Las regalías bajaron un 30% esta gestión. La administración central registra un déficit mensual de al menos Bs 3 millones para cubrir sueldos y salarios en la Gobernación de Tarija y sus unidades descentralizadas.
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La Gobernación de Tarija determinó paralizar este año las licitaciones de programas y proyectos sociales debido a la reducción de sus ingresos económicos, principalmente por regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que en la pasada gestión registraron una caída de hasta el 30%.
La medida busca evitar comprometer recursos que actualmente no existen y dejar en manos de las nuevas autoridades departamentales la definición sobre la continuidad o el cierre de estos programas en el departamento.
El gobernador Oscar Montes explicó que la administración central no cuenta con presupuesto suficiente para licitar programas sociales como el Programa Solidario Comunal (Prosol), las canastas alimentarias para personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de los proyectos concurrentes con los municipios financiados a través de la transferencia del 1% de regalías.
Según la autoridad, para la gestión 2025 el Gobierno central fijó un techo presupuestario de Bs 373 millones por concepto de regalías petroleras; sin embargo, solo se transfirieron Bs 254 millones, lo que generó un importante desfase económico que afecta el pago de salarios, gastos de funcionamiento y la ejecución de programas y proyectos sociales.
Montes señaló que la paralización de licitaciones es una medida preventiva para no heredar problemas financieros a las autoridades que asumirán funciones a partir del mes de mayo. Remarcó que será el nuevo Ejecutivo departamental el que deba definir si estos programas continúan o se cierran de manera definitiva, tomando en cuenta que demandan una inversión superior a los Bs 30 millones.
Por su parte, el secretario de Economía y Finanzas Públicas de la Gobernación, Erick Montaño, informó que los desembolsos por regalías correspondientes al mes pasado alcanzaron los Bs 17,5 millones. De ese monto, Bs 9,5 millones se destinaron al pago de deudas por créditos y fideicomisos, Bs 3,5 millones a obligaciones de proyectos de gestiones anteriores y el saldo a gastos de funcionamiento.
Las autoridades departamentales advirtieron que, debido a este desfase financiero, la Gobernación arrastra una deuda por salarios impagos que alcanza los Bs 3 millones. Además, se requiere un presupuesto mensual superior a los Bs 8 millones para cubrir los gastos de funcionamiento de la administración central, la Asamblea Legislativa Departamental y las unidades descentralizadas.
Ante este escenario, desde la Gobernación plantean al Gobierno nacional la reprogramación de créditos y fideicomisos —que en conjunto superan los Bs 500 millones—, la anulación de al menos 90 leyes departamentales y la priorización de la venta de gas a mercados internacionales, con el objetivo de generar mayores ingresos para gobernaciones, municipios y universidades.
Cívicos exigen al Gobierno cumplir agenda regional
Las instituciones cívicas del departamento de Tarija exigieron al Gobierno nacional del presidente Rodrigo Paz el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la región para la ejecución de 12 proyectos estratégicos, compromisos asumidos durante la campaña electoral previa a las elecciones nacionales.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, recordó que la agenda regional incluye la conclusión del proyecto de ampliación y equipamiento del aeropuerto Oriel Lea Plaza, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, el equipamiento del Hospital Oncológico y la integración al Corredor Bioceánico.
También figuran la conclusión y asfaltado de la carretera Tarija–Gran Chaco, la construcción del túnel del Aguaragüe, el dragado y cambio de la tubería de la matriz principal que alimenta al lago San Jacinto, el proyecto hidroeléctrico Carrizal y la conciliación de cuentas con el departamento.
A estos compromisos se suman nuevos proyectos de exploración hidrocarburífera en territorio tarijeño, el control de la contaminación de los ríos Pilcomayo y San Juan del Oro, el pacto fiscal y la dotación de ítems de salud, educación y Policía para cubrir el déficit histórico que enfrenta el departamento.