Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posesión de garante, con el objetivo de dotar a las personas de una justicia independiente e imparcial, es escuchar el clamor de la población y de las instituciones vinculadas a la justicia para cumplir en tiempo oportuno con la reforma judicial integral y transversal, como han repetido en diversas oportunidades los doctrinarios e instituciones de la sociedad civil.
La sociedad considera que el modelo de elección para magistrados en tres periodos desde la vigencia de la Constitución de 2009, es como un volcán irruptor de gases contaminantes, con la diferencia que desde los órganos judiciales no es el ecosistema el que sufre las consecuencias, sino las personas, por la corrupción ascendente en la administración de justicia. El reclamo unísono es reforma judicial y, no como se pretende encaminar, volver a la lava de la corrupción programando elecciones parciales para el 30 de junio de 2026.
A esta altura de la crisis por más de veinte años de la justicia boliviana, inadmisible resulta que los políticos sigan prestando sus oídos solo cuando precisan del voto para ocupar un curul y padezcan de amnesia cuando se les recuerda de sus compromisos y responsabilidades.
En el Estado de derecho-la justicia en el mundo y en la región, estamos en terapia intensiva, al calificar como frágiles y vulnerables la institucionalidad democrática; el narcotráfico ha secuestrado la soberanía nacional en el Chapare y el prófugo de la justicia, expresidente de Bolivia, con mandamiento de aprehensión hace política con todos los privilegios de las MAES institucionales del Estado en la nueva administración de 100 días; hay jueces narcos como jueces corruptos; se expanden los consorcios de jueces, fiscales, abogados y policías; la institucionalidad de jueces por decisión en Salas Mixtas de magistrados autoprorrogados (TCP, TSJ) está pendiente de auditorías; el 68% de demandas son contra jueces y vocales constitucionales; hay más de 18.000 causas pendientes de resolución en el TCP; la cobertura judicial apenas llega al 50% en el país; los estereotipos de género utilizados por jueces para cuestionar a víctimas de violación sexual y, últimamente, se está practicando la reversión de las partes en el proceso verbigracia caso FONDIOC., en la que el demandante Eduardo León aparece como demandado situación grotesca y abusiva, presuntamente para encubrir los delitos cometidos por Luís Arce Catacora, Evo Morales, Nemesia Achacolla, Melby Hurtado y otros dirigentes afines al MAS. Todo este conjunto de elementos es para desterrar el modelo de justicia, y no para perpetuarlo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
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Es de esperar qué en las elecciones subnacionales, de la tradicional política criolla, se pase a propuestas, planes y programas que apunten al desarrollo de las regiones, sobre todo si se pretende ampliar las competencias autonómicas, seleccionando vocales, jueces, fiscales y defensores desde la interna de los Gobiernos Autónomos en base a la conformación de Comisiones Departamentales encargadas del proceso de elección, con carácter vinculante.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley 022/2025-2026 en 14 de enero de 2026, con el objetivo de restituir la institucionalidad democrática en el país y evitar nuevas prórrogas en el ejercicio de magistrados cumplido que sea su mandato.
El proyecto en forma central, se inclina por un régimen transitorio para el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El carácter transitorio consiste en que el TCP funcione con 4 magistrados electos que fueron elegidos el 15 de diciembre de 2024 y posesionados el 3 de enero de 2025, garantizando el funcionamiento legal y regular en Sala Plena y de la Comisión de Admisión referente a sus atribuciones que le señala el art. 202 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, se prevé que el Tribunal Supremo de Justicia continuará administrando justicia con 7 magistrados. Este último órgano cuenta con dos tercios de votos, lo que supone que no hay mayor problema en la mora procesal. La desprotección del Estado se da con relación al TSJ al tener solo 1203 jueces y lo ideal sería contar por lo menos con 2.000 jueces y 1.000 fiscales.
Con relación al cumplimiento de mandato de magistrados al cabo de los seis años de ejercicio, implica cese de funciones “ipso iure” y, por la taxatividad de la norma constitucional, se entiende que no necesariamente exige un desarrollo legislativo que prohíba la auto prórroga, si el periodo de desempeño viene determinado por el constituyente con total claridad en el Art. 183.I y II CPE. Pero, como la Comisión de Constitución ha introducido la prohibición de extensión de mandato para todos los Órganos ordinario y del Órgano Constitucional, la medida adopta una finalidad positiva, parcialmente.
Finalmente, el proyecto de la Ley 022/2025-2026 al fijar elecciones el 30 de junio para magistrados del TSJ para los departamentos de Beni y Pando y magistrados del TCP para los departamentos de Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, en cierta manera menoscaba la preservación y seguridad de los atributos y derechos fundamentales de las personas, que no pueden ser deslegitimados o vulnerados en forma sistemática por la continuidad operativa de un modelo que: Ilegalmente, ha ampliado la postulación y mandato presidencial como derecho humano (SCP 0084/2017 de 27-11-17), ha llevado a más de 300 personas a la cárcel por el solo hecho de pensar y tener una doctrina diferente al partido de gobierno, y que ha exiliado a más de 2.000 bolivianos, varios de ellos sin retorno a la Patria, por efecto de sentencias en procesos abreviados (culpa presionada) y procesos en rebeldía.
Entre la gama de medidas que se consideran urgentes para garantizar buenos tribunales que den certidumbre de independencia e igualdad en las decisiones judiciales en casos similares, y prevenir que los hechos no queden impunes, debe figurar con relevancia la -agenda y debate de la reforma judicial- con el reconocimiento de una Comisión Nacional encargada de evaluar y seleccionar a los magistrados de la justicia boliviana, con ternas vinculantes para la ALP, como ha propuesto inicialmente el maestro José Antonio Rivera Santivañez y actualmente profundizada y enriquecida por la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC).
El profesor Javier Pérez Royo dice: “Como están cerradas las vías de reforma, nos adentramos en la senda del estancamiento como antesala de la descomposición”. Esto debe hacer reflexionar a senadores y diputados y a todas las instituciones del Estado y la sociedad civil para ingresar a la renovación total de la justicia.
Pedro Gareca Perales