En menos de un mes, el gobierno de Delcy Rodríguez evaluó y aprobó un proyecto para que se inicien las obras
Imágenes de la remodelación del Helicoide
(con información de AFP y EFE)
Fuente: infobae.com
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El gobierno de Venezuela informó el lunes el inicio de la remodelación de la temida cárcel Helicoide, considerada un lugar de torturas, para convertirla en un centro social luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó su cierre.
“Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto. Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería, y hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución”, dijo en un video difundido en X el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez.
“Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez”, agregó, sin ofrecer más detalles de este proyecto que ya empezó la fase de ejecución.
A través de un video publicado en Instagram, el Ministerio de Comunicación anunció el comienzo de los trabajos para que los espacios de esta cárcel se conviertan en un “centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”.
El centro de detención Helicoide se encuentra entre casas. REUTERS/Maxwell Briceno
El pasado 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, que fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento, controlado por el chavismo.
La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana.
El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La sede ha sido señalada como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firma el documento junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.
La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.
El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que todos cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.
Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.