El abogado del alcalde considera que la justicia “reevaluará” la situación jurídica de Jhonny Fernández y asegura que la Fiscalía se equivocó al ordenar su aprehensión
Fuente: eldeber.com.bo
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La Fiscalía presentó imputación formal contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, y solicitó su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, en el marco del denominado caso pavimento. La defensa rechazó el pedido y denunció incongruencias en los argumentos fiscales.
Según la imputación, a la que tuvo acceso EL DEBER, el Ministerio Público sustenta su solicitud en observaciones técnicas a obras de pavimentación en la capital cruceña. No obstante, el abogado del alcalde, Fabio Jofré, afirmó que el informe preliminar de la Contraloría General del Estado no establece daño económico ni indicios de responsabilidad penal, y que las obras cuestionadas existen y están en ejecución o concluidas.
“Se tiene la existencia de elementos de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe y existen los suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, señala partes fundamentales de la imputación presentada.
Según el informe del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, la investigación se origina en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el entonces concejal Manuel Saavedra, sustentada en un informe preliminar de auditoría operacional de la Contraloría General del Estado, que habría detectado falencias e irregularidades en la ejecución y administración de obras viales financiadas con recursos públicos. La auditoría observó discrepancias tras la revisión de estudios de diseño, contratos, órdenes de cambio, planillas de avance e informes de supervisión.
Zeballos detalló que, como parte de los actos investigativos, se realizaron registros y secuestros de documentación en la Secretaría Municipal de Obras Públicas, además de inspecciones técnicas oculares en tramos intervenidos, donde —según la Fiscalía— se identificaron anomalías que deberán ser corroboradas con pericias especializadas en ingeniería civil para cuantificar un eventual daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
“Contamos con indicios racionales que permiten sostener la existencia del hecho y la probable participación del investigado. Por ello, la Fiscalía pondrá a disposición de la autoridad jurisdiccional al imputado y requerirá la medida excepcional de detención preventiva, considerando riesgos de fuga y de obstaculización”, señaló el fiscal
Por su parte, el abogado Fabio Jofré explicó que la auditoría evaluó criterios de eficacia y grados de avance, y que las diferencias detectadas fueron instrumentales —por el uso de odómetros vehiculares—, lo que habría generado inexactitudes sin correlato en daño al Estado. Añadió que una inspección ocular reciente constató tramos pavimentados en al menos cuatro obras observadas, y que la única irregularidad mencionada fue la presencia de tres postes en una calzada, además de desgaste natural por uso.
La defensa también negó riesgos procesales, al señalar que Fernández es la máxima autoridad municipal, con domicilio y trabajo conocidos, por lo que anticipó que solicitarán medidas sustitutivas y su libertad en la audiencia cautelar. Sobre la salud del alcalde, indicó que fue internado por influenza y enfermedades de base, y que la audiencia podría realizarse de forma virtual o en un centro médico, conforme a ley. La Fiscalía, por su parte, informó que el IDIF determinó que Fernández se encuentra estable y apto para afrontar el proceso.
La audiencia de medidas cautelares fue fijada para las 13:30 del jueves 26 de febrero. Mientras tanto, el caso continúa en fase investigativa, con pericias técnicas pendientes que —según la Fiscalía— permitirán cuantificar un eventual daño; extremo que la defensa descarta y atribuye a una motivación política detrás de la denuncia.