La UCB presentó un texto académico que expone los “errores” del Tribunal Constitucional al interpretar el Pacto de San José y la salida “definitiva” del poder de Evo Morales cuando pidió asilo en México.
Fuente: eldeber.com.bo
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Han tenido que transcurrir siete años para que la Iglesia, a través de tres investigadores de la Universidad Católica Boliviana (UCB), exponga al menos dos elementos jurídicos que respaldan que en 2019 se produjo una crisis política y una sucesión constitucional tras la renuncia y salida del país de Evo Morales y Álvaro García Linera. Estos criterios emergen en un contexto en el que “los vientos políticos en Bolivia cambiaron con la salida del MAS del poder político del país”.
Estos argumentos están plasmados en ‘La crisis constitucional boliviana de 2019; elementos para su análisis jurídico’, un libro de Tatiana Fernández, Bernardo Pacheco y Gonzalo Gálvez. En la obra, los investigadores identifican dos aspectos centrales. El primero apunta a lo que califican como un “grave error” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por haberse atribuido la potestad de interpretar un tratado internacional multilateral —el Pacto de San José de Costa Rica— en favor del derecho político a ser reelegido y anteponerlo a la propia Constitución Política del Estado (CPE). El segundo sostiene que la renuncia de Morales, su salida del país y la concesión de asilo político permanente en México configuraron un vacío de poder de carácter definitivo.
Las raíces de la crisis
Los autores sitúan el origen del conflicto político en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, cuando más del 51% de la población rechazó la modificación del artículo 168 de la CPE para habilitar “por una sola vez” la reelección presidencial. Pero en 2017 el TCP emitió la Sentencia Constitucional 0084/2017, que validó la reelección indefinida bajo el argumento de que el Pacto de San José, en materia de derechos políticos, primaba sobre la CPE.
“Se trata de un error gravísimo. El TCP no tiene competencia para interpretar de manera unilateral un tratado internacional multilateral y mucho menos para declarar inaplicable una norma constitucional que está llamado a proteger”, afirmó Gonzalo Gálvez. Según explicó, la instancia competente para interpretar el Pacto de San José es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), mediante mecanismos como la opinión consultiva.
Asilo y ausencia definitiva
El segundo elemento jurídico se centra en la actuación de Evo Morales tras su renuncia, el 10 de noviembre de 2019. Un día después, él y el entonces vicepresidente Álvaro García Linera solicitaron asilo a México y posteriormente abandonaron el país desde el aeropuerto de Chimoré, en medio de una profunda convulsión social.
Gálvez sostiene que la concesión de asilo político implica la adquisición de una residencia permanente o indefinida. “No podía considerarse una ausencia temporal ni un viaje en misión oficial. Al adquirir residencia permanente en otro país bajo la figura del asilo político, se configuró jurídicamente una ausencia definitiva”, afirmó.
A partir de ese razonamiento, los autores argumentan que Morales y García Linera abandonaron definitivamente sus funciones. A ello se sumaron las renuncias de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; y luego del primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinacelli. Esto dejó la línea sucesoria en manos de quien era la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia del Senado y posteriormente la jefatura del Estado.
“Luego de la cadena de renuncias del oficialismo (MAS), la asunción de Jeanine Áñez era la única opción constitucional viable”, citan los autores. Añaden que no era necesaria una ley específica del Legislativo ni actos protocolares adicionales, en virtud de la jurisprudencia establecida en la Declaración Constitucional 003/2001 del TCP.
Las posturas
El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pessoa, explicó a EL DEBER que la Iglesia ratificó la postura expresada en su informe de 2021. “En ningún momento fue un golpe de Estado. Fue el abandono del poder y había que dar una solución. La Conferencia Episcopal facilitó el diálogo para pacificar el país”, sostuvo el prelado.
Por su parte, Tatiana Fernández subrayó que la obra mantiene el rigor científico propio de una investigación académica y ofrece un análisis jurídico distante del “apego emocional a los hechos”, con el objetivo de aportar elementos fácticos sobre los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019.
El exsenador y actual rector de la UCB en Santa Cruz, Óscar Ortiz, quien participó en las mesas de diálogo de ese año, destacó el papel de la Iglesia Católica, que promovió —junto a Naciones Unidas, la Unión Europea, la Embajada de España y fuerzas políticas— un proceso de diálogo que, según afirmó, “evitó que el país cayera en una confrontación que pudo derivar en una guerra civil catastrófica”. En 2019, en las ciudades de La Paz y Cochabamba hubo tomas violentas y destrucción de edificios públicos, así como de viviendas.
El texto de la UCB se presentó en el contexto del décimo aniversario del 21F y en un momento en el que el país se encamina hacia un nuevo proceso político.