El exfuncionario se abstuvo a declarar y se espera que la Fiscalía emita una imputación y se desarrolle la audiencia de medidas cautelares, en la que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva.
Fuente: ANF
Desde el pago de sueldos a una gerencia cerrada hasta el alquiler de maquinaria son parte de al menos seis hechos de supuesta corrupción que detectó la Fiscalía en la estatal Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), con un supuesto daño económico de 101 millones de bolivianos.
La fiscal Magaly Bustamante dijo este jueves que el exgerente general de B-Agro Ramiro Villarpando, que fue detenido el miércoles y condujo la empresa en las gestiones 2022 y 2024, está acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica a instancias de la denuncia del Ministerio de Desarrollo Productivo.
El exfuncionario se abstuvo a declarar y se espera que la Fiscalía emita una imputación y se desarrolle la audiencia de medidas cautelares, en la que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva.
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El 20 de abril de 2022 el gobierno de Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4701 para crear B-Agro, con un patrimonio de 140 millones de bolivianos. El objetivo era la compra de semilla y almacenamiento de productos agropecuarios para garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, la empresa operó con varias supuestas irregularidades.
De acuerdo a la investigación, por ejemplo, la Gerencia Pecuaria de B-Agro fue cerrada en abril de 2024. A pesar de esa situación, el responsable de esa repartición continuó percibiendo sus salarios de 17.000 bolivianos hasta diciembre de esa gestión.
De acuerdo a una auditoría, según la fiscal, se registraron gastos por 24 millones de bolivianos en una gestión, cuando los ingresos que percibía la empresa eran de 13 millones de bolivianos, una situación que consideró una “incongruencia” a investigarse.
También se reportaron contrataciones innecesarias. La fiscal indicó que se adjudicaron contratos para el alquiler de terrenos para la siembra de grano, sin tomar en cuenta que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) había dotado a la empresa de eso predios.
Entre otras irregularidades, también se señalan el alquiler de maquinarias y contratación de personal innecesario cuando la empresa estatal tenía insumos y equipo pesado, que se encontraba en Santa Cruz.
En ese sentido, Bustamante dijo que se registraron cuentas por pagar a corto y largo plazo, incluyendo deudas por la devolución de anticipos a los proveedores que se adjudicaron los contratos.
Finalmente, se detectó la existencia de sueldos y salarios devengados en la gestión pasada.
La fiscal indicó que existen siete investigados, entre ellos los tres exministros de Desarrollo Rural y Tierras: Remmy Gonzales (abril 2021 – marzo de 2024), Santos Condori (marzo y agosto de 2024) y Yamil Flores (agosto 2024 – noviembre 2025).