El vicepresidente Edmand Lara pidió disculpas en la sesión de ALP. Lo hizo después de haber sostenido, en anteriores declaraciones públicas, que diputados y senadores eran “delincuentes”, que “vendían sus votos” y que respondían a intereses oscuros antes que al mandato popular. Expresiones de ese calibre no son simples exabruptos: constituyen una ofensa sin precedentes contra el Órgano Legislativo y contra la institucionalidad democrática.
Como exparlamentario, no puedo guardar silencio.
No se trata de susceptibilidades personales. Se trata del respeto entre órganos del Estado y del equilibrio democrático. Cuando quien ejerce la Vicepresidencia —y preside el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional— acusa a los legisladores de ser delincuentes o mercaderes de su voto, no está lanzando una crítica política: está minando la legitimidad de la representación popular.
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Pero una autoridad de esa estatura no se disculpa como quien corrige una frase doméstica. Puede disculparse ante su familia por el exceso verbal. Pero ante el hemiciclo, ante la historia institucional del país, una disculpa resulta apenas anecdótica.
Porque aquí no hubo un malentendido. Hubo agresión.
Hubo descalificación generalizada.
Y cuando una autoridad comete un exceso de esa magnitud, no basta una disculpa “de dientes para afuera”. Corresponde asumir responsabilidad política.
La reparación del daño no es simbólica; es institucional. ¿Cuáles son entonces las opciones reales para reparar el daño ocasionado?
- Rectificación formal y específica: No basta un “si alguien se sintió ofendido”. Debe existir una retractación expresa de las acusaciones, reconociendo que no existen pruebas que sustenten semejante generalización.
- Comparecencia ante el pleno: Explicar en el hemiciclo los fundamentos de sus declaraciones y asumir las consecuencias políticas de haber agraviado a la institución que preside.
- Impulso a mecanismos de transparencia: Si su denuncia apuntaba a la corrupción, entonces corresponde proponer instrumentos concretos para combatirla, en vez de descalificar indiscriminadamente.
- Sometimiento al control político: La democracia prevé mecanismos de fiscalización. Si se excedió, que el propio Legislativo determine responsabilidades.
La reparación extrema, por supuesto, sería la renuncia. No necesariamente es el escenario inmediato ni el objetivo del debate, pero sí representa el estándar máximo cuando una autoridad compromete gravemente la institucionalidad que debe resguardar.
El punto central es este: la palabra de un vicepresidente no es un comentario de sobremesa. Tiene peso constitucional, impacto político y consecuencias institucionales. No puede banalizarse el agravio con una disculpa tardía.
En democracia, el respeto entre poderes no es cortesía: es obligación.
Y cuando se rompe, la reparación no es retórica. Es responsabilidad.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional.