Además del caso pavimento, enfrenta otras seis causas en las que fue imputado, pero que están sin movimiento procesal. La Alcaldía cruceña acumula una deuda superior a los Bs 2.200 millones
Deisy Ortiz y Guider Arancibia
Fuente: El Deber
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, atraviesa el momento más crítico de su carrera política. En la recta final de su gestión cumple detención preventiva por 100 días en el penal de Palmasola, en el marco del denominado caso ‘Pavimento’, pero además enfrenta otros seis procesos penales en su contra y fuertes cuestionamientos a su administración por la crisis financiera municipal y las deudas.
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El proceso por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el caso ‘Pavimento’ complicó la situación del burgomaestre de la ciudad, en medio de observaciones por el abandono de la ciudad y reclamos de los contratistas por obligaciones impagas. La situación ha puesto bajo la lupa la gestión municipal.
Aunque es la primera vez que el alcalde se encuentra detenido, en los juzgados del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz cursan al menos siete procesos penales vigentes en los que fue formalmente imputado. La mayoría de estas causas continúan activas, pero sin movimiento procesal, a excepción del caso más reciente, iniciado el 15 de diciembre de 2025, que derivó en su detención preventiva.
El 15 de marzo de 2001, el alcalde figura registrado por la Fiscalía como imputado por el delito de estafa, pero esta causa se encuentra actualmente sin movimiento.
Posteriormente, el 31 de octubre de 2018, la Fiscalía lo imputó por incumplimiento de deberes, proceso en el que también figuran otras 11 personas.
El 25 de septiembre de 2019 fue imputado por conducción peligrosa de vehículos, mientras que el 6 de febrero de 2020 volvió a ser imputado, esta vez por difamación y calumnia en un proceso de acción penal privada en el que también aparecen otras tres personas.
Más recientemente, el 14 de marzo de 2024, el Ministerio Público lo imputó por desobediencia a resoluciones en acciones de cumplimiento, caso en el que también fueron procesadas otras tres personas.
El 1 de noviembre de 2025, el Ministerio Público presentó una nueva imputación en su contra por desobediencia a la autoridad.
En esta causa también figuran otras cuatro personas, entre ellas funcionarios municipales. Al igual que los procesos anteriores, esta investigación se mantiene vigente, aunque sin actividad procesal.
Este conjunto de causas judiciales configura un complejo panorama legal para la autoridad municipal, que ahora enfrenta su situación más delicada tras la decisión judicial que ordenó su detención preventiva en el marco del denominado caso pavimento.
Por este proceso también es procesado el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna.
La deuda
De acuerdo con los estados financieros, la comuna acumula una deuda superior a los Bs 2.200 millones, cifra que compromete los recursos de la nueva gestión municipal. Este monto equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto municipal anual, que alcanza los Bs 4.700 millones.
Los informes financieros reflejan que entre 2021 y 2024 la deuda pública creció de Bs 1.128 millones a Bs 1.619 millones, lo que representa un incremento del 38%.
A ello se suma la denominada deuda flotante correspondiente a 2025 (recursos comprometidos en el POA 2026), que asciende a Bs 648 millones.
Un análisis del economista y concejal José Alberti señala que la deuda pública pasó de Bs 997,77 millones en 2020 a Bs 1.618 millones en 2024, lo que muestra un crecimiento sostenido.
En cuanto a la deuda externa, en 2024 alcanzaba los Bs 1.326 millones, correspondientes a obligaciones con entidades financieras y organismos internacionales.
Uno de los sectores que constantemente demanda el pago de deudas es el de la construcción.
La Sociedad de Ingenieros no descarta iniciar un proceso para exigir el pago de Bs 500 millones a la comuna. Denuncian que, en cada intento de conciliación, la comuna asume plazos que finalmente no se cumplen.
De igual forma, se registra una caída en los ingresos propios del municipio. Mientras en 2024 estos ascendían a Bs 2.104.355.867, en 2025 cayeron a Bs 1.801.855.879.
El concejal Alberti advierte que la crisis de liquidez del Gobierno Municipal es estructural, debido a la amplia brecha entre ingresos y gastos. “Se va a necesitar un plan financiero serio para el próximo alcalde para salir de esta crisis de liquidez estructural”, afirmó.
Señala que los índices de endeudamiento son altos. “Johnny Fernández se ha endeudado más, pero no hemos visto grandes obras, excepto la del cuarto anillo y Virgen de Cotoca”, critica.
Alberti afirma que también preocupa la deuda flotante, que son compromisos contraídos en la gestión 2025, pero que están comprometidos en el presupuesto de esta gestión.
Frente a esta situación, cree que una de las primeras acciones para las nuevas autoridades que se elijan el 22 de marzo será corregir la manipulación informática que se ha denunciado y sanear las finanzas de la comuna.
“Necesitamos un nuevo sistema de recaudo tributario para que no haya posibilidades de manipulación”, sostiene.
Asimismo, resalta que es indispensable reducir el gasto corriente y que para ello se debe revisar partida por partida, entre ellas la de recursos humanos.
“Hay que hacer un estudio de organización y sistemas”, enfatizó, porque se ha incrementado el número de funcionarios.
La Alcaldía
Las autoridades municipales han reconocido la deuda, indicando que el pago se realiza de acuerdo con los ingresos y los cronogramas establecidos.
El asesor jurídico de la Alcaldía, Erwin Tapia, quien está como vocero desde la detención del alcalde, indicó que Fernández sigue ejerciendo funciones desde el recinto carcelario.
Sobre el tema de las deudas, manifestó que está en manos de la Secretaría de Administración y Finanzas, a cargo de Delia Sabina Santos. La funcionaria fue abordada por EL DEBER durante la reunión de gabinete el viernes, pero evitó referirse al tema.
Sin embargo, antes de su detención, el alcalde Fernández manifestó en varias oportunidades que el Gobierno Municipal enfrenta una dura crisis debido a los recortes en las asignaciones presupuestarias.
Reconoció que la Alcaldía no puede cumplir al 100% con sus obligaciones debido a la disminución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que obliga a redistribuir fondos para cubrir educación, seguridad ciudadana y otras competencias que se ven afectadas por estos recortes.
Sobre el funcionamiento del municipio en estos momentos, Tapia aseguró que antes de la audiencia cautelar Fernández dejó instrucciones a su gabinete para dar continuidad al trabajo durante esta semana; además, de ser necesario, coordinaron llevarle la documentación hasta el recinto carcelario de forma periódica.
Detalló que el Gobierno Municipal no es una persona, sino una institución conformada por el alcalde y su gabinete, entre directores, secretarios y todo el plantel administrativo, razón por la cual la función de cada uno seguirá siendo la misma.
“La ley es clara. El impedimento provisional del alcalde no genera su suspensión (…) y el gabinete, que es su brazo operativo, va a seguir trabajando de acuerdo con las instrucciones del alcalde. La detención preventiva no le quita su derecho ni político ni particular; la única diferencia es que él está detenido, pero eso no significa que todos sus derechos se le hayan quitado.
Él sigue siendo alcalde de la ciudad y nosotros seguimos siendo su gabinete”, insistió.
Con respecto a los procesos que enfrenta el burgomaestre, señaló que la defensa está en manos de sus abogados particulares.
Fuente: El Deber