligereza al uso de la fuerza frente a la protesta social, envía una señal de fondo: que considera la demanda social como una amenaza antes que como un síntoma político.
Y eso revela más sobre la calidad democrática del gobierno que cualquier discurso presidencial.
El derecho a la protesta no desaparece porque el contexto sea difícil. Al contrario: en tiempos de crisis, se vuelve aún más esencial. Si el nuevo gobierno cae en la tentación de administrar el conflicto con gas y estigmatización, estará repitiendo el manual que prometió superar.
Para los pueblos indígenas y ambiente: el “desarrollo” no puede seguir pasando por encima de derechos. Aquí está una de las pruebas más duras, y más reveladoras, para cualquier gobierno boliviano. Durante años, distintos gobiernos han usado un lenguaje progresista mientras, en la práctica, debilitaban la consulta previa, relativizaban los derechos territoriales y trataban a los pueblos indígenas como actores a gestionar, no como sujetos de derecho.
Los primeros 100 días de Rodrigo Paz no han despejado esa sospecha. Al contrario, la discusión en torno a medidas y decretos cuestionados por organizaciones indígenas y ambientales mostró que la pulsión verticalista sigue viva: se decide primero, se consulta después, y se corrige solo cuando estalla el conflicto.
Eso no es gobernar con derechos. Eso es administrar costos políticos.
Bolivia no puede seguir sosteniendo una democracia intercultural en el papel mientras en la práctica margina a quienes más invoca en su retórica constitucional. Sin consulta real, sin información oportuna y sin respeto efectivo a los territorios, no hay desarrollo legítimo: hay imposición.
En tal sentido, mientras el debate público gira alrededor de disputas de alto voltaje político, hay dos crisis que siguen siendo tratadas como asuntos secundarios: la violencia contra mujeres y niñas, y el colapso del sistema penitenciario.
Esa jerarquía de prioridades dice mucho.
Cada feminicidio que ocurre en un sistema que ya sabía que fallaba es también una forma de responsabilidad estatal. Cada caso acumulado sin atención, cada institución sin recursos, cada promesa sin presupuesto es una evidencia de que la indignación oficial suele durar menos que el ciclo mediático.
Lo mismo pasa con las cárceles: hacinamiento extremo, abuso de detención preventiva, condiciones indignas, lentitud judicial. No son “problemas heredados” en abstracto; son violaciones persistentes que cualquier nuevo gobierno está obligado a enfrentar desde el primer día. No hacerlo con decisión también es una decisión.
Del mismo modo, en Bolivia lleva demasiado tiempo atrapada en una lógica perversa: los derechos humanos se defienden con fervor cuando sirven para cuestionar al adversario y se relativizan cuando incomodan al propio gobierno.
Ese doble estándar ha erosionado la credibilidad de actores políticos, instituciones e incluso de parte del debate público. Y si el gobierno de Rodrigo Paz cae en esa misma práctica, habrá desperdiciado la oportunidad histórica de marcar una diferencia real.
Porque el cambio no se mide solo por quién ocupa el Palacio. Se mide por cómo se ejerce el poder.
El gobierno todavía está a tiempo de corregir rumbos. Cien días no definen un mandato completo, pero sí revelan prioridades, reflejos y límites éticos. Y lo que se ha visto hasta ahora obliga a una advertencia clara: si el discurso del cambio no viene acompañado de garantías, transparencia y respeto al disenso, el cambio será apenas cosmético.
Bolivia no necesita una nueva administración del poder con mejores modales. Necesita un gobierno que entienda que los derechos humanos no son un estorbo para gobernar, sino el único límite legítimo del poder.
Y ese examen, el más importante de todos, ya empezó.